El abogado ambientalista, Eduardo Salazar, interpreta como «un guiño» a los sectores agroindustriales del Campo de Cartagena, como la insistencia en cargar las tintas sobre la responsabilidad de los vertidos urbanos
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A falta de conocer el texto definitivo de la propuesta de reforma de la Ley de Protección del Mar Menor que VOX presentará el jueves al Consejo de Gobierno, lo que hasta ahora sabemos de las intenciones de la formación que dirige José Ángel Antelo es que uno de sus objetivos es derogar, eliminar, todos los artículos que limitan la actividad agrícola o ganadera. Esas disposiciones dejarían de tener rango de ley y pasarían a formar parte de un reglamento cuya redacción y aplicación dependería de la Consejería de Agricultura. Hemos pedido opinión al abogado ambientalista Eduardo Salazar sobre los efectos de esas modificaciones: Salazar habla de una «regresión total» que le genera una enorme preocupación.
Los planes de VOX ratificados este martes por el propio vicepresidente del Gobierno, pasan por derogar los artículos de la ley que restringen la implantación de nuevas granjas porcinas o la ampliación de las ya existentes; los que obligan a impermeabilizar las balsas de purines; los que limitan el uso de fertilizantes o la actividad agrícola en los terrenos próximos a la costa, entre otros muchos aspectos. Todas esas exigencias que ahora aparecen en la norma estarían reguladas por un reglamento que podría ser modificado sin control parlamentario. Se reformaría también el régimen sancionador para rebajar tanto la gravedad de ciertos comportamientos como el importe de las multas. Cambios que, en opinión del abogado Eduardo Salazar, vaciarían de contenido la ley.
De la ley también pretende VOX eliminar la obligación de las explotaciones agrícolas o ganaderas de contar con un derecho de aprovechamiento de aguas. Salazar entiende que ahí VOX chocará frontalmente con las disposiciones recogidas en la Ley de Aguas que son muy claras en este sentido para evitar que vuelvan a proliferar, como ha ocurrido en los últimos años, los regadíos ilegales.
Hay otros aspectos de la reforma que Salazar interpreta como «un guiño» a determinados sectores agroindustriales del Campo de Cartagena, como la insistencia en cargar las tintas sobre la responsabilidad de los vertidos urbanos en la degradación del Mar Menor.
Salazar comparte con VOX la idea de que conviene extremar la vigilancia sobre el funcionamiento de las redes de alcantarillado y depuración de los núcleos urbanos. Pero asegura que para eso no es necesario reformar la Ley del Mar Menor, porque es una obligación ya prevista por la Ley de Aguas; como tampoco haría falta modificar la ley para imponer límites a la instalación de macroplantas de energía fotovoltáica, que podrían estar perfectamente regulados en el Plan de Ordenación de los Recursos de la Cuenca Vertiente que el Gobierno regional tiene pendiente de redactar.