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De Vera está imputada por cinco delitos: malversación, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y organización criminal
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El director de Carreteras presionaba para sacar adelante licitaciones y posteriormente daba una puntuación elevada
El juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, toma declaración este lunes a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, por su implicación en posibles adjudicaciones indebidas. Ambos deberán aclarar si prestaron ayuda al exministro José Luis Ábalos para que los contratos de obras públicas proyectados por la presunta trama «pudieran llegar a buen término».
El magistrado decidió imputar a Pardo de Vera y Herrero después de que el juez del Tribunal Supremo que investiga a Ábalos y al exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán por este mismo caso viese «indicios consistentes» contra ellos y dejase en sus manos la decisión.
La base para imputarles reside en uno de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Cerdán. En él, los agentes detallaron que Pardo de Vera y Herrero podrían habrían «podido prestar asistencia» a Ábalos a través de su exasesor Koldo García, que se valía de los dos altos cargos para ejercer una «manipulación» sobre los procesos de contratación.
Ambos investigados habrían facilitado información conveniente sobre los diferentes expedientes, la salida a licitación de otros o para las reclamaciones en los concursos públicos. Sus nombres también aparecieron en las grabaciones de audio de Koldo García en relación con varios contratos cuyas adjudicaciones habrían sido irregulares.
Habrían ayudado en las adjudicaciones
En un archivo sonoro, el exasesor pedía a Pardo de Vera una adjudicación «de emergencia» a la constructora Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). La entonces presidenta de Adif alegó que acababan de conceder una «de 700.000» euros hacía poco tiempo y que otorgarle otra iba a resultar sospechoso, aunque le dijo que iba a «sopesar las opciones para poder adjudicarle alguna obra».
«Solo un mes más tarde, Adif propuso directamente a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia por 592.053 euros», añadió la Guardia Civil.
En el caso de Herrero, la UCO informó de que participaba en las presuntas adjudicaciones aprovechando su ámbito de actuación para favorecer las contrataciones y dar altas puntuaciones técnicas y económicas a los proyectos.
De ese modo habría favorecido, por ejemplo, que la construcción de tirantes para el Puente del Centenario de Sevilla recayera en Acciona, ya que, según una conversación entre Koldo García y Ábalos, el director de Carreteras fue el encargado de presionar para sacar adelante la licitación y posteriormente le habría concedido una puntuación elevada.
En los audios se aprecia, además, el interés por «salvar» a Herrero de una posible destitución. García avisó a Cerdán, señalando que «lo tiene que salvar, cueste lo que cueste». El ex secretario de Organización socialista, por su parte, sostenía que no se podían «cargar» a Hierro. «Va a contar lo que hay», señalaba.
Las mascarillas de Soluciones de Gestión y la contratación de Jésica Rodríguez
A la par que el juez Moreno acordaba investigar a los dos ex altos cargos en una pieza separada, autorizaba el registro de sendos domicilios por parte de la Guardia Civil con el fin de averiguar «la verdadera realidad de las operaciones mercantiles».
En la vivienda de Pardo de Vera en Santiago de Compostela, los agentes encontraron un documento relativo a un suministro de cinco millones de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama.
Tras este hallazgo, la Audiencia Nacional amplió el catálogo de delitos y añadió cohecho, prevaricación y organización criminal a los ya investigados de malversación y tráfico de influencias, lo que eleva a cinco los delitos imputados a la expresidenta de Adif.
La jefa de Jésica Rodríguez en Tragsatec afirma que le pidieron desde Adif que la dejara de «acosar»
Pardo de Vera, además, está imputada desde el pasado mes de mayo por la presunta contratación irregular de la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, en dos empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes, Ineco y Tragsatec.
En su declaración como testigo en el Tribunal Supremo, la propia Rodríguez afirmó que ni en una ni en otra empresa prestó actividad profesional o laboral de ninguna naturaleza, «que ni siquiera asistía su puesto de trabajo, aunque percibía puntualmente los correspondientes salarios durante aproximadamente, uniendo ambos periodos, dos años y medio».
Por otro lado, Virginia Barbancho, encargada de supervisar en la empresa pública Tragsatec el trabajo de Jésica Rodríguez, ha explicado en varias ocasiones que detectó «irregularidades» en el trabajo de su empleada. Además, intentó durante varias semanas que fichara pero le presionaron para que hiciera «la vista gorda» y dejara de «acosarla». Esta orden habría venido desde la Presidencia de Adif, que le indicó que la joven era «sobrina» de Ábalos.