El Miteco incrementa los caudales en Aranjuez hasta 8 metros cúbicos por segundo lo que supondrá reducir los aportes a Murcia, Alicante y Almería una media de 70 hectómetros anuales, según denuncian los regantes
Imagen de archivo del Trasvase Tajo-Segura. / Tony Sevilla
D. Pamies | La Opinión
El Ministerio para la Transición Ecológica elevará el caudal ecológico del río Tajo a su paso por Aranjuez hasta los 8 metros por segundo desde el 1 de enero de 2026. Lo hará en aplicación de las previsiones de la Ley del actual ciclo del Plan Hidrológico de Cuenca del Tajo, vigente desde enero 2023, por el que el volumen de agua circulante por ese tramo del río ya se incrementó de 6 a 7 metros cúbicos por segundo en 2025. Los regantes creen que la decisión da otra puntilla al trasvase Tajo-Segura.
Para Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), el incremento es una «medida injustificada». «Altera el difícil equilibrio entre las dos cuencas sin beneficiar a ninguna de ellas», señaló quien es máximo representante de 80.000 regantes agrupados en 60 comunidades de Murcia, Alicante y Almería, beneficiarios del agua del Tajo desde hace más de cuatro décadas.
Considera Jiménez que «los únicos beneficiados, entre comillas, son los portugueses que estarán sorprendidos de ver cómo los españoles les entregan, sin problema, algunos miles de hectómetros hasta ahogarles, pero les discuten a compatriotas las migajas del trasvase»
Lucas Jiménez, presidente del SCRATS. / Matías Segarra
Riegos de Levante
Desde Riegos de Levante Margen Izquierda del río Segura, su presidente, Roque Bru, tiene claro que «todo lo que sea incrementar caudal ecológico en el Tajo, implica menos agua en los embalses de cabecera y, por consiguiente, menos agua disponible para trasvasar». En su valoración destacó, además, la importancia de contar con infraestructuras que conecten cuencas: «en España hay suficiente agua para todos bien administrada y realizando las obras de interconexión necesarias. Es una aberración que el Ministerio nos lleve a una sequía hidrológica si hay agua en España para todos».
«Los únicos beneficiados, entre comillas, son los portugueses que estarán sorprendidos de ver cómo los españoles les entregan, sin problema alguno miles de hm3 hasta ahogarles, pero les discuten a compatriotas las migajas del trasvase», asegura el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez
El también vicepresidente del SCRATS señaló que la cuenca del Segura necesita del trasvase del Tajo para cumplir con las demandas de los empresarios agrícolas, y «más con la mala situación que atraviesa históricamente» esta cuenca de sistémico déficit hídrico. Aprovechó para recordar que «hay que incidir en el nuevo ciclo de planificación -de 2028 a 2032, ahora en sus primeras fases de redacción y debate- para revertir estos caudales políticos que nos impusieron«.
Roque Bru Bonet, presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda del río Segura / Matías Segarra
Asaja
Desde la organización de agricultores de Asaja, creen, por su parte, que ese incremento «es una obligación que nos impone una Ley injusta. El caudal hay que subirlo para cumplir el plan de cuenca del Tajo», indicó Andreu. «Afortunadamente, la Naturaleza es más leve con nosotros que el Gobierno. Ante el incremento de caudales ecológicos del plan de cuenca, la naturaleza respondió con lluvia, y hemos tenido el mejor año de las últimas dos décadas», reiteró.
Además, enfatizan en la importancia de las históricas reservas del trasvase tras un año hidrológico con registros pluviométricos muy generosos en la cabecera del Tajo, donde se ubican los embalses que nutren de caudal el acueducto. Los reservorios han permitido autorizar el trasvase de más de 480 hectómetros cúbicos de agua a los regantes usuarios de esta infraestructura y para abastecimiento urbano.
«¿Lo entiende alguien?»
El decano en la representación de los regantes, Ángel Urbina, relaciona el incremento del caudal ecológico del Tajo con una política clara de «eliminar a los agricultores del uso del Acueducto Tajo-Segura, no darles ninguna alternativa», y señaló que «a los malditos políticos, que permiten esto y defienden mal su territorio, les señalaremos uno por uno. Para que los ciudadanos nunca los voten».
Urbina señaló que, paradójicamente, se trata de una situación que se produce con una reserva de agua en los embalses de cabecera que alimentan el trasvase de más de 1.000 hectómetros cúbicos.
Aumentar de 6 m3/s a 8 m3/s, supone, en opinión de este veterano representante, quitar a los regadíos de Murcia, Alicante y Almería, 70 hectómetros al año de los 200 (de media anual) que reciben los agricultores y «dárselos a las compañías hidroeléctricas, para producir electricidad y regalárselos a Portugal, que le sobran 4.000 hectómetros y así les sobrarán 4.070 hm3. «¿Lo entiende alguien? Se sacrifica a la agricultura por algún acuerdo inconfesable», aseguró. «Incrementar inútilmente, el caudal del río Tajo, desde Bolarque hasta Aranjuez, es la muerte del regadío humilde y familiar del Levante Español, sentenció.
Ángel Urbina. / Áxel Álvarez
Obligación legal
Aunque el Gobierno de España ha reiterado que el incremento de los caudales ecológicos es una obligación legal impuesta por distintas sentencias del Tribunal Supremo -que insistían en fijarlos, pero sin especificar cómo en cumplimiento de la normativa europea-, también asegura que no supone el recorte en el trasvase que denuncian los regantes.
Son los propios técnicos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), sobre los que deben basar sus decisiones los cargos públicos en esta materia, sin embargo, quienes indican que tal aumento de caudales significará en 2027, cuando se completen hasta los 8,65 metros cúbicos por segundo, un descenso de aproximadamente la mitad de caudales trasvasables sobre los vigentes en 2024.
De una media de 220 hectómetros anuales que llegan a los regantes se pasará a unos 120, mientras que la transferencia para el consumo urbano, prioritario, se mantendría en el mismo nivel de unos cien anuales. Este incremento de caudales ecológicos fue denunciado por la Región de Murcia, la Generalitat Valenciana, la Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid. Todos los recursos han sido desestimados por el Alto Tribunal, que no ha resuelto todavía los presentados por el Scrats, la Diputación de Alicante y la Comunidad del Campo de Cartagena.
El Gobierno aprobó el actual ciclo del plan de cuenca 2022-2027 con previsiones de compensar este recorte, justificado también con la presumible disminución de precipitaciones derivada del cambio climático, con aportaciones alternativas a través del agua desalada del mar. Aunque tres años después de aprobarse todavía no se han cumplido.
El incremento de la producción de agua desalada de la planta de Torrevieja, que pasará de producir 80 hectómetros cúbicos al año a producir 120, no estará listo hasta el mes de marzo de este próximo año. El agua desalada cuenta, además, con una demanda que multiplica por seis la oferta que generará.
Mientras, la segunda desaladora proyectada en la Vega Baja con capacidad para producir cien hectómetros y la segunda que se prevé construir en Águilas, con la misma envergadura, no han llegado todavía ni al anteproyecto.