La Policía y la Guardia Civil tuvieron conocimiento en 2024 de 479 usurpaciones y allanamientos, de los que se esclarecieron 302
Un agente de la Policía Local de Alguazas mira cómo un obrero tapia una casa okupada. / Policía Local de Alguazas
Ana LucaS 25 AGO 2025 6:02 LA OPINIÓN
Un total de 142 personas fueron investigadas (algunas de ellas, incluso detenidas) en 2024 en la Región por allanamiento o usurpación de inmuebles, según los datos que maneja Interior.
El Ministerio que dirige Grande-Marlaska obtiene estos datos de los que le remiten la Policía Nacional, la Guardia Civil y las diferentes Policías Locales que proporcionan cifras al Sistema Estadístico de Criminalidad.
El dato de 142 investigados en 2024 supone un ligero descenso respecto al de encausados el año anterior, cuando fueron 150. En el caso de 2022, la cifra es de 131, refleja la web del Ministerio.
Cabe reseñar que, con la ley en la mano, no es lo mismo el allanamiento de morada que la usurpación. El primer delito hace referencia a la entrada o permanencia sin permiso en una casa habitada, mientras que el segundo es la ocupación de un domicilio que no es residencia habitual de su dueño. Esto es, la diferencia radica en si la casa en la que alguien se mete a vivir sin permiso está habitada o no.
Por tanto, si alguien entra sin permiso en una vivienda donde vive gente, estaría cometiendo allanamiento, que es un delito contra la intimidad y la inviolabilidad del domicilio. Por contra, si una familia se mete en una casa vacía (por ejemplo, propiedad de un banco), sería usurpación, que es un delito contra la propiedad.
Las penas se deben endurecer para para proteger mucho mejor el derecho fundamental a tener una vivienda
Interior también da el dato de victimizaciones por años y por comunidades: en la Región, en 2024, constan 217, en 2023 fueron 160 y en 2022 un total de 221.
La Policía y la Guardia Civil tuvieron conocimiento el año pasado en la Comunidad de 479 usurpaciones y allanamientos (así constan como hechos conocidos), de los que se resolvieron 302 (hechos esclarecidos, según las estadísticas de Interior).
Estas cifras implican una leve subida respecto a las del anterior periodo a contabilizar, 2023, cuando constan 435 hechos conocidos y 289 resueltos.
El abogado murciano José Manuel Hernández Benavente explica que «en los últimos años he visto y llevado temas de usurpación y, si entran sin violencia hacia las personas, tristemente el delito se queda en nada, de 3 a 6 meses». «Incluso puede dar lugar a que, si los delincuentes son condenados, lo sean por un delito leve, delitos que no son computables a efectos de reincidencia», manifiesta.
El letrado pone el acento en lo que está pasando «sobre todo, en estos últimos dos años», en el transcurso de los cuales «que todos hemos visto vídeos de cómo personas han escalado fachadas para entrar por la ventana a casas habitadas para okuparlas ilegalmente; en estos casos nos encontramos ante un delito de allanamiento de morada, pues se trata de la vivienda habitual, pero las penas vuelven a ser irrisorias, pues van de seis meses a dos años de prisión». De esta manera, «un delincuente sin antecedentes penales nunca entraría en prisión, si su letrado pidiera la suspensión de la pena», sostiene.
Las cifras
- 217 victimizaciones por allanamiento y usurpación en 2024 en la Comunidad
- La Policía y la Guardia Civil tuvieron conocimiento el año pasado de 479 okupaciones, de las que se esclarecieron 302 en la Región
Hernández Benavente insiste en que «para que el delito tenga consecuencias más gravosas debe haber violencia o intimidación, y eso yo rara vez lo he visto» en los okupas.
«Considero que las penas para este tipo de delitos, que están aumentando, se deben endurecer», opina este profesional, que expone que «el allanamiento de morada sin intimidación debería partir de los dos años y un día y no de los seis meses, y el de la usurpación sin violencia debería ser considerado un delito grave, con la pena mínima idéntica de dos años y un día». «Con ello se protegería, a mi entender, mucho mejor el derecho fundamentan a tener una vivienda y, además, a preservarla», sentencia.
Recientemente, saltó a nivel nacional qué se está haciendo para desalojar okupas en Alguazas: cuando salen de la casa, aunque sea un momento, se corta la luz y el agua, se quita la puerta y se levanta un muro de ladrillo que les impide volver. El método tiene adeptos y detractores.
Por su parte, el abogado cartagenero Antonio Casado Mena opina sobre el tema de la okupación que «desde el punto de vista normativo está fatal regulado». «Y está mal regulado porque nuestros gobernantes quieren que esté así de mal regulado, de eso no tengo duda alguna», asevera.
A su juicio, «este tipo de asuntos se podrían regular perfectamente por juicios rápidos, ya que su instrucción es (y sería) presumiblemente sencilla».
La mayoría son personas con antecedentes penales, gente chunga y de dudosa reputación
«Y podríamos tener sentencia en dos días. De hecho, quien lo cambió en 2015 fue el PP, nadie más, aunque la gente no lo recuerde», hace hincapié.
Casado Mena recalca que «los gobiernos de Rajoy redujeron la pena del delito de usurpación y eso llevó (y conllevó) que no se pudiera tramitar por instrucción rápida y sencilla», esto es, por juicio rápido. Tal y como está el asunto ahora, «no se resuelve en dos días, sino en varios meses», lamenta este profesional.
El conocido penalista es crítico con los populares al precisar que «ahora se les llena la boca diciendo que los okupas tenían que estar fuera de las casas en dos días, cuando fueron ellos quien eliminaron esa posibilidad».
Además, el cartagenero se detiene en el hecho de que «nunca o casi nunca se encuentra en las casas okupadas gente que realmente esté en un estado de necesidad sobrevenido de una ruina, con hijos y que merezca que un Estado social como el nuestro le eche una mano». «Todo lo contrario».
«La mayoría son personas con antecedentes penales, gente chunga y de dudosa reputación. Eso es así. Guste o no guste», asegura Casado Mena, que insiste en que es lo que ha visto en su experiencia como abogado y algo también sabe la Policía. «Aunque no sea políticamente correcto le diré que desde las administraciones públicas nadie, absolutamente nadie, va a hacer estudio alguno sobre el perfil del okupa en España en 2025», destaca el letrado, que tiene claro que, si se hiciese tal investigación, «sería curioso el resultado».