La modificación abre la puerta a que empresas que hayan contaminado la laguna salada puedan reciban ayudas sin tener que esperar dos años
José Ángel Antelo (d) charla con Joaquín Segado en la Asamblea en una imagen de archivo. / Iván J. Urquízar
La Proposición de Ley de modificación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor del Partido Popular verá la luz la próxima semana en la Asamblea Regional. Se votará el miércoles, día en el que termina el plazo para su debate, y saldrá adelante, según ha podido saber esta Redacción, con el apoyo de los diputados del Grupo Mixto José Ángel Antelo y Virginia Martínez.
Ayer, precisamente, estos dos parlamentarios se reunían con la Fundación Ingenio para abordar la situación que atraviesan agricultores y ganaderos y trasladarles su compromiso de seguir «presionando al Partido Popular» para que se apruebe definitivamente la reforma. De hecho, el propio Antelo recordó que existe un acuerdo entre el Partido Popular, Virginia Martínez y él mismo para sacar adelante esta reforma, por lo que su exigencia de que el PP «cumpla su palabra y deje de retrasar una modificación que el campo de la Región de Murcia necesita» parece haber sido escuchada.
El PP volvió a registrar su proposición de ley en febrero para añadir una condición de Antelo cuando aún estaba en Vox
La reforma de la normativa que registró a finales de 2025 el PP respondía al acuerdo de Presupuestos de 2025 firmado con Vox en julio de ese año, partido que entonces estaba presidido por José Ángel Antelo, ahora portavoz del Grupo Mixto, donde acabó tras una grave crisis interna en la formación de Santiago Abascal.
Uno de los puntos más polémicos está en la modificación de una palabra del artículo 83.4 que regula la pérdida del derecho al acceso de ayudas o subvenciones de la Comunidad. Ese punto dice que la comisión de infracciones graves o muy graves «conllevará» la pérdida del derecho a obtener cualquier tipo de ayuda o subvención de la Comunidad durante el plazo de dos años. En la reforma se sustituye la palabra «conllevarán» por «podrán conllevar». Es decir, abre la puerta a que empresas condenadas por infracciones graves o muy graves puedan seguir recibiendo ayudas públicas sin esperar dos años, siendo la Administración la que decida si impone o no esa sanción.
Por otra parte, la reforma sustituye el régimen sancionador autonómico sobre nitratos por el estatal. Con posterioridad a la entrada en vigor de la ley en 2020, se aprobó una legislación por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas. Esta norma estatal estableció un régimen sancionador en materia de uso sostenible de nutrientes en los suelos agrícolas que establece un marco general de aplicación en todo el territorio nacional. La modificación elimina la disposición adicional cuarta de la Ley del Mar Menor, que contiene su propio catálogo de infracciones y sanciones por contaminación por nitratos, y remite directamente al artículo 27 de la Ley estatal 30/2022.
Comparación directa entre la Ley del Mar Menor vigente y lo que propone cambiar el PP. / L. O.
Esto tiene consecuencias prácticas. Actualmente, la ley murciana establece multas de 2.000 a 5.000 euros para infracciones leves, de 5.001 a 50.000 para graves y de 50.001 a 500.000 para muy graves. El régimen estatal al que quiere remitirse la reforma fija 600 a 1.000 euros —o incluso apercibimiento— para las leves; 1.001 a 30.000 para las graves; y 30.001 a 500.000 para las muy graves. Por tanto, sí hay una rebaja de las horquillas sancionadoras.
«No tiene ningún sentido que ante una misma circunstancia, a pocos kilómetros de distancia, en Pilar de la Horadada pueda producirse una advertencia de la Administración y en Mazarrón esa misma situación pueda llevar aparejada una multa de hasta 50.000 euros», afirmó ayer Antelo tras su reunión con la Fundación Ingenio.
La proposición introduce una disposición que obliga a que, cuando se apruebe el nuevo Programa de Actuación del Campo de Cartagena, se revisen los capítulos agrícolas de la legislación para retirar o redimensionar las materias que ya queden recogidas en ese programa.
Otro cambio afecta directamente a las Ecarm (Entidades Colaboradoras de la Administración Agraria). Actualmente, la ley establece que las explotaciones agrícolas y ganaderas «tendrán la obligación» de contratar una de estas entidades para controlar la explotación. La reforma transforma esa obligación en una posibilidad: los agricultores y ganaderos «podrán contratar» sus servicios, por lo que las Ecarm pasarían así de ser concebidas como un mecanismo obligatorio de control a tener una función complementaria.
Las Ecarm pasarán de ser concebidas como un mecanismo obligatorio de control a tener una función complementaria
Esta última modificación no estaba incluida en el proyecto de ley que registró el PP en diciembre de 2025, sino que fue añadido en una nueva propuesta que registro en febrero para contentar a Vox, partido en el que aún estaba al frente Antelo. Yendo ahora por libre, el portavoz del Grupo Mixto entiende que sus reclamaciones respecto a la reforma ya están recogidas en la proposición de ley de los ‘populares’, por lo que tanto él como Virginia Martínez están dispuestos a darles los dos votos que le faltan para alcanzar la mayoría parlamentaria.
Lo que estaba claro es que con Vox no iba a ser posible llegar a un entendimiento fácilmente. A mediados de julio, el diputado Antonio Martínez Nieto aseguró que «lo que tenemos que hacer es proceder a la derogación y a la desregulación de absolutamente toda la normativa inútil e inservible que han hecho contra los agricultores en el Campo de Cartagena y contra los agricultores de toda la Región», en referencia a la ley vigente. Hizo estas declaraciones después de que la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica, Laura Martín Murillo, cuestiona el papel del acuífero como principal amenaza para el Mar Menor. Su «principal amenaza» son las «avenidas en episodios de lluvias intensas, cuyos arrastres contaminantes son causantes de los mayores desequilibrios«, dijo.
Vox tiene registrada otra reforma de la ley que pasa por excluir al municipio de Fuente Álamo de determinadas restricciones, al no existir conexión entre su acuífero y el acuífero Cuaternario. Su portavoz, Rubén Martínez Alpañez, lleva meses pidiendo que se debatan en Pleno las tres reformas que afectan al ecosistema: la del PP, la de Vox y la de Podemos.