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El magistrado rebajó la fianza inicial de 150.000 a 75.000 tras reconocer un error en el baremo
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García Ortiz será juzgado por un presunto delito de revelación de secretos del novio de Ayuso
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recurrido en apelación la fianza inicial de 150.000 euros que le impuso el juez del Supremo Ángel Hurtado y la fianza rebajada de 75.000 euros que determinó después tras reconocer que había cometido un error en el baremo. El magistrado impuso esta fianza cuando dictó apertura de juicio oral contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos del caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
La Abogacía del Estado pide la anulación de las dos fianzas porque entiende que no debe de pagar ninguna en virtud de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado y subsidiariamente solicita que se rebaje la cuantía alegando una demanda de González Amador a la vicepresidenta María Jesús Montero que el Supremo desestimó.
Hurtado rebajó la fianza inicial tras darse cuenta de que había cometido un error porque los 150.000 euros incluían la posible multa, algo que la doctrina constitucional no permite porque supondría anticipar una eventual sentencia condenatoria.
El magistrado rebajó la fianza justo un día después de que García Ortiz aportara parte de su patrimonio para cubrir los 150.000 euros iniciales, al no contar con esa cantidad en efectivo.
Por su parte, la acusación popular que ejerce González Amador recurrió la primera fianza solicitando elevarla a 300.000 euros pero finalmente ha desistido ante la «garantía» de su patrimonio.
García Ortiz, a juicio
El instructor envió a juicio a García Ortiz al estimar, indiciariamente, que la noche del 13 de marzo de 2024 filtró a la Cadena SER el correo electrónico del 2 de febrero de ese año donde la defensa de González Amador se ofrecía a reconocer los delitos fiscales, por los que finalmente ha sido procesado, a cambio de llegar a un acuerdo con Fiscalía.
Hurtado llegó a esta conclusión tras ocho meses de investigación que culminaron con el procesamiento de García Ortiz y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos. No obstante, ambos recurrieron y la Sala de Apelación libró a la fiscal, dejando al fiscal general como único acusado.
El fiscal general se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación, como reclama la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que le atribuye un delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de revelación de secretos. El propio Hurtado dejó la puerta abierta a ampliar el catálogo de delitos. García Ortiz aún debe presentar su escrito de defensa.