A diez trabajadores, entre ellos sanitarios y miembros de la dirección, se les atribuye la presunta autoría de un delito de homicidio por imprudencia y al resto, delito de encubrimiento
Los resultados de las pesquisas de la Benemérita respaldan la versión denunciada por una auxiliar anónima en septiembre de 2022, cuando ocurrieron los hechos
Doce trabajadores de la residencia de mayores San Isidro de Yecla, sanitarios y miembros de la dirección, están siendo investigados por la Guardia Civil como responsables y encubridores de la muerte de una anciana residente en septiembre del pasado año 2022. A diez de los empleados investigados se les atribuye la presunta autoría de un delito de homicidio por imprudencia y al resto, delito de encubrimiento.
Una empleada del geriátrico advirtió el año pasado, a través de una carta anónima de la cual informó LA OPINIÓN, de que una anciana había fallecido por negligencia del centro y acusó a la dirección del mismo de amenazar a los empleados para que las verdaderas causas de la muerte de la usuaria no salieran a la luz.
Según informó la trabajadora, la anciana salió sin permiso al exterior y sufrió una caída de la que no pudo recuperarse, y no falleció de muerte natural como informaron desde la residencia. Según explicó la auxiliar en el escrito, la anciana, después de cenar y aprovechando que las cuidadoras no estaban en el comedor porque era la hora de acostar a los residentes, burló las normas del centro y salió con su andador al patio interior, desde donde se dirigió a la zona del parking gracias a que la puerta del patio estaba rota, sin que nadie se diera cuenta.
La empleada lamentó que una de sus compañeras, que hacía el turno de noche, no hizo bien su trabajo, ya que debía cerciorarse en una primera ronda de que todos los usuarios estaban en sus camas, pero no lo hizo y no se dio cuenta de que la anciana no estaba acostada.
Fue de madrugada, durante la ronda de las 00.00 horas, dedicada al cambio de pañales, cuando notaron que la residente no estaba y comenzaron a buscarla. Dos horas después, alrededor de las dos de la mañana, encontraron su cuerpo sin vida en el parking. Según denunció dicha empleada, la directora de la Residencia San Isidro de Yecla ordenó a varias auxiliares que asearan el cuerpo de la anciana y lo dejaran en la habitación, para después llamar al 112 y decir que la mujer había sufrido una muerte natural y se había caido de la cama.
Ahora, la investigación llevada a cabo por la Policía Judicial de la Benemérita, ordenada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Yecla para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la anciana, ha respaldado la versión del escrito de la auxiliar anónima tras hallar incongruencias en las declaraciones de los empleados. Las pesquisas han culminado con 12 personas investigadas como presuntas autoras de los delitos de homicidio por imprudencia y de encubrimiento.
La Guardia Civil obtuvo la documentación aportada tanto por la gerencia del centro socio-sanitario, como de otros organismos oficiales de inspección hasta averiguar la identidad de los empleados que, en la tarde noche del día en que la mujer falleció, se encontraban trabajando en la residencia. Los testimonios y el resto de indicios que los investigadores fueron recopilando permitieron detectar ciertas incongruencias que alumbraban a comportamientos irregulares de algunos de estos empleados, hasta el punto de deducir que la muerte no se produjo en la habitación de la anciana, si no que ocurrió en el parking del recinto geriátrico, como anunciaba el escrito anónimo.
Los indicios obtenidos por los investigadores han permitido averiguar que, con la supuesta intención de ocultar a la familia esta circunstancia, trasladaron el cadáver hasta su habitación, lo asearon y avisaron entonces a los servicios médicos de urgencias.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Yecla.
La carta anónima denunció amenazas por parte de la dirección
La trabajadora que relató los hechos contó que, a la mañana siguiente de que ocurrieran, en el centro hicieron una reunión de emergencia con todos los trabajadores y la directora «nos insultó y amenazó con despedirnos si hablábamos entre nosotros o con alguien de fuera sobre lo sucedido». «Repitió varias veces que habíamos firmado un contrato de condencialidad, pero en ese contrato no entran los actos delictivos ni los encubrimientos ilegales», señaló.
Este supuesto comportamiento por parte del centro llevó a pensar a la auxiliar que denuncia los hechos que no es la primera vez que algo así ocurre en la residencia: «Actuaron con mucha rapidez y diligencia».
«No quiero tener remordimientos y quiero que se sepa la verdad de lo sucedido, lo que decidan hacer con esa verdad ya está en sus manos», escribió la empleada. «No dejen que esto caiga en saco roto, no deben salir impunnes de esta atrocidad que han cometido», pidió.