El Consorcio de Compensación de Seguros empieza mañana a abonar las pérdidas de vehículos y las tasa un 20% por encima de su valor
El Consejo de Ministros declara zona catastrófica la Comunidad Valenciana y el resto de territorios afectados y aprueba un decreto ley de urgencia con ayudas económicas, laborales y fiscales para los afectados. Un paquete para un plan que en su primera fase prevé una inversión de 10.600 millones de euros.
Los detalles los ha dado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien comparecía ante los medios tras la reunión del Consejo de Ministros para explicar los pormenores de ese plan para Valencia que consta de tres fases: la primera, de actuación inmediata y urgente, una segunda de reconstrucción de zonas afectadas y la última de relanzamiento y transformación de los territorios afectados. Sólo en la primera la inversión del Estado será de 10.600 millones de euros.
El presidente del Gobierno ha detallado que 72.000 euros de ayuda por casos de incapacidad, entre 20.000 y 60.000 euros por vivienda afectada, hasta 10.300 euros para muebles y enseres dañados, y hasta 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos. Sánchez ha especificado que estas ayudas directas individuales serán universales, sin un umbral de renta máximo, y supondrán cuadruplicar las ya previstas en la ley para estos casos.
Sánchez también ha explicado que el Consorcio de Compensación de Seguros –que depende del Ministerio de Economía- empezará a abonar mañana mismo las primeras indemnizaciones a aquellas familias y empresas que han perdido su vehículo y serán un 20 % superiores al valor de tasación de cada vehículo. «Somos conscientes de que para muchas familias y para muchos trabajadores autónomos y pymes contar con un coche es esencial para recuperar su normalidad», ha remarcado el presidente.
Ayudas para pymes y autónomos
Habrá también ayudas directas de 838 millones de euros para pymes y autónomos de las zonas más gravemente afectadas, que serán de 5.000 euros para los autónomos y oscilarán entre los 10.000 y los 150.000 euros para las empresas, en función de su volumen de negocio. Para recibirlas, bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de un mes, beneficiando a unos 65.000 trabajadores autónomos y unas 30.000 empresas.
También se crea una «línea de avales DANA» por valor de 5.000 millones de euros para empresas y autónomos, de los que hoy se ha aprobado un primer tramo de 1.000 millones de euros. Además, se ha llegado a un acuerdo con las entidades financieras para que los ciudadanos y pequeñas y medianas empresas o autónomos de la economía social que tengan una hipoteca o un préstamo al consumo podrán posponer el pago íntegro de sus créditos durante tres meses y pagar solo los intereses durante nueve meses adicionales.
Se habilitan los ERTE y se ponen en marcha exenciones fiscales
En el ámbito laboral se habilitarán los ERTE por fuerza mayor con el 100 % de bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, mientras que los autónomos tendrán la posibilidad de solicitar una prestación por cese de actividad que corresponderá al 70 % de su base de cotización, aunque no hayan cumplido los 12 meses mínimos exigidos por la ley para acceder a ella.
Respecto a las personas que reciben el ingreso mínimo vital (IMV) o alguna prestación no contributiva, las verán aumentadas en un 15 % durante los próximos tres meses y habrá una posibilidad de prorrogar más tiempo esta medida en función de las necesidades.
Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado un amplio paquete de moratorias y de exenciones fiscales, como retrasar el segundo pago de la declaración del IRPF o de cualquier otro impuesto que tuviesen pendiente con la Agencia Tributaria, además de que no tendrán que pagar el IBI o el impuesto sobre actividades económicas de los inmuebles dañados ni las tasas de tramitación de las bajas de los vehículos o la expedición de documentos oficiales que se hayan perdido.
Sánchez también ha explicado que se va pagar el 100 % de todos los gastos de emergencia a los ayuntamientos afectados por la dana y el 50 % de todas las obras de reparación de infraestructuras en los próximos años. Asimismo, se les compensará por los impuestos que dejen de recaudar y se les ampliará el límite de gasto.