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La dimisión de Mazón y el juicio al fiscal general del Estado han centrado la atención informativa esta semana
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Sánchez insiste en su idea de agotar su mandato, a pesar de la última amenaza de Junts
Dos noticias han copado las primeras páginas de los periódicos a comienzo de semana: Mazón dimitía por su responsabilidad en la errónea gestión de la dana. Y prácticamente en paralelo, el mismo día, empezaba el juicio al fiscal general del Estado acusado de filtrar, supuestamente, un correo del abogado del novio de Ayuso en el que reconocía que su cliente, González Amador, había cometido delito fiscal.
Como decíamos, en primera plana y a cuatro columnas, la dimisión de Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana. La presión de las víctimas venció la resistencia de Mazón y de Feijóo para que el president asumiera su responsabilidad por la nefasta gestión de la dana que le costó la vida a 229 personas.
En el Congreso de los Diputados, las víctimas decían que con la renuncia del president han conseguido su primer objetivo, que les queda el segundo: Mazón a prisión. Y se sienten orgullosas. Creen, y comparto, que protestar, denunciar, sirve. Que su presión a Mazón y a Feijóo ha dado resultado.
Escuchar, ver a los afectados contar cada uno de sus casos ha sido, es, desgarrador. No para el PP y VOX que fueron los únicos que no las aplaudieron. Solo lo han hecho una vez y tras la expresa petición de la víctima. Lamentable.
Otra cosa es la gestión que está haciendo Alberto Núñez Feijóo de este vacío de poder. Después de todo lo que han pasado y siguen pasando miles de valencianos, que el líder nacional del PP quiera a toda costa mantener su poder en esa comunidad autónoma, que empeñe su palabra con VOX en lugar de darle la palabra a los ciudadanos, no parece acertado. Incluso podría ser peligroso para sus intereses electorales de cara a las siguientes elecciones autonómicas y las generales.
En la trastienda del PSOE dicen que Feijóo ha vuelto a poner en bandeja a la izquierda la alerta de ‘que viene el coco’, de que vienen PP y VOX y que gobernarán juntos, si pueden.
Y mientras esto ocurre en la política, la jueza de Catajorra sigue, pasito a pasito, cercando con su instrucción a Mazón, todavía protegido por el aforamiento, ya que mantiene su acta de diputado autonómico. No se ha ido del todo, vaya. Lo último es que Ruiz Tobarra ha citado en su juzgado al núcleo duro del expresident. Ha llamado a todo el que puede saber qué hizo o no, que dijo o no Mazón mientras 229 personas morían y otras miles lo perdían absolutamente todo.
Da la impresión de que por este camino la jueza entregará prácticamente hecha la instrucción para que el Tribunal Superior de Valencia juzgue al expresident.
Y siguiendo en los tribunales, miremos al Supremo.
Cuanto nos habríamos ahorrado, cuanto se habría ahorrado González Amador, si la mano derecha de su pareja, de la presidenta de Madrid, no hubiera lanzado un bulo sobre su fraude fiscal. Y sí, bulo, una noticia falsa, ya que así lo reconoció Miguel Ángel Rodríguez, alegando que como periodista no necesita una compulsa. Se equivoca, un buen periodista comprueba y contrasta sus noticias, verifica antes de publicarlas.
Frente a esa versión, las de, estos sí, periodistas con fuentes, asegurando que el fiscal general no les filtró el correo del abogado del novio de Ayuso en el que admitía que su cliente ha delinquido, que ha defraudado a Hacienda por cuantías con muchos ceros. Esos periodistas han asegurado ante el Supremo que tenían la información antes de que García Ortiz consiguiera el e-mail del abogado. Pero claro, al ser periodistas rigurosos, tienen, por supuesto, que cumplir con su obligación constitucional: proteger a sus fuentes y eso les impide, explicaban, demostrar la inocencia de García Ortiz aunque saben que lo es, según dicen.
Así las cosas parece que en el procesamiento del fiscal general se ha invertido la carga de la prueba. Es decir, parece que es García Ortiz quien tiene que demostrar su inocencia, que se saltan el principio de la presunción de inocencia.
Por cierto, mala semana para el novio de Ayuso, ya que unos días después la Audiencia de Madrid confirmaba su procesamiento por fraude fiscal y falsedad documental. Es decir, va al banquillo. Ustedes dirán.
Sánchez insiste en agotar la legislatura
Y de vuelta a lo estrictamente político, el presidente del Gobierno ha reiterado su intención de agotar la legislatura en 2027, haya o no PGE; e incluso, cosa casi imposible, se mantiene en que los va a presentar.
Es su respuesta después de saber que Junts intenta, otra vez, poner piedras en el camino a Pedro Sánchez en su intención de agotar su mandato. Dicen los de Puigdemont que sus siete diputados, imprescindibles para el Gobierno de coalición, se opondrán a todas las iniciativas legislativas que ya están en marcha y también las nuevas que vayan entrando en el Congreso de los Diputados. «La legislatura queda bloqueada» según Nogueras. No para Sánchez.
Los argumentos de Junts, los mismos que antes: el PSOE no cumplen sus compromisos con ellos. La respuesta de Moncloa, igual que ante otras amenazas: lo que depende solo de ellos se ha cumplido o está en trámite de cumplirse. Que ellos siguen con la mano tendida.
De tanto amagar pierde fuerza Junts, parecen más movimientos efectistas de que otra cosa. Y es que, al menos de momento, no van a sumar sus votos a los de PP y VOX para una moción de censura. Eso sería lo único plenamente eficaz para acabar con el Gobierno de Sánchez.
Día a día comprobaremos si lo de Junts es una estrategia más para poner en un brete al presidente del Gobierno o si aprietan el botón rojo.
El líder del PP ha pedido al presidente Sánchez que disuelva la Cortes y convoque elecciones. Por enésima vez. Y en la agenda, el miércoles comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso. Unas cinco o seis horas de debate sobre todo lo que hay en las agendas política y judicial