El Gobierno aprueba un decreto para contentar a Puigdemont con el que aumenta el margen de gasto de entes locales y es bien recibido por la Federación de Municipios
El president de Junts, Carles Puigdemont. / Glòria Sánchez – Europa Press
«Lo que sea bueno para Puigdemont no será bueno para la Región de Murcia», dijo el jueves el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, sobre las medidas impulsadas por el Gobierno de España para romper el hielo con Junts. Mientras, «ningunea a la Región en temas importantes como la reforma del Sistema de Financiación Autonómica o el trasvase Tajo-Segura«, prosiguió. El presidente Fernando López Miras, en la misma línea, dijo que «es lamentable ver cómo se humilla frente a los separatistas catalanes».
Humillado o no, lo cierto es que algunas de las decisiones adoptadas tendrán un impacto, en principio, positivo, especialmente el decreto económico aprobado esta semana en el Consejo de Ministros, por el que se aumenta el margen fiscal para gastos no corrientes de ayuntamientos y entes locales. Se trata de facilitar y flexibilizar las inversiones financieramente sostenibles para que los alcaldes puedan hacer uso de su superávit y destinar nuevas partidas a la construcción de vivienda o la gestión de agua. Se trata de una medida que el propio Pedro Sánchez tildó de positiva para los consistorios catalanes, «pero también para los del conjunto del Estado».
Valoro de manera positiva el decreto económico, pero es insuficiente y limitado
Víctor Manuel López, presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), valora positivamente este real decreto-ley. «De hecho, ya veníamos solicitando este tipo de inversiones financieramente sostenibles a través del superávit que teníamos del año 24″, explica. López se muestra sorprendido de que el Ministerio de Hacienda no les adelantara esta medida durante la última reunión del Consejo Nacional de Administración Local, celebrada el 17 de noviembre. «No fue ni punto del día», añade.
No obstante, desde la FMRM indican que la flexibilización no llega a cubrir las necesidades que las administraciones locales habían estado demandando durante los últimos meses. En este sentido, solo podrán dedicar el superávit a inversiones financieramente sostenibles, es decir, a aquellas que van en consonancia en la reducción de los gastos o que en un período de tiempo corto o medio van a desembocar en un ahorro de las distintas administraciones. «Es insuficiente y también limitada», insiste.
Asimismo, reconoce que le parece «realmente triste» que la medida se haya tomado para contentar a un partido político determinado.
Las balanzas fiscales pondrán de relieve que Murcia es la comunidad más perjudicada
Otra de las medidas económicas es la publicación de las balanzas fiscales. Se trata de una metodología mediante la cual se determina la diferencia entre lo que aportan las comunidades autónomas vía impuestos y lo que reciben en forma de prestaciones, inversiones y transferencias. El Gobierno adquirió el compromiso en el arranque de la legislatura a cambio de que Junts no bloquease el primer paquete de decretos del Gobierno. A través de esta medida, el Ejecutivo de la Región de Murcia debería poder demostrar su mantra: que Sánchez, además de infrafinanciar a la Región, la castiga. «Desmienten que Cataluña esté fiscalmente maltratada y ponen de relieve que Murcia y la Comunidad Valenciana son las comunidades más perjudicadas«, recuerda el titular de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín.
Sin embargo, opina que esta última medida se volverá en contra de la Región, ya que «el presidente Sánchez ha abrazado el discurso de Junts sobre el maltrato a Cataluña para justificar todas las cesiones que ha hecho hasta ahora y las que hará en el futuro». El consejero teme que «las regiones más ricas reduzcan sus aportaciones al régimen común, algo que va a tener efectos devastadores sobre las comunidades infrafinanciadas».
Vivienda y multirreincidencia
El jefe del Ejecutivo se ha comprometido también a aprobar una partida que se destinará a ayudar a los propietarios de vivienda ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables. El Gobierno ya pactó a principios de este año un seguro de impago con Junts, pero en las últimas semanas los posconvergentes habían criticado la falta de financiación.
La mejor forma de defender al propietario frente al impago es derogar la Ley estatal
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, afirma que «el mejor mecanismo para defender al propietario de vivienda frente al impago del alquiler es la derogación de la Ley estatal, que es la que está desprotegiendo a los pequeños propietarios y protegiendo a los inquiokupas«.
Desde el Gobierno regional defienden que «cualquier medida en materia de vivienda es bienvenida, pero es oportunista que Pedro Sánchez anuncie ayudas no por el interés general, sino por mantenerse en la Moncloa contentando a sus socios de Junts».
Por otra parte, el Gobierno está negociando con los distintos grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo que permita tramitar la ley de Junts contra la multirreincidencia. Esta medida ya fue desbloqueada recientemente, tras más de diez meses varada en la comisión de Justicia. Hasta el Partido Popular de Feijóo está de acuerdo con esta medida, que lleva años defendiendo. De hecho, plantea una serie de compromisos para acabar con la inseguridad, como extender la prisión permanente revisable a violadores reincidentes y depredadores.
Cuando el Gobierno central hace caso a nuestras propuestas es cuando acierta
Por último, también se ha decidido retrasar la entrada en vigor de la facturación electrónica para autónomos y pymes, que había generado duras críticas. Finalmente, el nuevo reglamento de sistemas, Verifactu, se ha decidido dejar para el 1 de enero de 2027.
«Una vez más, cuando el Gobierno central hace caso a nuestras propuestas es cuando acierta. Retrasar el uso del Verifactu es algo que venimos reclamando desde hace tiempo, al igual que miles de autónomos, quienes generan empleo y riqueza, y lejos de facilitarles su trabajo, el Gobierno de Sánchez continúa añadiendo cargas y trámites sin explicación, sin información y sin margen de maniobra», señaló la consejera de Empresa y Empleo, Marisa López Aragón.
La Administración autonómica sufre el lastre del déficit
Este decreto no es sólo para los ayuntamientos, que podrán destinar su remanente de tesorería, sino que también afecta a las comunidades, que podrán destinar su superávit a inversiones financieramente sostenibles, incluyendo la construcción de vivienda. Desde el Partido Socialista de la Región, señalan que, en este caso, la Región de Murcia, que cerró 2024 con un déficit de 478 millones de euros (el segundo más alto del país) no se podrá acoger a esta medida. «En cualquier caso, entendemos que, aunque tuviera superávit, tampoco lo destinaría a solucionar el problema del acceso a la vivienda en la Región», agregan.
Sobre las ayudas a propietarios por impago, creen que es una medida «que debería traducirse en una mayor oferta de viviendas en alquiler«. Se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, mediante real decreto.
Asimismo, recuerdan que las balanzas fiscales ya se publicaron durante el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero y dejaron de publicarse en el año 2008, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. «El Ministerio de Hacienda las va a volver a publicar mediante metodologías validadas para ofrecer esos datos con la máxima rigurosidad. Consideramos que se trata de una medida positiva, como todas las que suponen una mayor transparencia e información a la ciudadanía», manifiestan.
Por último, confían en que el retraso de Verifactu permitirá «hacer más pedagogía con la herramienta» y que «los creadores del software mejoren la interfaz».