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La Casa Blanca anunciará la recaudación de 5000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza
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La Carta fundacional establece el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en la Franja
Una treintena de líderes internacionales, o sus representantes., se reúnen este jueves en Washington para la primera gran cumbre de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump, el órgano concebido para pilotar la Gaza de la posguerra, pero no solo.
Trump quiere convertirlo en un mecanismo internacional más amplio, que rivalice con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e incluso pueda, en determinadas áreas, desplazarla como foro de resolución de conflictos globales. “Podría”, dijo Trump cuando un periodista le preguntó el pasado mes de enero si quería que eso sucediera. “La ONU simplemente no ha sido de mucha ayuda. Soy un gran defensor del potencial de la ONU, pero nunca ha estado a la altura”.
En ese contexto, Washington ha elevado las expectativas: cinco mil millones de dólares en ayuda humanitaria y reconstrucción ya comprometidos van a ser presentados formalmente en la cita de este jueves. La ambición política es evidente, pero también lo es el contraste con la realidad sobre el terreno.
Desde el 7 de octubre de 2023 han muerto más de 72.000 palestinos, la mayoría civiles, según estimaciones del ministerio de Salud de Gaza, consideradas fiables por Naciones Unidas. Y aunque dos años después se acordó un alto el fuego entre Israel y Hamás, la violencia no ha cesado.
De acuerdo a los últimos recuentos recogidos por agencias internacionales, desde la entrada en vigor de la última tregua auspiciada por EE.UU. han fallecido en la Franja de Gaza más de 600 palestinos en ataques puntuales, bombardeos y enfrentamientos en distintas zonas del enclave. La tregua, en términos operativos, sigue siendo frágil.
¿De dónde nace la Junta de Paz?
Formalmente, la Junta está respaldada por la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada bajo el Capítulo VII. En la práctica, es una estructura híbrida: legitimidad multilateral formal, pero con arquitectura política diseñada en Washington.
Este mecanismo forma parte del plan de paz de 20 puntos presentado por Trump y lanzado en la Cumbre de Davos de enero. Su objetivo, supervisar el tránsito desde la fase uno —alto el fuego y ayuda humanitaria— a la fase dos, centrada en desarme y reconstrucción estructural de Gaza.
La carta constitutiva también permite la creación de una fuerza internacional de estabilización, pero no define con claridad el estatus jurídico final del enclave costero. Tampoco fija plazos concretos o mecanismos de verificación adecuados, claves para la correcta implementación del plan a largo plazo. En la práctica, cualquier despliegue internacional dependerá de la coordinación con Israel, que mantiene el control del espacio aéreo y los accesos a la Franja de Gaza.
Por otro lado, para ser miembro permanente se exige una contribución de 1.000 millones de dólares y será Trump, nadie más, quien presida el órgano. El presidente tampoco tendrá límite de mandato explícito y su capacidad será total para designar y quitar membresías.
Por otra parte, la junta ejecutiva incluirá figuras políticas y financieras de alto perfil y supervisará el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), compuesto por 15 tecnócratas palestinos y liderado por Ali Shaath, un experimentado economista y funcionario palestino.
Este órgano gestionará la logística y la administración civil en la Franja, pero no tendrá función política. Y aquí llega la gran paradoja, dicen los detractores del proyecto Trump: un comité para lograr la paz y la reconstrucción de Gaza que no cuenta con representación palestina a nivel ejecutivo internacional.
El modelo, dicen, recuerda a experiencias anteriores de administración multilateral: Timor Oriental, Kosovo, Bosnia o Irak. Y la historia ofrece un patrón claro: cuando el diseño es excesivamente vertical y la legitimidad local limitada, la estabilidad suele ser precaria.
La exclusión de actores con capacidad real de influencia sobre el terreno, recuerdan los analistas, ha generado en otros contextos dinámicas de bloqueo y ese precisamente va a ser uno de los debates que sobrevuelen este jueves sobre la reunión de Washington.
Quién estará —y quién no— en Washington
La composición confirma que no se trata de una coalición universal, sino selectiva. Entre los países que han confirmado su participación se encuentran, en lo que respecta a Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Egipto, Arabia Saudí, Turquía, Jordania, Catar y Kuwait. Varios de ellos han coordinado su adhesión, subrayando el derecho palestino a la autodeterminación y la necesidad de estabilidad regional.
Indonesia ha anunciado su disposición a contribuir con tropas a una eventual fuerza de estabilización. También se han sumado países como Vietnam, Pakistán, Kazajistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Armenia y Mongolia.
En Europa, el respaldo es limitado y fragmentado, teniendo en cuenta que los países que participan como «observadores» no contribuirán ni con voto, ni con financiación económica. Estos son Bulgaria, Italia y Chipre. Hungría sí ha confirmado su adhesión como miembro de pleno derecho y la Comisión Europea estará presente en formato de observación, pero sin adhesión institucional al mecanismo de Trump.
Entre las ausencias relevantes se encuentran Francia, que ha rechazado formalmente la invitación, alegando preocupación por el papel de la ONU. También Alemania, que no se sumará en su forma actual; Polonia ha expresado reservas y México ha declinado integrarse como miembro, aunque sí enviará representación a Washington. Canadá quedó fuera después de que Trump le retirase la invitación a su presidente, Mark Carney, tras sus recientes tensiones y el Vaticano o España han confirmado que no participarán.
Tampoco estarán representados Líbano o Siria y otros países árabes como Argelia, Túnez u Omán han preferido permanecer al margen.
El resultado es una coalición de aliados estratégicos de Washington, economías emergentes y algunos actores regionales clave, acompañados por un círculo limitado de observadores europeos. Estados Unidos es, de momento, el único miembro permanente del Consejo de Seguridad.
¿Qué dicen los palestinos?
Sobre el terreno, la exigencia es clara: antes de hablar de reconstrucción o desarme, las facciones palestinas exigen que cese la violencia y piden garantías verificables de cumplimiento antes de avanzar hacia la segunda fase del plan auspiciado por Trump. La continuidad de ataques selectivos y operaciones militares, dicen, ha debilitado su confianza en la transición política propuesta por la Junta de Paz.
Hamás ha insinuado que podría congelar operaciones ofensivas durante un periodo prolongado si se consolida un cese real de la violencia y hay retirada completa israelí del enclave. Sin garantías firmes, sostienen, cualquier plan de futuro para Gaza se construirá sobre una base irreal e inestable.
Por su parte, la Yihad Islámica ha criticado la composición de la Junta por alinearse, a su juicio, con el ideario israelí de Benjamín Netanyahu. Organizaciones palestinas de derechos humanos insisten en que, sin mecanismos de rendición de cuentas y sin abordar el marco estructural de un conflicto con más de 70 años de historia, la iniciativa puede internacionalizar la gestión, pero no resolverá el problema de fondo.
En Cisjordania, la Autoridad Palestina observa desde fuera, pendiente de reformas internas aún por definir. Pero incluso en Ramala hay una coincidencia esencial: sin un alto el fuego plenamente respetado, cualquier plan político será prematuro y estará condenado al fracaso.
¿Qué esperar del encuentro en la Casa Blanca?
De la cumbre se esperan anuncios formales de financiación – los 5.000 millones de dólares ya comprometidos -, pero también cuestiones concretas: la activación del fondo estructurado para la reconstrucción, el detalle de cómo se realizarán los desembolsos o qué entidad fiscal supervisará su ejecución. Factores determinantes para evitar que los compromisos queden en meras declaraciones.
Igualmente, Washington quiere formalizar la arquitectura interna de la Junta: consolidar su junta ejecutiva – que incluye a Jared Kushner, Marco Rubio, Tony Blair, Ajay Banga, Marc Rowan o Robert Gabriel—, activar el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) y poner en marcha grupos de trabajo sectoriales en infraestructuras, energía, sanidad y gobernanza.
Respecto de la parte más operativa, países como Indonesia no solo han confirmado aportes de personal para la fuerza internacional de estabilización, sino que ya están movilizado contingentes iniciales, lo que implicará definir mandatos concretos – supervisión del desarme de Hamás y resto de milicias, seguridad y protección de civiles, formación policial, etc – y un mapa claro de coordinación con Israel, que controla los accesos y el espacio aéreo.
Un esfuerzo compartido, orientado a resultados, y que Trump insiste en presentar como una opción plausible al multilateralismo tradicional.
Pero más allá de compromisos operativos, militares o financieros, la legitimidad de la Junta de Paz dependerá de tres factores decisivos: el respeto efectivo del alto el fuego, la inclusión política real de los palestinos y la coherencia con el marco jurídico internacional.
Porque mientras en Washington se habla de potencial, en Gaza, los palestinos quieren medidas concretas: seguridad, reconstrucción real y un horizonte político creíble que termine con su desesperanza. Sin eso, ninguna arquitectura – por ambiciosa que sea – resistirá, aunque se empeñe Donald Trump.