La Policía Judicial investiga, a raíz de una denuncia de la propia empresa pública, a diez presuntos miembros de la trama, entre ellos varios empleados, por un presunto fraude que se habría prolongado más de una década
Alicia Negre Murcia LA VERDAD
Jueves, 12 de junio 2025, 13:06
Investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil tomaron este jueves la sede que Navantia tiene en Cartagena en una investigación contra una supuesta trama que, durante la última década, habría defraudado miles de euros simulando falsas compras por parte de la empresa pública, según confirmaron fuentes cercanas al caso. Las pesquisas, que por el momento dejan una decena de investigados -entre ellos varios empleados de la mercantil-, persiguen una supuesta sustracción continuada de piezas y maquinarias en la sede de Navantia y la posterior compra por parte de la empresa pública de ese material a través de contratos presuntamente amañados.
En el marco de esta operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, los agentes se adentraron este jueves en las instalaciones del astillero cartagenero para recabar todo tipo de información y clonar los ordenadores y teléfonos móviles de los investigados. Los agentes realizaron, además, otros nueve registros en sedes de empresas y domicilios particulares de Cartagena, la pedanía murciana de El Palmar, el polígono industrial de San Ginés, en Alcantarilla; y la localidad alicantina de Torrevieja.
Los agentes despliegan nueve registros en locales y viviendas de Cartagena, la pedanía murciana de El Palmar, el polígono industrial de San Ginés, en Alcantarilla; y la localidad alicantina de Torrevieja
La investigación que la Policía Judicial está desplegando en torno a Navantia tiene en su epicentro a dos hermanos que, al parecer, trabajaban en la firma, concretamente en el departamento de compras. La Guardia Civil sospecha que ambos formaban parte de un entramado que, durante los últimos 10 o 15 años, habría facilitado la entrega a otras empresas de piezas y materiales que habían sido adquiridas por Navantia. Ese material, según explican las fuentes, era irregularmente considerado como obsoleto o dado de baja para hacerlo desaparecer de forma intencionada.
Más tarde, según se desprende de las pesquisas realizadas por la Policía Judicial, la empresa realizaba otras órdenes de pedido, gestionadas por ese mismo departamento de compras, donde, al parecer sin control y fraccionando contratos, se adjudicaban compras a empresas con las que se habrían concertado previamente. Los investigadores consideran que esas adjudicaciones, con las que Navantia volvía a comprar su propio material, se realizaban a precios desorbitados y fuera de mercado, lo que habría causado un perjuicio considerable a las arcas públicas.
El origen de este caso, según explicaron fuentes de Navantia, está en una investigación interna que realizó la propia empresa pública y que detectó indicios de criminalidad que se denunciaron ante la Guardia Civil. «Navantia está prestando toda la colaboración en la investigación de este presunto delito y está personada como acusación particular a través de la Abogacía del Estado», remarcaron las fuentes.
Consultado por este diario el abogado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, que se encarga de la defensa de varios de los investigados, rehusó realizar declaraciones.