Más de 15.000 personas hacen cola para la valoración de la Consejería, que no consigue rebajar los tiempos a pesar de las nuevas contrataciones
La lista de espera para obtener el grado de discapacidad no deja de aumentar en la Región de Murcia. Si los murcianos tenían que esperar hasta 16 meses el pasado mes de junio, en la actualidad la cola ha ido creciendo y ya son 20 meses de media de demora.
El punto de inflexión se produjo en la pandemia, puesto que en 2020 la lista de espera no superaba los ocho meses. Desde la Administración autonómica reconocen que en los últimos cinco años, la Región de Murcia ha experimentado un incremento notable en el número de solicitudes, que aumenta «de forma exponencial en el período posterior a la pandemia (2021 y 2022) en más de un 35%».
Cabe recordar que la ley estatal establece un máximo de seis meses para resolver las solicitudes de reconocimiento y revisión.
Según los datos que maneja el Gobierno regional, un total de 15.325 murcianos se encuentran hoy a la espera de la valoración. Los motivos, esgrimen, se reparten principalmente entre la «complejidad que implica la aplicación del nuevo baremo» y el «problema del déficit de médicos que afecta a todo el territorio nacional».
Desde Plena Inclusión se muestran «muy preocupados» por el aumento de las listas, un problema que, agregan, «se da en todo el país». Joaquín Barberá, presidente de la organización en la Región de Murcia, explica que desde la pandemia se ha producido un incremento del número de peticiones «inesperado», que no ha venido acompañado de un aumento de la velocidad en los equipos de valoración.
Explica que buena parte de esa lista la engrosan personas que, tras la valoración, quedan por debajo del 33% de discapacidad, o lo que es lo mismo, «fuera de rango». Barberá echa en falta un plan de choque por parte de la Comunidad para reducir esta lista de espera, que descongestione, al menos, los expedientes más antiguos.
Plena Inclusión y Famdif creen que «no es suficiente» con el aumento de equipos de la Comunidad
«No es de recibo que personas con discapacidad tengan que esperar dos años para recibir el grado», añade Carmen Gil, presidenta de la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famdif). Consciente de que desde la Comunidad se han aumentado los materiales y los profesionales necesarios para agilizar las valoraciones, declara que «no es suficiente» y advierte de que «el colectivo está cansado» de esta situación.
«Hay que entender que cuando una familia pide una certificación está haciendo uso de un derecho que le permitirá tener acceso a una mejor calidad de vida», subraya.
Nueva baremación
En primavera de este año, el PP denunciaba que el problema de la lista de espera nace de la puesta en marcha de una nueva herramienta para baremar la discapacidad, denominada Baredi, «que no estaba finalizada cuando entró en vigor y que presentaba desde el principio deficiencias y disfunciones destacables». Esto provocó un «colapso del sistema de valoración de la discapacidad, que ha afectado prácticamente a todos los territorios del Estado».
También denunciaron que la formación específica para el personal valorador «tampoco llegó a todos los profesionales y no fue lo suficientemente completa para garantizar una adecuada implantación».
El PSOE, por su parte, apunta a la escasez de personal como principal problema del retraso en las valoraciones y exige a la Comunidad que aumente la plantilla.
La ley establece un máximo de seis meses para resolver las solicitudes de reconocimiento
Sobre este punto, desde la Consejería de Política Social aseguran que el Servicio de Valoración de Discapacidad de la Comunidad continúa implantando medidas para contener la lista de espera y resolver con más agilidad los expedientes. Entre ellas, la implantación de un sistema de triaje, compuesto por un médico, una enfermera y un auxiliar para la clasificación de las solicitudes y las revisiones de discapacidad, o la contratación de tres equipos de valoración con la finalidad de reforzar el personal técnico y descongestionar aquellos centros con mayor lista de espera, como los de Caravaca, LorcaCartagenaJumilla y Yecla.
El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) concedió en 2023 a 20.867 personas el grado de discapacidad, resolviendo 2.178 informes de orientación laboral y emitiendo 16.096 tarjetas acreditativas.
Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo pidió el pasado mes de julio información a las comunidades sobre retrasos de hasta tres años en la valoración de la discapacidad, después de que el número de quejas ciudadanas se haya triplicado desde 2019.
«Tales períodos de espera dan lugar a situaciones muy difíciles para muchas personas que, además de hacer frente a las limitaciones en la vida diaria que les impone su discapacidad, ven obstaculizado y demorado su acceso a diversas prestaciones sociales y ayudas que les pueden resultar imprescindibles», afirma Ángel Gabilondo en la memoria del Defensor del Pueblo del año 2023. En el informe señala que, «con el paso del tiempo resulta más difícil comprender el hecho de que las administraciones competentes se vean incapaces de solucionar este problema, dotando adecuadamente de personal los equipos de valoración y orientación correspondientes».
El trastorno del estado de ánimo destaca entre los diagnósticos
Los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) de la Comunidad son la puerta de entrada por la que toda persona con discapacidad ha de pasar para obtener el grado. Ellos son, en última instancia, quienes valoran de forma presencial las capacidades, habilidades y competencias funcionales y potenciales de las personas con discapacidad física, psíquica, sensorial y mental; y quienes emiten los informes correspondientes al tipo y grado de discapacidad que reconoce el derecho de estas personas al acceso a medidas de protección e inclusión social, y también dentro del ámbito laboral.
Ante el aumento exponencial del tiempo de espera para obtener una valoración, la Consejería de Política Social incorporó en abril a tres nuevos equipos de valoración para agilizar el reconocimiento, de manera que se eleve a 23.000 el número de resoluciones al año. Sin embargo, la lista sigue creciendo.
Dolores Galindo Fernández, directora de la Unidad de Valoración y Diagnóstico de Murcia, cuenta con que a corto o medio plazo se contrate más personal sanitario ante la cada vez mayor cantidad de solicitantes, especialmente después de la crisis sanitaria del covid. «Se produjo un aumento de peticiones por las secuelas de la pandemia, ya que la gente estaba más desatendida en aquella época», indica.
A su cargo, en el municipio de Murcia, hay seis EVO, cada uno de ellos formado por un médico, un psicólogo y una enfermera. Además, cuentan con dos sanitarios extra un EVO volante.
Los equipos de valoración ven todo tipo de patologías, desde lumbalgias y discopatías hasta enfermedades raras. Las más comunes de las afecciones físicas son las músculo-esqueléticas, explica Galindo, mientras que las patologías psicológicas que más ven los evaluadores del IMAS están relacionadas con el trastorno del espectro autista, en el caso de los usuarios menores de edad, y con trastornos del estado de ánimo —como depresiones o cuadros de ansiedad— en el caso de adultos.
«Hay de todo», indica la responsable de los EVO de Murcia, algo que incluye la «picaresca tan típica de España», es decir, personas que intentan acceder a los beneficios del grado de discapacidad sin sufrir dolencias importantes.
La realidad, sin embargo, es que el sistema tiene la manera de cubrirse las espaldas, para empezar, porque los usuarios potenciales del grado de discapacidad pasan la entrevista con los especialistas de los EVO con pruebas documentales de su estado de salud. Así lo establece la ley, por lo que los pacientes que acuden a la evaluación ya han sido previamente tratados por los respectivos especialistas. Además, las entrevistas suelen ser presenciales y solo en algunos casos, como los de personas de más de 75 años o de enfermos oncológicos o muy graves, se renueva sin ver al enfermo.