Recuerda que «las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución Española»
Los obispos españoles se han unido este jueves a la postura de la Comisión Islámica de España, que ha pedido a los poderes públicos que garanticen el derecho a la libertad religiosa, tras la moción aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla que pide al Gobierno local prohibir en instalaciones deportivas cualquier actividad ajena a las mismas.
«Las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución Española en su artículo 16.1: «Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley», han señalado fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Los prelados españoles avisan de que la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar. En todo caso, precisan que esto debe ser valorado con objetividad por especialistas y con criterios técnicos para que no responda a una decisión «arbitraria o ideológica». «Las restricciones, si buscan proteger el bien común, se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas», añaden.
Del mismo modo, subrayan que la Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 18, afirma que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia».
«La limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes. Hacer estas restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas», concluyen.
Mensaje de la Delegada del Gobierno
La delegada del Gobierno en la Región de Murcia ha calificado de «otra maniobra oscura profundamente racista» la moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Jumilla el pasado 28 de julio para prohibir los actos religiosos en instalaciones deportivas municipales.
En su cuenta de Facebook, señala que «el acuerdo PP-Vox no es una simple decisión local«, sino que «busca alterar la vida cotidiana de una comunidad diversa, trabajadora e integrada«, en referencia a los musulmanes, que no podrán usarlas para el rezo colectivo del fin del Ramadán ni para la Fiesta del Cordero si se modifica el reglamento de esos espacios, a lo que quedó mandatado el equipo de Gobierno.
«No podemos mirar hacia otro lado y nuestra Constitución es muy clara respecto a la libertad de culto, la no discriminación por origen o religión y el respeto a los derechos fundamentales. Lo que están haciendo la derecha y la ultraderecha en este municipio va justo en la dirección contraria», señala.
Afirma que desde el Gobierno de España están «muy vigilantes«, pues «ya lo vivimos en Torre Pacheco y sabemos que no se puede subestimar la influencia de ciertos discursos«, con lo que están monitorizando redes sociales de internet y cuentan con el Observatorio contra el Racismo, «que colabora con el Ministerio del Interior y Fiscalía para proteger a la ciudadanía».
Críticas desde UCIDE
Desde la comunidad islámica denuncian que la medida altera la cohesión social y la convivencia normal, y supone una marcha atrás al trabajo realizado para la integración.
Ihab Fahmy, coordinador de Educación en la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), cree que esta situación hace que la gente no se sienta segura e insiste en que la decisión no es acertada, ya que la Constitución Española defiende el derecho a la libertad religiosa.
El coordinador de UCIDE aboga por el diálogo para llegar a una solución y pide una reunión con el Ayuntamiento de Jumilla para encontrar una localización donde realizar los próximos actos religiosos.