Aurelio Samper, agricultor en el Campo de Cartagena desde 1994, lamenta que se haya criminalizado a un sector entero por un problema multifactorial y generalizado
CADENA SER
«La Ley del Mar Menor está llevando a la ruina miles de pequeños agricultores». Así lo explica Aurelio Samper, agricultor en el Campo de Cartagena desde 1994, que lleva 18 años practicando agricultura ecológica. «Han criminalizado al sector agrario como responsables de un problema generalizado», alega.
El agricultor apunta a múltiples causas como responsables de la situación del Mar Menor, como la red de saneamiento de los ayuntamientos cerca de la laguna, «porque no son modernas y ciertas aguas fecales van a esa laguna» y toda una serie de obras para sanear el acuífero por parte del gobierno, que lleva años sin ejecutar.
Aurelio recuerda el compromiso del campo con el entorno. «Los agricultores hemos sido consecuentes con todo y no es justo que trasladen a la ciudadanía que el agricultor es un criminal, contaminador del Mar Menor,», lamenta.
«Hay que trasladar a la opinión pública que nosotros no somos unos criminales y que el Mar Menor tiene solución siempre que exista una voluntad real por parte de las personas que están por encima nuestro».
En ese sentido, cree que la politización del Mar Menor «condenará a miles de familias a la pobreza».
Denuncia que «las decisiones políticas están llevando a la paulatina desaparición de la agricultura del Campo de Cartagena, condenando a muchas familias y cooperativas a la miseria. «Yo tengo cuatro trabajadores, mi familia también vive de esto, pero además muchos sectores que van de la mano de la agricultura desaparecerán».
Aurelio se muestra muy crítico con la Ley del Mar Menor por los «gastos adicionales que corren a riñón del agricultor». «La ley no contempla ni garantiza ningún tipo de subvención», ha explicado.
Al mismo tiempo advierte que muchos agricultores no podrán hacer frente a las infraestructuras que obliga la ley y les expropiarán sus tierras sin nada a cambio, algo contrario a la propia Constitución y que se ha recurrido a la justicia. «A 500 metros del Mar Menor muchos agricultores han tenido que dejar de cultivar porque la ley así lo prohíbe.» lamenta. «Todo esto se ha llevado a cabo sin estudios de impacto ni técnicos que justifiquen la decisión, en contra de lo que planteaba la Fundación Ingenio».