Bloques de apartamentos o casas unifamiliares están pendientes o han comenzado ya a edificarse sin que les afecte la moratoria urbanística
LA OPINIÓN
El ladrillo avanza en La Manga del Mar Menor para ocupar los escasos huecos que quedan libres en esta estrecha pero larga franja de arena. Las promociones inmobiliarias que no se han visto afectadas por la moratoria urbanística de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor de 2020 continúa o están a punto de comenzar en medio de una fuerte contestación social que crece por momentos. En Cartagena, el caso de la edificación de un chalé en la Cala del Pino ya ha derivado en protestas e intentos de paralización de las obras, como el de este miércoles.
Los ayuntamientos de Cartagena y San Javier se escudan en que la prórroga que contempla la norma regional de la laguna únicamente bloquea los proyectos que no fueron aprobados antes de entrar en vigor la ley y aquellos que se plantean sobre suelo urbano no consolidado. Por delante queda la construcción de más de 500 viviendas entre ambos municipios, según datos facilitados por ambos consistorios, con varios bloques de apartamentos turísticos en el tramo de San Javier o casas unifamiliares cuyas licencias se dan con cuentagotas.
Con la norma en la mano, los ayuntamientos alegan que no se pueden oponer a los desarrollos urbanísticos si los papeles están en regla, como ocurre en la Cala del Pino, uno de los pocos espacios naturales que quedan sin edificar en La Manga. Allí, en la franja de Cartagena, la presión urbanística es tal que ya no hay espacio para grandes promociones, sino únicamente el Consistorio gestiona permisos para viviendas tipo chalets o levantar edificios multiusos municipales.
En San Javier, las novedades urbanísticas se ubican frente a la playa del Pudrimel, en el kilómetro 16, donde se construirán 88 viviendas destinadas a uso turístico en suelo urbano consolidado y cuyas obras han comenzado ya. Al norte del Estacio también se prevé la edificación de 116 apartamentos pensados para turistas, mientras que al sur del Puerto de Tomás Maestre, cerca del pabellón deportivo, están previstas otras 300 viviendas en un proyecto urbanístico que se ha desarrollado en tres fases. Junto a esto, también llegan solicitudes para viviendas unifamiliares.
Licencias antiguas
Antonio Martínez, concejal de Urbanismo de San Javier, señala que muchas de estas promociones cuentan con licencias muy antiguas, de antes de la moratoria e incluso de casi dos décadas. En el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de San Javier, aprobado de forma provisional, el concejal defiende que se han llevado a cabo algunos cambios en la calificación del suelo en La Manga para apostar por el uso terciario (hotelero o apartamentos turísticos) antes que residencial.
«El objetivo es romper la estacionalidad turística y evitar la residencia colectiva», señala, «las normas del plan general obligan ahora a las promotoras a ejecutar edificios hoteleros sostenibles, con elementos constructivos respetuosos en donde se apueste por la eficiencia energética».
La promotora inmobiliaria Blue Diamond Resorts, que lleva a cabo la construcción de los polémicos apartamentos en Cala Flores (Cabo de Palos), también está edificando un bloque de 44 viviendas en la zona de Miradores del Puerto, pasado el canal del Estacio, una obra que está cerca de culminar y que obligará a ceder una parcela al Ayuntamiento de San Javier para levantar un edificio polivalente. Más al norte, en Veneziola, señalan fuentes de la empresa, tienen proyectado un nuevo resort de dos edificios cuya licencia está solicitada pero la moratoria obligará a paralizarlo hasta que se resuelva el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor.
La batalla contra el ladrillo continúa por parte de los colectivos vecinales y ecologistas, quienes convocarán una protesta el 2 de abril, a las doce de la mañana, en la Cala del Pino y la Playa del Turco.
Los vecinos tratan de frenar las obras en la Cala del Pino
La construcción de un chalet en la Cala del Pino ha derivado en una disputa entre el Ayuntamiento de Cartagena y el Ministerio para la Transición Ecológica. Este miércoles comenzaban las obras para acondicionar la parcela donde se levantará una vivienda cuya licencia se obtuvo antes de la moratoria urbanística del Mar Menor. Pese a ello, los vecinos denuncian que no se puede tolerar más construcciones en La Manga, por lo que varios de ellos trataron de impedir el trabajo de una retroexcavadora, sin éxito. Hasta el lugar se tuvo que personar la Guardia Civil.
Más allá de esto, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, trató ayer de lanzar la pelota al tejado del Gobierno central al justificar que es quien tiene la capacidad para detener la obra, «pues existe un acuerdo marco de protección del borde del litoral, dotado con 400 millones de euros, que contempla actuaciones como la compra de suelo para evitar mayores presiones al Mar Menor, algo que podrían hacer en este caso». La primera edil subrayó que, si por ella fuera, frenaría las obras, pero el consistorio no tiene la capacidad económica suficiente para comprar el terreno.
Ante estas declaraciones, el Ministerio para la Transición Ecológica acusó a Arroyo de desviar sus responsabilidades en materia urbanística hacia el Estado. Construcciones como la que ha comenzado este miércoles en la Cala del Pino o nuevas edificaciones en otras partes de La Manga del Mar Menor «evidencian la falta de voluntad del Gobierno regional y de los ayuntamientos de Cartagena y San Javier por revertir la depredación del urbanismo en el entorno de la laguna. De hecho, la exclusión temporal introducida en la Ley del Mar Menor (cuyo retraso critica), que solo se plantea para nuevos desarrollos urbanísticos, en la práctica se está evidenciando totalmente ineficaz».
El departamento de la ministra Teresa Ribera remarca que el Ayuntamiento tiene competencia para comprar los terrenos o solicitar a la Comunidad que los expropie, como ya ha hecho en El Carmolí con Cabo Cope. «El Ministerio no entiende que el Ayuntamiento no esté resolviendo sus competencias urbanísticas para solucionar el daño ambiental que se está provocando con su actitud pasiva».