El uso del domicilio, en la población de Alumbres, se cedió al técnico que concede las autorizaciones de gasto para piscinas
Al formalizar el trámite, se detalla que la luz y el agua se pagarán a cargo del organismo público
Laberinto del parque de Tentegorra, en Cartagena. / Mancomunidad de los Canales del Taibilla
Se abre otro nuevo capítulo en la polémica del parque Rafael de la Cerda en Tentegorra, conocido comúnmente como Los Canales. Al primer informe del Grupo II de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Comisaría de Cartagena de 2021 que revelaba que en la construcción de las piscinas se detectaron sobrecostes y fraccionamiento de contratos, así como un incremento de más de un millón de euros en la prórroga de un contrato de ‘Servicio de asistencia para la gestión de expediente de expropiación y regularización patrimonial de bienes afectados’ que no se justifica.
En un segundo informe elaborado por los agentes tras tomar declaración en comisaría a varios trabajadores del organismo, durante la segunda fase de la investigación, tras haber recopilado datos y expedientes, ponen en conocimiento del Juzgado las conclusiones de la fase testifical, «en la que se han descubierto nuevos indicios de criminalidad respecto de los hechos investigados, que se suman a los presentados en el mencionado Oficio policial».
El interventor informó al Tribunal de Cuentas de una vulneración
Cabe recordar que estos documentos constan en la denuncia que actualmente tiene admitida a trámite el Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, que solicitó en 2022 un informe a la unidad de auxilio judicial de la subdirección general de estudios y coordinación de la Intervención General de la Administración del Estado, que todavía no ha recibido.
A mediados de abril de 2021 los agentes solicitan a la MCT una relación de los inmuebles que posee, indicando la referencia catastral y si ha cedido su uso a quién y copia del contrato de arrendamiento. Dicho documento, cuya transcripción aparece en las diligencias, fue entregado en abril por una persona que se identificó como representante del organismo, pero los agentes lo reconocen como uno de los investigados en la causa, puesto que en ese momento era jefe de equipo en una de las mercantiles bajo la lupa policial por las supuestas irregularidades y cuñado del entonces director. Algo que, a juicio de los investigadores del cuerpo, es «revelador».
Tras analizar las viviendas propiedad de la MCT, hay una en Alumbres que califican de «extraordinario interés para la investigación», porque su uso estaba cedido al funcionario que firma las autorizaciones de gasto para los contratos de la construcción de las piscinas.
El entonces director resolvió conceder en su favor el uso de la vivienda, durante el destino del funcionario en la Oficina Central, ubicada en el centro de Cartagena. El instructor recuerda que dicho funcionario fue nombrado ‘encargado’ del Parque Rafael de la Cerda en noviembre del año 2011 por el entonces director.
Por lo que, «es significativo que sin tener destino en la zona de Alumbres sea premiado con el uso de una vivienda, que se inicia en el año 2012 y perdura hasta la actualidad» (el informe fue redactado en el año 2021).
Además, consideran digno de mención resaltar que en el documento donde se formaliza la cesión de esa vivienda se establece que el pago de luz y agua serán a cargo del organismo público.
A esto se suma la declaración de algunos testigos, trabajadores de la MCT, que aseguraron que había otros trabajadores del organismo que residían en casas de la Mancomunidad sin ser “vigilantes de dominio público” o “encargados”.
‘Hombre de paja’ del director
Por lo que según los agentes, dicho funcionario “recibió esta vivienda como dádiva o recompensa por aparecer como ‘hombre de paja’ del director en la en la formalización de contratos de obra irregulares, como la construcción de las piscinas”.
Por lo tanto a los indicios de omisión del procedimiento legalmente establecido por la fragmentación de obra mayor en 13 contratos de obra menor, que todos los contratos fueran adjudicados a la misma empresa matriz, alteración en la cronología legal, falta de competencia en la figura del ‘responsable del parque’ y sobrecoges excesivos los agentes añaden el de cesión uso de un inmueble de titularidad pública a un funcionario como recompensa por participar en las irregularidades.
Asimismo, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía deducen que «la cesión de estos inmuebles, más allá del uso privado de un bien público, parece estar siendo utilizado, por parte de algunos responsables de la MCT para, sin existir razones de servicio premiar dentro de la organización a ciertos ‘trabajadores de confianza’, mientras que en el caso de dicho funcionario queda perfectamente acreditado el motivo por el cuál se le recompensa».
Asimismo, al margen de los hechos investigados, durante el análisis del listado de inmuebles se tuvo conocimiento del procedimiento que se siguió con el ‘Contrato de explotación del quiosco exterior del parque Rafael de la Cerda de Tentegorra’ en 2014, que aunque no tiene repercusión para esta investigación, salvo que los tribunales opinen de otra manera, en cuyo proceso se cometieron, lo que a juicio de la Instrucción, podrían ser falsedades documentales.
Declaración en Comisaría
Una de las personas llamadas a testificar en Comisaría fue el entonces interventor territorial de Cartagena, de cuya declaración sobre el contrato de expropiaciones con sobrecostes de más de un millón de euros según las diligencias, destacan que marzo del año 2016, formuló escrito al Tribunal de Cuentas como consecuencia de una auditoría, poniendo en su conocimiento una presunta vulneración de la normativa de contratación del sector público, hechos en los que identifica como autor al entonces responsable del Órgano de Contratación de la MCT.
Si bien tras su comparecencia, según el criterio de los agentes de la declaración «se deduce que el control del organismo en el periodo de los hechos (2011-2015) era mínimo, no alcanzando a fiscalizar la legalidad de los procedimientos de contratación pública».
Cabe recordar que actualmente el proceso judicial, admitido a trámite por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Cartagena, se encuentra a la espera de un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que solicitó en el año 2022 y todavía no ha recibido.
En relación con este contrato, en el oficio de conclusiones de la fase documental, los agentes observaron «las siguientes irregularidades esenciales en el procedimiento de contratación de las que se deduce la arbitrariedad de la resolución que favoreció a la mercantil adjudicataria y su posterior prórroga».
Los indicios que tienen en cuenta para elaborar esta conclusión son valoración técnica manipulada que favorece a la empresa adjudicataria, prórroga ilegal del contrato y sobrecoste en la prórroga.
En dicha mercantil trabajaba como jefe de equipo el cuñado del entonces director de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, quien luego entregó la documentación en nombre del organismo en comisaría, cuando la información fue requerida por los agentes de delitos económicos.