La Guardia Civil retirará el arma a sus agentes ante cualquier «sospecha» de violencia de género

La Dirección General de la Guardia Civil retirará el arma a sus agentes ante cualquier «sospecha» de violencia de género. Será una retirada inmediata y con carácter cautelar de sus armas oficiales y particulares. Así lo recoge el borrador del Protocolo contra la Violencia de Género dentro de la Guardia Civil al que ha tenido acceso la Cadena SER, que va a ser aprobado este mes y que incluye importantes novedades como la retirada del arma ante una sospecha de violencia contra la mujer sin necesidad de condena ni de denuncia que ya están castigadas por el Código Penal.

Textualmente se afirma: «Cualquier situación susceptible de constituir actos de violencia sobre la mujer cuyo autor pueda ser un guardia civil, conllevará la retirada inmediata y con carácter cautelar de sus armas oficiales y particulares con arreglo a los procedimientos previstos ante conductas anómalas que afecten a los guardias civiles».

Segunda novedad

Como segunda novedad a lo que estaba regulado se castigará como infracción disciplinaria o penal el acceso no autorizado a la base de datos referente a la víctima por parte de cualquier miembro del Instituto Armado. «Al tratarse de datos sobre los que se pretende mantener la reserva cara a evitar que trasciendan y afecten a la privacidad y seguridad de las víctimas, cualquier acceso no autorizado o injustificado podrá constituir infracción disciplinaria o penal» especifica el texto.

De hecho, «cualquier acción que se realice sobre esta información quedará auditada para poder analizar la habilitación y finalidad legítima para conocerla o disponer de ella». Además «cuando el presunto autor de conductas de violencia sobre la mujer sea guardia civil, quien ejerza la jefatura de unidad le notificará de forma inmediata que queda suspendido su permiso para acceder a las bases de datos cuyo uso tenga autorizado para el ejercicio de sus funciones y que sean susceptibles de contener información de la víctima, en especial si se trata del sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género (Sistema VIOGÉN)».

Protección de la víctima

Para proteger a la víctima, será destinada a otro destino y no se dará publicidad a la vacante. Según recoge el texto «Se podrán asignar destinos y puestos de trabajo sin publicación previa de la vacante correspondiente, mediante el procedimiento de asignación extraordinaria, a quienes tengan la consideración de víctimas de violencia de género. Estos destinos tendrán el carácter de forzoso, y su asignación no será publicada, siendo notificada directamente al personal interesado».

Además, las víctimas tendrán asistencia psicológica a través de las unidades especializadas en materia psicológica, sanitaria y de mujer-menor del Cuerpo. «Estas Unidades tendrán que favorecer que las víctimas puedan disponer de una atención integral, extensible también a sus descendientes con el afán de recuperen lo antes posible la normalidad personal, familiar y profesional».

Preferencia

Además las víctimas tendrán preferencia para vivir en un pabellón oficial o en una residencia del Instituto Armado si así lo desean. «En aquellos casos en que una guardia civil sea víctima de violencia sobre la mujer, tendrá preferencia para la asignación en precario de un pabellón oficial si así lo solicita para hacer compatible o facilitar su protección y asistencia, hasta tanto pueda obtener adjudicación con carácter ordinario o decida residir en otro domicilio. Para los mismos fines, dispondrán de prioridad para utilizar residencias del Cuerpo», recoge el protocolo.

El reglamento, que ha sido elaborado por todas las asociaciones de la Guardia Civil junto con representantes de la Dirección General y que pasa por el Pleno de la Guardia Civil el próximo 21 de junio, incorpora como novedad definiciones en el concepto violencia más allá de la violencia física, sexual o psicológica.

Violencia económica

Se incorpora el concepto ‘violencia económica’, que se define como «privación total o parcial, deliberada e injustificada, a la mujer y a sus descendientes, de los recursos económicos necesarios para su bienestar, así como la discriminación en la disposición de los que se compartan en el ámbito de convivencia de la pareja».

También se añaden la ‘violencia instrumental’, entendida como «la ejercida contra los descendientes, ascendientes o personas vinculadas afectivamente a la mujer, con el propósito de producir en ella sufrimiento, culpabilidad, temor, sometimiento o coacción»; y la ‘violencia digital’, entendida como «conductas continuadas de hostigamiento, control, limitación de libertad, chantaje o dominación que se realizan sobre la mujer utilizando las nuevas tecnologías y sus posibilidades, como los sistemas de mensajería, redes sociales o correo electrónico, con acceso, difusión o intromisión no consentida en su privacidad».

Reeducación y rehabilitación

Finalmente el protocolo también contempla como novedad la reeducación y rehabilitación del agresor que puede ser condenado para procurar su recuperación personal y profesional. «Con el propósito de contribuir a la rehabilitación y recuperación de los guardias civiles que hayan sido condenados por delitos cometidos con violencia sobre la mujer, se promoverá la realización de actividades formativas o programas organizados por el Área de Igualdad y Diversidad, con el apoyo para su impartición de personal experto de la Unidad Técnica de Policía Judicial y del Servicio de Psicología. Quienes ejerzan el mando de unidad a nivel Comandancia convocarán a estas actividades, que podrán tener carácter obligatorio, en especial si es necesario para recobrar la plenitud funcional en el desempeño en unidades relacionadas con mujer menor o labores de atención a la ciudadanía».