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La Sala de lo Penal ha desestimado el recurso de apelación del exsecretario de Organización del PSOE
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Cree que existe el riesgo de obstrucción de la investigación que justifica la medida cautelar de prisión
La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán seguirá en prisión provisional por riesgo de destrucción de pruebas ante los indicios «nutridos y poderosos» de su «papel directivo» en la presunta trama de cobro de comisiones con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García a cambio de adjudicaciones de obra pública que investiga el caso Koldo.
Ante el recurso de los abogados de Santos Cerdán contra la decisión del juez instructor Leopoldo Puente de enviarle a prisión provisional, comunicada y sin fianza por la comisión de posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, el tribunal se muestra de acuerdo con el juez instructor en que existe el riesgo de obstrucción de la investigación.
La Sala ve justificada la medida cautelar de prisión por los indicios hallados en la instrucción de que el recurrente ejercía un «papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes» en la trama que investiga el cobro de comisiones a partir de la adjudicación de obras públicas a distintas empresas.
«Está racional, objetiva y detalladamente fundada la consideración del Magistrado Instructor de existir un peligro de que pueda perjudicarse irremediable y gravemente la investigación por una actuación obstruccionista del recurrente», señala el auto de la Sala.
Los indicios de su participación en la trama son «nutridos y poderosos»
Los indicios recogidos en la instrucción sobre la actuación delictiva y la participación de Santos Cerdán en la trama «son nutridos y poderosos«, afirma la Sala frente a las alegaciones de la defensa de que la medida cautelar se ha adoptado sin que aparezcan elementos de criminalidad suficientes contra el investigado.
Entre esos indicios la Sala destaca el «conjunto de conversaciones telefónicas protagonizadas por los propios investigados y que resultan claramente indicativas y confirmatorias de la realidad que se investiga, todas ellas encontradas en dispositivos electrónicos que se incautaron con ocasión de la entrada y registro efectuado en el domicilio de Koldo García Izaguirre».
En su auto, la Sala indica que el instructor ve estas conversaciones «extraordinariamente elocuentes de la realidad de los hechos, de la participación en ellos de los investigados y de que el recurrente ostentaba en la trama unas funciones preeminentes y de dirección».
Varias de las conversaciones que han sido subrayadas por la Fiscalía en su informe de impugnación del recurso de Cerdán también se recogen en este auto, en el que también se ha valorado el conjunto de mensajes de texto que el exsecretario de Organización del PSOE envió a Koldo García, cuando Ábalos acababa de ser nombrado Ministro de Transportes.
La Sala de Apelación del Supremo rechaza que el auto vulnere la presunción de inocencia o se haya dictado desde una perspectiva inquisitiva como argumentaba el recurso, al considerar que la medida cautelar se había adoptado sin indicios de criminalidad suficientes contra el investigado y que los elementos probatorios recabados son escasos.
Sobre la supuesta vinculación entre Cerdán y la empresa Servinabar el recurso de Cerdán argumenta que el recurrente no tenía capacidad para administrar la mercantil y desautoriza los indicios de los que el instructor extrae la conclusión argumentando que la transferencia de dinero de la empresa a la Fundación Fiadelso la tuvo que hacer Antxon Alonso que fue quien recibió el correo confirmando la operación y que el documento por el que se transmitían al recurrente el 49% de las participaciones en el capital social era un borrador que nunca se elevó a escritura pública y que el propio recurrente dejó sin efecto.
El recurso también alegaba que las grabaciones no tienen fuerza incriminatoria por no haber constancia de que los dispositivos electrónicos recogidos en las entradas y registros contuvieran efectivamente esas conversaciones, sobre todo, cuando su representación procesal no ha participado en el volcado de los dispositivos. Y cuestionan su credibilidad porque fueron incautados a Koldo García argumentando que ha sido colaborador habitual de la Guardia Civil y que las conversaciones constituyen una provocación delictiva dirigida hacia el recurrente y que, en tal concepto, no puede tener valor probatorio.
Solo Santos Cerdán parece conocer el destino del dinero
El Tribunal Supremo comparte con la Fiscalía la sospecha de que sólo Santos Cerdán parece conocer el destino que dio al dinero, cómo se pagaron las presuntas comisiones por adjudicaciones irregulares de obra pública y dónde podría haber quedado depositado el dinero.
«Existen indicios de que el recurrente, que niega cualquier responsabilidad, conoce a todos los que pagaron estas comisiones y sabe cómo le fueron pagadas, además de saber los conceptos con los que pudieron maquillarse los pagos y, quizás, incluso la propia procedencia bancaria de los fondos», explican.
Siguen así los magistrados la tesis del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien argumentó la necesidad de que el ex número 3 de PSOE siga en prisión ante su «capacidad» para «ocultar pruebas», «condicionar a testigos o investigados» e influir en los «aún desconocidos» pagadores de los supuestos amaños para oponerse a su salida de prisión. Y precisamente a esto último alude el Supremo al recordar que la investigación aún no ha «desvelado la totalidad de empresas que fueron finalmente beneficiadas; ni qué sujetos las representaban y mantuvieron contacto» con Cerdán.
Recuerda el tribunal que la constructora Acciona obtuvo adjudicaciones del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos —también imputado—por obras de un total de 537.271.005 euros. Por estas adjudicaciones, añade el auto, «se ha desvelado un flujo monetario de alrededor de un millón de euros«, una cantidad exigua, según el juez instructor, en esta clase de operaciones delictivas.
Según determina ahora la Sala de Apelaciones del TS, el riesgo de perjudicar las pesquisas si se dejara a Cerdán en libertad «no es el genéricamente apreciable en la fase inicial de cualquier otra investigación», ya que de la conversaciones intervenidas «se infiere fundadamente que el recurrente ejercía un papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes».