La Comunidad requerirá de nuevo explicaciones a Adif por las comisiones ilegales de la trama socialista con el AVE y el Corredor Mediterráneo a través de Acciona
Obras del AVE a su paso por Santiago el Mayor, en Murcia, a finales del año 2018, cuando Ábalos era ministro de Fomento. / J. C.
El Gobierno regional quiere tener una lista completa en la que figure un ‘inventario’ de obras públicas que fueron adjudicadas por el Ministerio de Fomento a la empresa Acciona durante los años en los que José Luis Ábalos fue responsable de la cartera y Santos Cerdán secretario de Organización del PSOE, «con el fin de despejar cualquier duda» después de que el último informe de la UCO confirmase hace esta misma semana que las mordidas del 2% de Acciona también llegaron a la Comunidad.
Así lo reclamará el Ejecutivo murciano de Fernando López Miras este lunes durante la reunión de la Comisión Técnica de Murcia Alta Velocidad: San Esteban volverá a exigir explicaciones de estas supuestas mordidas de la presunta trama de corrupción del Gobierno socialista en las obras del AVE en la Región, donde se habrían llevado, al menos, 550.000 euros en dos contratos públicos.
La Comunidad quiere así disipar todas las dudas requiriendo un informe que aclare la situación de cómo podrían haber ‘salpicado’ a la Región las supuestas mordidas, «no que se reenvíe los expedientes de los que ya se informó hace años», además de que la comisión técnica debería realizar todas las comprobaciones técnicas que sean necesarias «para acreditar la calidad técnica de las obras».
El exministro de Fomento se habría llevado 550.000 euros por los trabajos, apunta la UCO
Cabe recordar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluía esta misma semana que el 75,33% de los beneficios de la empresa Servinabar (cuya titularidad se atribuye en casi la mitad a Santos Cerdán) se corresponde con el 2% que había acordado que Acciona le pagara por obra adjudicada.
Según ese acuerdo, por las obras del soterramiento en Santiago El Mayor -cuyo coste ascendió a los 158.801.000 euros-; y por los trabajos de ejecución de obras del proyecto de construcción de la plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería, en el tramo Pulpí-Vera, -por importe de 121.196.734 euros-, la presunta trama de corrupción habría recibido esos 550.000 euros citados.
Hasta en cuatro ocasiones
«No se entiende que desde Adif no hayan informado motu propio de cualquier presunta irregularidad y que el Ejecutivo regional haya tenido que solicitar hasta en cuatro ocasiones la información, sin recibir hasta el momento el informe requerido», explican fuentes del Gobierno autonómico.
En concreto, sostienen que la Comunidad ya solicitó una aclaración de las investigaciones de la Guardia Civil sobre estos presuntos graves casos de corrupción en el seno de Adif en reiteradas ocasiones: por carta, tanto el 3 como el 28 de julio, así como en otras dos en reuniones formales de Murcia Alta Velocidad que tuvieron lugar el 19 de junio y 7 de julio, «cuando la propia Administradora de Infraestructuras Ferroviarias debería haber dado explicaciones de manera proactiva desde que se conocieron los informes de la UCO».
Las mismas fuentes apuntan a que en la reunión del 19 de junio desde el Ejecutivo murciano se solicitó verbalmente el informe de las actuaciones, a lo que desde Adif contestaron que no se disponía «de ninguna comunicación oficial sobre este asunto.
Adif defendió entonces que, «por un criterio de prudencia y diligencia institucional, por parte de Adif se analizará la documentación sobre los expedientes que pudieran verse afectados según la información que se dispone».
Reclaman que se evalúe la calidad técnica de las obras y el incremento de costes y materiales
No obstante, garantizaron que cuando se adoptase oficialmente alguna medida se trasladaría «oportunamente para conocimiento». A pesar de las distintas informaciones sobre la presunta trama de corrupción que vincula a Ábalos, Cerdán y Koldo y que se han ido sucediendo desde esa fecha, ese traslado no se ha producido, lamentan desde San Esteban.
Nuevamente, en la reunión del 7 de julio se volverían a exigir explicaciones por parte del Ejecutivo regional, a lo que se respondió que «no se considera competencia de esta comisión técnica el análisis de la cuestión planteada».
Desde Adif aseguraron entonces que «se está llevando a cabo la labor de recopilación de la información que se les ha requerido mediante mandamiento judicial del Tribunal Supremo».
Una respuesta vacía
Desde el Gobierno de López Miras afirman que la única respuesta ofrecida por escrito se produjo el 5 de agosto, pero en ella «no se aporta nada» de lo que solicitó la Comunidad, que era concretamente un informe elaborado donde se evaluase si efectivamente las obras se encontraban afectadas por esas posibles mordidas de dinero que recoge el informe de la UCO.
También se preguntó en aquel momento, insisten las fuentes del Gobierno regional, en qué medida podrían haber afectado a la calidad de los materiales empleados, a la ejecución de las obras o si, por el contrario, supuso un incremento injustificado de los costes, pero la respuesta fue carente de información en este sentido.
Ante estos hechos reiterados, lo que busca de una vez el Gobierno regional es un informe que aclare toda esta situación: «Continuaremos exigiendo responsabilidades en el Consejo de Administración ante la actitud de brazos caídos mostrado por Adif», señalan.