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El Ejecutivo pide a la Junta de Andalucía que expropie la parte de los terrenos de competencia autonómica
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El complejo lleva casi dos décadas con múltiples litigios legales
PorRTVE.es / AGENCIAS
«Un trámite que conducirá al derribo del edificio»
Este martes, el Consejo de Ministros iniciará el proceso para la declaración de interés público de parte de los terrenos en los que se levantó el polémico complejo. El objetivo final, según destaca el Gobierno central, es poder expropiar esos suelos en la playa, «un trámite que conducirá al derribo del edificio y a la recuperación de ese paraje natural».
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y nueva secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha sido la encargada de anunciar este nuevo paso, que, desde la Junta de Andalucía, piden que sea el definitivo. «Es el símbolo de la depredación inmobiliaria, que tanto ha dañado nuestro litoral», ha defendido Montero.
El Estado solo tiene competencia sobre los primeros 100 metros desde la línea de costa. Para demoler el edificio, sería necesario que la Junta expropiara los terrenos que se extienden más allá de la zona de dominio público marítimo-terrestre. Por este motivo, la ministra ha pedido a la Junta de Andalucía que expropie la parte de los terrenos de competencia autonómica, para proceder a la demolición.
«Si no hubiera colaboración por parte de la Junta, igualmente el Gobierno central buscará las fórmulas para la demolición. Nada ni nadie podrá evitar esta vez la demolición del edificio. Es un acto de justicia», ha concluido.
La Junta de Andalucía pide al Gobierno que asuma su responsabilidad
Por su parte, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha instado al Gobierno de España a que actúe «de manera inmediata y definitiva». En un comunicado, la consejera ha precisado que «es inaceptable que, tras más de dos décadas de litigios y promesas incumplidas, el Gobierno de España no haya tomado las medidas necesarias para derribar esta construcción ilegal». Por ello, ha exigido al Gobierno que «venga al Algarrobico con la verdadera intención de demolerlo».
En noviembre de 2011, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España firmaron un protocolo en el que el Ejecutivo central «se comprometía a asumir la demolición del inmueble, mientras que la Junta se encargaría del descombro y la gestión de los residuos que la demolición genere».
«El Gobierno de España tiene que venir con el presupuesto debajo del brazo para la demolición del Algarrobico, como se comprometió en el protocolo firmado para la demolición en 2011″, ha señalado García. En este sentido, la consejera ha trasladado que «estamos preparados para cumplir con nuestra parte del acuerdo y a colaborar con el Gobierno de España para devolver a este paraje a su estado natural, pero necesitamos que el Gobierno central cumpla con su responsabilidad«.
En esta línea, ha destacado que los Presupuestos de 2025 de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente contempla una partida de un millón de euros para los trabajos que deban realizarse en torno a la demolición del Algarrobico. «No podemos permitir que una construcción ilegal siga mancillando uno de nuestros parajes más emblemáticos. Es hora de que el Gobierno actúe con determinación y ponga fin a este despropósito», ha sostenido.