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Asegura que «alrededor de 600 personas» de la Fiscalía tuvieron acceso a la información de la presunta filtración
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Achaca al «aparato institucional» de Madrid el «núcleo esencial» de la revelación
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a defender su inocencia en el caso de la presunta revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo sobre el caso de fraude a Hacienda de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por lo que ha pedido su absolución en el escrito de defensa que ha presentado de cara al juicio que se celebrará en su contra, así como también ha reclamado que declare la pareja de Ayuso y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
En el escrito que la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, ha enviado al Tribunal Supremo, y al que ha tenido acceso RTVE, señala que «alrededor de 600 personas» de la Fiscalía tuvieron acceso al contenido clave de la supuesta filtración y además, apunta a que «el aparato institucional de la Comunidad de Madrid» también había desvelado previamente a la nota de prensa de la Fiscalía el «núcleo esencial» de la información relevante del caso que afectaba a González Amador.
Así, niega que haya participado en «conducta delictiva alguna», al tiempo que afirma que los hechos que se le atribuyen «no constituye ilícito penal», y defiende que con la nota de prensa publicada el 14 de marzo de 2024 lo único que hizo fue reaccionar «en el legítimo ejercicio de sus competencias como Fiscal General del Estado para evitar el perjuicio para la imagen y el prestigio» del Ministerio Fiscal y de los miembros que lo conforman, «cuya honradez y profesionalidad se había comprometido por una campaña de desinformación».
Para demostrar la inocencia, la Abogacía del Estado hace un repaso cronológico desde que la Fiscalía empezó a investigar a González Amador a mediados de enero de 2024 hasta el 14 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía difundió la nota de prensa con el intercambio de correos electrónicos entre Carlos Neira, abogado del novio de Ayuso, y el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto. A su juicio, «no existe conexión lógica» entre la publicación de los mails en algunos medios y García Ortiz.
Responsabiliza a la Comunidad de difundir la información de González Amador
En el escrito, la defensa del fiscal general acusa a la Comunidad de Madrid de construir un «relato alternativo» al caso de González Amador, presentándole como «víctima de una operación política», para así «contrarrestar la repercusión política negativa» que podría tener en Isabel Díaz Ayuso.
En este sentido, apunta al jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, como la persona que trasladó «una versión manipulada de los hechos», que «no se correspondía en absoluto con a realidad», a un «número no determinado de periodistas», indicando que había sido la Fiscalía la que había ofrecido el pacto a González Amador -y no al revés, como realmente sucedió-, pero que lo había retirado por «órdenes de arriba».
La Abogacía del Estado advierte de que este «relato alternativo» de Rodríguez terminó publicándose en varios medios de comunicación.
Asimismo insiste en que «al menos dos periodistas tuvieron acceso con anterioridad» al fiscal general del Estado al contenido del mail del abogado de González Amador en el que «reconocía que se habían cometido dos delitos contra la Hacienda Pública», y por cuya difusión va a ser juzgado García Ortiz.
Pero la Abogacía del Estado señala que el fiscal general no tuvo conocimiento de la existencia del mail por el que le van a juzgar hasta la publicación del mismo en los medios de comunicación.
Salir al paso de «informaciones inveraces»
Además, la defensa de García Ortiz insiste en que la nota de prensa que emitió la Fiscalía fue para «salir al paso de las informaciones inveraces o tergiversadas que estaba difundiendo el jefe de Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid» y ante las acusaciones de este sobre una presunta orden del fiscal general del Estado para que se retirase la oferta de pacto al novio de Ayuso.
Así, asegura que García Ortiz no tuvo «la secuencia completa de las comunicaciones intercambiadas entre la Fiscalía y el letrado de Alberto González Amador» hasta las 23:44 horas del 13 de marzo de 2024.
También afirma que cuando se publicó la nota de prensa a las 10:22 horas del día siguiente, «todos los elementos de información contenidos en a misma habían sido previamente publicados y difundidos por diversos medios de comunicación».
Borrado por seguridad
En el escrito, la defensa también explica que el fiscal general del Estado suprimió, «como hacía con regularidad en el desempeño de su función», los datos personales de su dispositivo móvil, de conformidad a diversas normas y recomendaciones.
También argumenta que eliminó su cuenta de correo electrónico personal porque se produjo una filtración de la misma, por lo que estaba recibiendo «mensajes de todo tipo, incómodos y en ocasiones hostiles». Y del mismo modo, al haberse también filtrado su número de teléfono personal y oficial y al estar desde entonces recibiendo «numerosas llamadas y mensajes molestos», «se vio obligado» a cambiar ambos números.
Respecto a las testificales de cara al juicio, propone que sean citados González Amador y Rodríguez, pero rechaza la testifical del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que pide una acusación popular «por su evidente pertinencia respecto del objeto del procedimiento».
Un tribunal de mayoría conservadora juzgará a García Ortiz
Por otro lado, este jueves también el Tribunal Supremo ha dado a conocer la Sala de siete magistrados -cuatro hombres y tres mujeres- que juzgará a García Ortiz. El tribunal estará presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, de acuerdo a la providencia dictada este jueves por el Supremo.
La magistrada Susana Polo, considerada progresista, será la ponente de la futura sentencia, como así lo fue del auto de admisión que marcó el inicio de la causa contra el fiscal general en el Supremo.
Además, conformarán el tribunal los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela -considerados conservadores-, y Ana María Ferrer, considerada progresista.