Manuel Martínez Alcayna murió a tiros en una calle de Caravaca el 11 de agosto de 1934, cuando investigaba la desaparición de la reliquia más venerada de la ciudad
Vecinos de Caravaca acudieron a la Basílica tras conocer el robo de la Vera Cruz / A. C.
Antonio Medina tenía ocho años y jugaba frente al Ayuntamiento de Caravaca cuando comenzaron los disparos. Era el 11 de agosto de 1934. El pequeño no tenía nada que ver con las disputas políticas del pueblo, ni con los asuntos del juzgado, ni mucho menos con el robo de la Vera Cruz, que llevaba casi seis meses desaparecida. Y una de las balas le alcanzó en el vientre.
Los disparos iban dirigidos contra Manuel Martínez Alcayna, el abogado que durante aquellas semanas ejercía las funciones de juez de instrucción. Acababa de salir de la cárcel, donde había practicado unas diligencias, y caminaba acompañado por un funcionario judicial. José de Luelmo Asensio lo estaba esperando. Cuando lo tuvo a su alcance, abrió fuego.
El juez recibió un disparo en el pecho y cayó mortalmente herido. El agresor intentó disparar también contra el funcionario que lo acompañaba y efectuó otros dos disparos contra un teniente de alcalde. Uno de aquellos proyectiles alcanzó al niño, que fue trasladado a Murcia para que le extrajeran la bala.
La noticia recorrió rápidamente Caravaca. El fallecido era un hombre conocido, vinculado desde joven a la localidad, que acababa de anunciar que estaba cerca de resolver uno de los mayores misterios de su historia. El homicida tampoco era un desconocido. Había sido investigado por el robo de la Vera Cruz y era hermano de quien había sido alcalde del municipio hasta pocas semanas antes.
El asesino era muy conocido en la localidad, era hermano de quien había sido alcalde del municipio hasta pocas semanas antes
El entierro del juez se convirtió en una manifestación de duelo. Los comercios cerraron sus puertas y una multitud acompañó el féretro por las calles de Caravaca. El gobernador civil de Murcia acudió a presidir la ceremonia y visitó también al pequeño Antonio Medina, herido en el atentado.
La prensa y buena parte de la población se preguntaban si el asesinato tenía relación con las pesquisas judiciales. Había razones para sospecharlo. El juez había vuelto a interesarse por la desaparición de la reliquia y Luelmo figuraba entre quienes habían sido interrogados por aquel asunto.
La noche en que desapareció la Cruz
El 13 de febrero de 1934 era martes de Carnaval. En Caravaca se celebraba la Noche del Reventón, una costumbre que reunía a familiares y amigos alrededor de las tradicionales tortas fritas con chocolate antes de la llegada de la Cuaresma. Había bailes y reuniones, y la ciudad se disponía a cerrar el Carnaval.
A la mañana siguiente se descubrió que la Vera Cruz había desaparecido de su santuario.
El desconcierto fue enorme. La reliquia no era solamente un objeto religioso de extraordinario valor para los creyentes: formaba parte de la memoria de Caravaca y durante siglos había acompañado a sus habitantes en las celebraciones, las rogativas y los momentos de dificultad. Resultaba difícil imaginar el santuario sin ella.
Los primeros indicios del robo ofrecían una escena desconcertante. Unos niños habían encontrado una cuerda colgando de la muralla y un boquete en la puerta de San Lázaro. En el interior se apreciaban daños en el lugar donde se guardaba la Cruz.
Todo apuntaba a que alguien había entrado por la fuerza. Sin embargo, pronto surgieron dudas sobre aquella explicación. Eran muchos los que no creían que el ladrón hubiera accedido de ese modo al recinto. Otros se preguntaban por qué habían quedado allí objetos de gran valor que también podían haber sido robados.
La investigación comenzó en medio de una conmoción que desbordaba lo religioso. Caravaca vivía, como buena parte de España durante la Segunda República, un periodo de fuertes enfrentamientos políticos. Las sospechas terminaron mezclándose con las rivalidades entre vecinos y con las acusaciones que se dirigían unos grupos a otros.
El robo pronto se convirtió en noticia nacional. Llegaron investigadores y se nombró un juez especial. Hubo interrogatorios, detenciones y pesquisas que parecían conducir en distintas direcciones, sin que ninguna proporcionara una respuesta definitiva.
La tensión alcanzó uno de sus momentos más graves cuando una multitud exigió explicaciones al capellán del santuario, Ildefonso Ramírez Alonso. El sacerdote fue agredido y conducido entre empujones hacia el centro de la ciudad. Tuvo que intervenir la Guardia Civil, y también el alcalde, Miguel de Luelmo Asensio, para evitar males mayores. El primer edil contribuyó a proteger al sacerdote, que consiguió refugiarse en el Ayuntamiento.
La desaparición de la Cruz había abierto una herida que las investigaciones, lejos de cerrar, parecían agrandar. En mayo, la Audiencia Provincial acordó el sobreseimiento provisional del caso. Las personas procesadas quedaron libres por falta de pruebas y la reliquia continuó sin aparecer.
Durante el verano se llegó a ofrecer una recompensa de 2.000 pesetas, reunidas mediante una suscripción popular, a quien devolviera la Cruz o proporcionase una pista fiable. Caravaca estaba dispuesta a pagar por recuperar lo que había perdido. Pero la reliquia no aparecía.
La promesa de Martínez Alcayna
Manuel Martínez Alcayna conocía bien aquella ciudad. Había estudiado en el colegio El Salvador. Era abogado y había ejercido anteriormente funciones judiciales en la localidad. A comienzos de agosto de 1934, coincidiendo con las vacaciones judiciales, volvió a asumir temporalmente las funciones del juzgado para atender los asuntos urgentes.
No era el magistrado que había dirigido la investigación inicial del robo. Sin embargo, mostró un interés especial por la desaparición de la Cruz.
El cronista oficial de Caravaca, José Antonio Melgares Guerrero, recogió años después que Martínez Alcayna llegó a anunciar que estaba a punto de averiguar quién o quiénes habían sustraído la reliquia
Los periódicos recogieron la noticia del robo de la Vera Cruz de Caravaca / A.C.
La afirmación despertó expectación. Desde febrero habían circulado acusaciones, rumores y confidencias que nunca terminaban de confirmarse. El asunto había provocado detenciones, enfrentamientos y hasta una agresión multitudinaria. Ahora, cuando el procedimiento parecía haber quedado paralizado, alguien volvía a abrir la esperanza de hallar la reliquia.
Su interés por el caso quedó reflejado también durante el juicio celebrado por su asesinato. Eduardo López de Haro, el funcionario que lo acompañaba cuando fue tiroteado, declaró que el juez había llegado a decir que daría su vida por detener a los responsables del robo.
La prensa de la época señaló que, en la mañana del asesinato, se habían practicado diligencias relacionadas con la desaparición de la Vera Cruz. El asunto había regresado al juzgado y con él volvían antiguas tensiones.
No se conoce qué información había reunido Martínez Alcayna. Tampoco se ha podido documentar que hubiese llegado realmente a identificar a los ladrones. Sí sabemos que apenas tuvo tiempo de avanzar.
El 11 de agosto, José de Luelmo Asensio lo esperó en la calle y lo mató a tiros. La investigación del robo y la del asesinato quedaron desde entonces inevitablemente asociadas en la memoria de Caravaca. Para muchos vecinos parecía imposible que una cosa no tuviera que ver con la otra.
Pero la Justicia debía resolver una cuestión distinta: qué había hecho José de Luelmo y por qué.
Un juicio que no resolvió el misterio
El 24 de agosto de 1934 comenzó la vista ante el Tribunal de Urgencia de la Audiencia de Murcia. Apenas habían transcurrido dos semanas desde el asesinato.
La crónica publicada al día siguiente por el diario El Debate permite reconstruir algunos de sus momentos. José de Luelmo compareció ante los magistrados y reconoció haber matado a Martínez Alcayna.
Contó que había esperado alrededor de una hora en las inmediaciones hasta que apareció el juez. Sabía que este había acudido a tomar declaración a una persona relacionada con la investigación de la Vera Cruz.
Durante el interrogatorio también se habló de sus relaciones personales con la víctima. Luelmo explicó que había tenido un disgusto con Martínez Alcayna por motivos políticos, pero añadió que no llegó a mayores y ambos seguían saludándose.
Su hermano, Miguel de Luelmo, había dejado la Alcaldía el 20 de julio, después de que el gobernador civil destituyera al Ayuntamiento. La familia estaba vinculada a las disputas locales que habían acompañado la investigación del robo.
El fiscal pidió treinta años de reclusión mayor y una indemnización de 50.000 pesetas para los herederos del juez.
La Audiencia condenó al acusado a 33 años de prisión. Sin embargo, el juicio no proporcionó la respuesta que muchos habitantes de Caravaca esperaban. Según las investigaciones históricas publicadas sobre el proceso, no quedó acreditado que Luelmo hubiera disparado para impedir el descubrimiento de los responsables de la desaparición de la Cruz.
Era una cuestión decisiva. Una cosa era que el asesino hubiera figurado entre los sospechosos del robo y otra, que hubiera matado al juez para proteger un secreto.
Antonio Medina, el niño herido, fue visitado por el gobernador civil mientras recibía atención médica en Murcia. No hay, sin embargo, noticias posteriores que permitan conocer con certeza cómo terminó su recuperación.
La guerra cambió el destino de todos
José de Luelmo ingresó en prisión, pero no llegó a cumplir los 33 años impuestos por la Audiencia: en 1936 quedó en libertad al beneficiarse de la amnistía.
España entró poco después en una guerra que cambió el destino del país y, con él, de Caravaca. Durante aquellos años y en la posterior represión, numerosos vecinos sufrieron detenciones, condenas y muertes por razones políticas.
El nombre de José de Luelmo vuelve a aparecer en una documentación muy distinta de la del juicio de 1934.
Una certificación judicial conservada en los fondos de la Causa General lo incluye entre los encausados en un procedimiento militar cuya sentencia se dictó el 15 de agosto de 1939 en Caravaca. Era la causa número 366, seguida contra numerosas personas después de la Guerra Civil.
Dos meses después, el 20 de octubre de 1939, José de Luelmo fue fusilado en Caravaca. Su nombre figura entre las víctimas de la represión franquista identificadas en los registros de Memoria Democrática, asociado a una fosa del cementerio de la localidad. Habían pasado cinco años desde el asesinato de Martínez Alcayna. Mientras tanto, la investigación sobre la reliquia continuaba sin ofrecer una respuesta.
Terminada la Guerra Civil, las autoridades reabrieron las pesquisas. Volvieron a aparecer nombres que habían sido mencionados en 1934 y se recogieron nuevas declaraciones. Algunas de las acusaciones formuladas durante la posguerra fueron posteriormente retiradas por quienes afirmaron haber declarado bajo presiones y malos tratos.
El expediente avanzó entre nuevas actuaciones y sobreseimientos. En 1944, la Audiencia Provincial volvió a dejar sin efecto varios procesamientos por falta de motivos para acusar a los investigados.
Dos años antes, en 1942, habían llegado a Caravaca nuevas partículas de la Cruz de Cristo, procedentes de Roma, que permitieron restablecer el culto. La reliquia robada, sin embargo, no había regresado.
Las averiguaciones judiciales se prolongaron todavía durante años. El 23 de julio de 1959, un cuarto de siglo después de la desaparición, se acordó otro sobreseimiento provisional.
La Cruz original nunca fue recuperada.
Lo que quedó de aquella historia
Los años fueron borrando el recuerdo de sus protagonistas. El de Manuel Martínez Alcayna quedó unido para siempre a aquellos días de agosto en los que creyó posible descubrir a los ladrones. El de José de Luelmo, a una condena por asesinato y a un fusilamiento que llegaría cinco años después, en el convulso desenlace de la guerra.
Imagen original de la Vera Cruz de Caravaca / A. C.
La Vera Cruz que hoy se venera en Caravaca no es la que desapareció aquella madrugada de Carnaval. De la original quedan fotografías, descripciones y una extensa documentación judicial que nunca permitió recuperarla.
Los documentos conservan también el rastro de una tragedia que fue mucho más allá del robo de una reliquia. En ellos aparecen vecinos enfrentados, personas detenidas y después liberadas, una investigación que cambió varias veces de manos y la muerte violenta de un hombre que había asumido temporalmente las funciones de juez.
Todo ocurrió en una ciudad que, durante aquellos meses de 1934, vio cómo la desconfianza, la política y la violencia terminaban mezclándose de una forma que costaría décadas olvidar.