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Isabel Perelló alerta de la falta de jueces, pero dice que hay reformas «que generan legítima preocupación en la judicatura»
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Sigue en directo el arranque del nuevo año judicial
La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha advertido que defenderá con «firmeza» los principios del Poder Judicial ante «las insistentes descalificaciones» provenientes de los poderes públicos y que considera «inoportunas».
«Estas descalificaciones son impropias de un Estado de Derecho avanzado en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo» y, «en definitiva, la lealtad institucional», ha indicado Perelló en su intervención en el acto de apertura del año judicial. «El desacuerdo y la crítica son legítimos, pero no lo es desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional», ha continuado tras reivindicar la independencia de los magistrados.
Aunque no ha mencionado a nadie específicamente, Perelló se ha expresado así la misma semana que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en una entrevista a TVE que «algunos jueces hacen política». Una afirmación matizada por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en ‘Informe Semanal‘ al decir que «es una minoría muy, muy minoritaria» de jueces la que «efectivamente adopta resoluciones que son muy discutibles».
Para Perelló, «no es propio del Poder Judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas ni a instituciones». «La sociedad no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos, sino que las instituciones funcionen con normalidad y que actúen al servicio de los ciudadanos con respeto y lealtad. Y así lo hará el Poder Judicial», ha agregado.
Sobre las críticas, la también presidenta del Tribunal Supremo ha señalado, asimismo, que en un Estado de Derecho «toda actuación judicial tiene lugar en el cauce de un proceso, que se desarrolla con todas las garantías de audiencia y defensa, y es susceptible de ser revisada por otros jueces imparciales e independientes«. Considera, pues, que «los posibles errores son corregidos en el seno del propio proceso judicial», al que califica de «sumamente garantista».
Preocupación por la reforma de la carrera judicial
En su discurso, Perelló también ha apuntado a la que la falta de jueces «resulta alarmante» y que las 120 plazas que, de media, se han ofrecido en las convocatorias de los últimos años son «insuficientes».
Ahora bien, la cobertura —ha especificado— «no puede hacerse en detrimento de la calidad de la formación que exige la función jurisdiccional» y que se debe respetar «la publicidad, objetividad de las pruebas» y la «transparencia» para garantizar la independencia de los jueces y juezas. «Existen reformas en tramitación que afectan directamente a la Carrera Judicial y que generan legítima preocupación en la judicatura«, ha afirmado en referencia a la conocida como ‘Ley Bolaños’, criticada por algunos sectores por sus cambios en el acceso a la carrera y en el estatuto del Ministerio Fiscal. Ante ello, ha pedido que se elabore con diálogo institucional y participación del CGPJ.
La presidenta del Supremo también ha pedido medidas para evitar dilaciones en la justicia, que señala como «inaceptables en una sociedad democrática avanzada». «Una justicia tardía no es una justicia efectiva. Es urgente poner en marcha medidas que terminen con este problema, que contribuye a minar la confianza en la justicia», ha sentenciado. Concretamente, en lo que se refiere al Tribunal Supremo, ha reiterado la petición de regulación de su gabinete técnico. «La Ley 7/2015, que modifica la del Poder Judicial, establecía el plazo de un año para su regulación. Y pasados más de 10 años, se sigue incumpliendo el mandado legal», ha incidido.
Perelló ha reafirmado, a su vez, su compromiso con la igualdad. «Sin duda, queda mucho camino por recorrer, pero ya estamos asistiendo a un verdadero cambio en la cúpula judicial», ha celebrado al señalar que en el último año se han duplicado el número de magistradas del Tribunal Supremo (de 10 a 23) y el de presidentas de Tribunales de Justicia y de Audiencias Provinciales (de 10 a 20). Ha elogiado también la labor del CGPJ en su primer año de andadura, al cumplir el «primer desafío» de cubrir las numerosas vacantes en plazas judiciales (161 nombramientos, más de una treintena en el Supremo).
Polémico arranque del año judicial
La ceremonia del arranque del año judicial ha estado marcada por la asistencia al acto del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por un presunto delito de revelación de secretos en el caso del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la Justicia y en las instituciones que la conforman», ha alegado el fiscal en su comparecencia.
También ha estado envuelta en polémica por la ausencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado que no quiere «validar los ataques de Sánchez a los jueces, ni que el fiscal general se dirija a los magistrados que lo están investigando y que podrían juzgarle». El Gobierno, por su parte, le ha afeado su «plante» al rey, que preside la ceremonia, y al Poder judicial. Los miembros del CGPJ y de las asociaciones de jueces se han mostrado, asimismo, divididos esta semana, mientras un sector hablaba de la «inconveniencia» de la asistencia de García Ortiz, otro apelaba a la «normalidad institucional» y la «lealtad constitucional».
Pero el curso no acaba más que empezar. Se espera un otoño de alto voltaje en el que seguirán siendo noticia el caso Koldo que salpica al PSOE, o el caso relativo a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. También los flecos de la la ley de amnistía y los recursos del líder de Junts, Carles Puigdemont, y los líderes del procés; el caso Pujol o la trama Gürtel.