Ha enviado una nueva liquidación de cuentas a la anterior concesionaria después de que el TSJ anulara la de 2019
Un avión en la pista del aeropuerto. / L.O.
La Comunidad Autónoma ha elevado de 180,1 a 212,4 millones de euros los daños y perjuicios ocasionados por los incumplimientos de la anterior concesionaria del aeropuerto, que lideraba Sacyr. Esta es la cuantía recogida en el nuevo proyecto de liquidación del contrato que este martes ha sido notificado a la empresa.
Esta cifra incluye el importe de las expropiaciones, los intereses del aval que ha tenido que financiar la Administración regional y 54,2 millones por el lucro cesante en el retraso de Corvera, cuyas obras estaban prácticamente acabadas en 2012, aunque no se inauguró hasta 20219.
La primera reclamación dirigida a la sociedad encabezada por Sacyr ha sido anulada por el TSJ porque fue presentada cuando ya estaba caducada.
Según ha informado la Comunidad Autónoma, partir de este momento, la anterior concesionaria tiene un plazo de diez días para presentar alegaciones. Finalizado ese periodo, las alegaciones de la anterior concesionaria serán informadas en el seno de la instrucción del expediente de liquidación y posteriormente se elevará la propuesta de liquidación definitiva al órgano de contratación.
En un comunicado, fuentes del Ejecutivo regional indican que «la Comunidad tiene como prioridad la defensa de los intereses de la Región de Murcia y persigue que sea la anterior concesionaria quien asuma las consecuencias y los efectos de sus incumplimientos que provocaron que la infraestructura no pudiera abrir en 2012 como estaba previsto».
La cuantía económica que la Consejería de Fomento reclama a Sacyr y al resto de socios que integraban Aeromur «comprende los siguientes conceptos: las expropiaciones que le correspondía realizar a la anterior concesionaria (33 millones), los gastos financieros derivados de los préstamos suscritos por la Administración regional para pagar el aval (44,8 millones), el importe de las obras de accesos, acometidas de servicios y otras del entorno del aeropuerto, así como las correspondientes expropiaciones asumidas por la Administración regional (76,5 millones) y el lucro cesante derivado de la no puesta en marcha del aeropuerto (54,2 millones)».
La reclamación incluye otros gastos correspondientes a «deficiencias y perjuicios en la propia infraestructura que la Administración regional se ha visto obligada a asumir como consecuencia de la resolución del contrato y toma de posesión del aeropuerto (3,9 millones)».