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Además, la UCO registra las viviendas de Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y el empresario Javier Pérez Dolset
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Directo: Toda la última hora minuto a minuto sobre esta operación de la UCO en Ferraz
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado a primera hora de este miércoles en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para requerir información por los presuntos pagos irregulares del partido a la exmilitante socialista Leire Díez vinculados a «supuesta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno». Además, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado en esta causa al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, a la propia Leire Díez, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, entre otros.
Según han confirmado fuentes de la investigación a RTVE, el juez Pedraz, que instruye la causa de Díez por unas presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública a cambio de mordidas, ha ordenado a la UCO que acuda a la sede del PSOE para requerir diversa documentación y archivos electrónicos. Y aunque ha comenzado con requerimientos de documentación relacionada con los pagos a la exmilitante socialista, podría derivar en registros, según las citadas fuentes.
Así, según ha podido saber TVE, la UCO ha pedido facturas al PSOE desde el año 2024 y se han requisado varios móviles. La hipótesis que manejan es que Santos Cerdán, en colaboración con la gerencia del partido, habría pagado a Leire Díez sus trabajos como «fontanera» con facturas falsas y simuladas.
No es la primera vez que la UCO entra en Ferraz. También lo hizo el 20 de junio de 2025 cuando fue imputado Santos Cerdán, por el presunto amaño de contratos de obra pública, aunque en aquella ocasión el requerimiento de información solo afectaba a este dirigente socialista.
De forma simultánea, los agentes de la UCO han registrado un inmueble en Madrid de Gaspar Zarrías, el domicilio del empresario Javier Pérez Dolset -que aparece en los audios de Leire Díez– en Móstoles (Madrid) y la vivienda de Cerdán, en Milagro (Navarra). Según las mismas fuentes, no se descartan más actuaciones.
La UCO registra la casa de Cerdán en Navarra y el despacho de Zarrías en Madrid
Imputados Cerdán, Zarrías y la gerente del PSOE
En el marco de esta operación, el juez Pedraz ha acordado imputar a Santos Cerdán, a Leire Díez, a Gaspar Zarrías, a Pérez Dolset y al abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
También ha ordenado investigar al abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo Casanova, y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del estado.
Asimismo, el juez Pedraz considera que de los hechos investigados aparece descrita la indiciaria responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos de antes descritos, y en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas. En la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, Fuentes negó la existencia de una ‘caja B’ en el PSOE y aseguró que no había «ningún pago en efectivo» que no estuviera documentado.
El juez también ha hallado indicios de que el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana y el que fuera mano derecha de Cerdán, Juan Francisco Serrano Martínez, actual diputado del PSOE por Jaén y parte de la Ejecutiva socialista como secretario de Política Municipal, habrían colaborado con los investigados, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal. Precisamente, Serrano fue una de las personas que asistió junto con Santos Cerdán a las reuniones en Ferraz con Leire Díez.
El magistrado considera que «la actividad presuntamente delictiva investigada es grave» tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera «proporcionados» los requerimientos acordados.
Por otro lado, los agentes de la UCO han entrado este miércoles por la mañana en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil para recabar los expedientes disciplinarios abiertos a mandos que investigan al PSOE, según las mismas fuentes.
Ampliación de la causa que instruía Pedraz contra Leire Díez
La exmilitante socialista Leire Díez tiene dos causas abiertas en la actualidad, una en los juzgados de Plaza Castilla en la que es investigada por presuntas maniobras para perjudicar a fiscales o al responsable de la UCO, Antonio Balas, con el objeto de entorpecer investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE, y otra en la Audiencia Nacional, en la que el juez Pedraz investiga sobre las supuestas mordidas en adjudicaciones de obra pública y en la que están investigados también el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el propietario de Servinabar Antxon Alonso, considerado socio de Santos Cerdán.
Los registros y entradas de este miércoles se producen en el marco de esta segunda causa, pero no se trataría de una pieza separada, sino de una ampliación de la investigación inicial. Pedraz prorrogó el pasado 8 de mayo un mes más el secreto de esta causa. Díez, Fernández y Alonso fueron detenidos en diciembre por malversación, tráfico de influencias y organización criminal, y posteriormente quedaron en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.
Hasta ahora el procedimiento se dirigía contra Díez, Fernández y Alonso, quienes conformaron un grupo autodenominado Hirurok (‘nosotros tres’, en euskera) que se habría dedicado a orientar «diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros», para lo que se aprovechaban de su posición y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública para obtener «el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones».
La operación de este miércoles se produce dos días después de que se conociese el sumario al completo sobre el caso Plus Ultra, por el que el juez José Luis Calama citó como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por, entre otros, los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha prometido la «colaboración» del partido con la Justicia tras la entrada de la UCO en Ferraz, al tiempo que ha mantenido su apoyo a Zapatero y ha pedido que se respete la presunción de inocencia. Sánchez se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa en Roma, ciudad en la que se encuentra de viaje oficial desde este martes. También fuentes de Moncloa han asegurado que la colaboración es «máxima» siempre y han defendido que son los «primeros interesados en que la verdad se esclarezca» y que haya «transparencia absoluta».
Por su parte, fuentes del PSOE trasladan «tranquilidad» por la operación de este miércoles y muestran su «máxima colaboración con la Justicia» y de «respeto absoluto a las actuaciones judiciales». En este sentido, explican que han recibido un «requerimiento de documentación del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional, en el marco de un procedimiento declarado secreto», y subrayan que no es un «registro» y que es «ajeno a financiación ilegal«. Asimismo, defienden que la solicitud de requerimiento ha sido atendida «con plena colaboración del partido».