El cumplimiento de rentas declaradas de forma correcta sube 12 puntos en dos décadas, hasta el 80,9%, pero aún sigue lejos de la media nacional
Usuarios por la calle en las inmediaciones de la sede de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de Murcia, esta semana. / Israel Sánchez
Ocultación de ingresos, facturas falsas, elusión fiscal, insolvencias, rentas sin declarar, impagos o incluso errores involuntarios en las declaraciones. Todo suma cuando se calcula la llamada ‘brecha fiscal’ del IRPF, la diferencia entre los ingresos reales que deberían declararse y los que finalmente afloran ante Hacienda.
En la Región de Murcia esto supone una ‘cascada’ de millones de euros que se pierden por no haber sido declarados: el coste recaudatorio estimado de esa brecha asciende a los 1.243 millones anuales, según los últimos datos correspondientes al estudio Estimación de la brecha fiscal (tax gap) en el IRPF, publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) recientemente y que analiza la evolución del fraude fiscal entre 2003 y 2022.
Esta cifra, señalan los autores del informe (Jaime Vallés y Anabel Zárate, de la Universidad de Zaragoza), supone una estimación del impuesto que se habría dejado de ingresar en un «escenario intermedio» de simulación.
La brecha estimada, aclaran, debe interpretarse como una aproximación al límite superior del fraude, ya que además de la ocultación deliberada de rentas, puede recoger otros conceptos, como elusión fiscal (considerada legal, pero poco ética) o diferencias conceptuales y estadísticas entre fuentes, y afirman que no debe confundirse con la economía sumergida, que engloba también actividades ilegales o empleo no registrado e implica además a otros impuestos.
Hacienda deja de recaudar hasta 51.000 millones en el país, según el estudio de Fedea
Los cálculos apuntan, según el mismo informe, a que el Estado deja de recaudar entre 21.000 y 51.000 millones de euros por las rentas no declaradas en el IRPF, lo que equivale aproximadamente a entre el 19% y el 47% de lo que ingresa este impuesto y a entre el 1,5% y el 3,7% del PIB. Así, en el mismo «escenario intermedio» contando en conjunto a las comunidades autónomas del régimen común (excluyendo País Vasco y Navarra) ese coste recaudatorio bruto se situaría en 35.361 millones de euros.
A la cola en transparencia
Y el estudio tampoco deja en buen lugar a los murcianos en lo que se refiere a transparencia fiscal con el IRPF… Todavía hay mucho margen para mejorar el cumplimiento: la Región se sitúa como la autonomía con menor cumplimiento del total de rentas, con casi un 80,9%, lejos del 85,3% de la media nacional y del 88,6% que registra Madrid (la que tiene el valor más alto) a cierre del pasado año 2022.
A pesar de que, según los últimos datos, se ha avanzado favorablemente respecto a hace dos décadas (en 2003 Murcia registraba un cumplimiento fiscal del 68,83%), el incremento solo supone 12,03 puntos porcentuales hasta llegar hasta los 80,9% registrado en 2022.
Con 157.000 millones, el pico máximo de fraude registrado en España se alcanzó en 2006
Este avance de más de doce puntos en veinte años refleja una mejora en los mecanismos de control, digitalización y concienciación tributaria en la Comunidad (debido también a una mayor vigilancia y control por parte de la Agencia Tributaria, sobre todo a partir del año 2021), pero sigue muy lejos de las autonomías que más han mejorado sus tasas: las mejoras absolutas más pronunciadas en puntos porcentuales se observan en aquellas que estaban incluso más rezagadas que Murcia hace 20 años, como Canarias (+18,27 puntos), Baleares (+17,70), Andalucía (+16,49) y Castilla la Mancha (+15,94). «El nivel de cumplimiento ha mejorado en todas las comunidades, pero a ritmos desiguales, siendo más intenso donde existía más margen de mejora», apunta el amplio y sesudo documento.
Coste bruto estimado de la brecha fiscal por comunidades según el estudio. / L. O.
«Alta atomización empresarial»
En el caso de comunidades como Murcia, los autores apuntan a que este patrón con menor crecimiento puede estar vinculado a «la persistencia de sectores tradicionales y una alta atomización empresarial».
«Mientras que en 2003 la diferencia entre la comunidad con mayor cumplimiento (Asturias, 77,7%) y la menor (Islas Baleares, 64,3%) era de 13,4 puntos porcentuales, en 2022 esta brecha se reduce a 7,7 puntos porcentuales (Madrid, 88,6% frente a Murcia, 80,9%)», expone el informe.
Un desfase que no solo merma los recursos destinados a servicios esenciales, sino que también pone a prueba la equidad del sistema tributario y la confianza de los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones.
El pico máximo de fraude registrado, tal y como constata el estudio, se producía en el año 2006 cuando se alcanzaban los 157.036 millones de euros en el conjunto nacional. Mientras que en 2019 la cifra llegaba también hasta los 140.0009 euros, la irrupción de la pandemia de coronavirus desplomó la actividad económica y, con ello, las rentas ocultas: en 2020, el volumen de renta no declarada cayó de forma abrupta hasta situarse en torno a los 91.049 millones de euros.
Las declaraciones de autónomos y alquileres, las menos transparentes
El análisis también revela importantes diferencias según el tipo de renta. Las del trabajo (salarios y pensiones) presentan niveles de cumplimiento muy elevados en Murcia, con un 92,8%, gracias al sistema de retenciones en origen, que limita las posibilidades de ocultación.
En cambio, el mayor desfase se concentra en las rentas con menor trazabilidad administrativa, como las actividades económicas y el capital inmobiliario (autónomos y alquileres). En esta categoría, el cumplimiento en Murcia cae hasta el 36,79%, el más bajo por comunidades, frente al 53,81% de media nacional.
Es decir, una parte significativa de estas rentas no se declara correctamente. En las rentas del capital mobiliario —intereses, dividendos o productos financieros— el cumplimiento regional alcanza el 53,2%, ligeramente por debajo del promedio nacional (57,08%), aunque muy por encima del registrado en las actividades económicas.