Doce comunidades han cerrado ya el plazo para solicitar esos fondos y en territorios como Madrid ha sido necesario reabrir la convocatoria para evitar que se perdiera el dinero
CADENA SER
La mitad de las ayudas de 7.000 millones que anunció el Gobierno para bares y restaurantes pueden perderse en el camino. Según los últimos datos publicados por las autonomías, más del 60% de las ayudas a la hostelería pueden quedar desiertas. Doce comunidades han cerrado ya el plazo para solicitar esos fondos y en territorios como Madrid ha sido necesario reabrir la convocatoria para evitar que se perdiera el dinero.
Los requisitos son tan complejos que apenas se han presentado solicitudes por valor de 2.647 millones de los 7.000 disponibles.
178 días después de que se anunciaran, los requisitos burocráticos que Gobierno y autonomías han exigido para tener derecho a esas ayudas son tales que la mayoría de empresas no cualifica para tener derecho a los fondos directos. El anuncio de ayudas se hizo el pasado 11 de marzo y con los últimos datos publicados a cierre de julio.
- En Asturias apenas se han solicitado el 4% de las ayudas.
- En Cantabria ,el 14%
- En Catalunya, Murcia o la Rioja se han cursado en torno al 20% de las ayudas que deberían haber llegado (la enorme mayoría, el 80%, amenazan con quedar desiertas).
Las trabas han sido tantas que en 11 comunidades autónomas apenas se pagarán uno de cada tres presupuestados y sólo cuatro van camino de entregar, al menos, la mitad de lo que se anunció:
- Baleares y Canarias, donde se han solicitado ya el 60% de las ayudas.
- Castilla-La Mancha, donde la asignación llega al 70%.
- Y Madrid que, con datos más actualizados, ha vuelto a abrir una segunda convocatoria de ayudas y ha concedido a fecha de hoy 384,1 millones (el 56,5%) de los 679 millones que le correspondían.
En total, de los 7.000 millones que se anunciaron, bares, comercios, hoteles y autónomos recibirán, en realidad, un máximo de 2.647 millones.
¿Cuál ha sido la causa? ¿Tiene aún solución?
Gobierno y autonomías cruzan culpas. El Ejecutivo dice que se consorció con las comunidades y que corresponde a ellas los pagos y asegura que la mayor o menor diligencia autonómica se comprueba en la mayor o menor tasa de fondos que desembolsan.
Fuentes oficiales del Ministerio de Economía afirman:
1. El Gobierno ha transferido los 7.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas para que las ayudas lleguen cuanto antes a las empresas y autónomos, para reforzar sus balances y que puedan invertir, crear empleo y participar plenamente en la fuerte recuperación económica que reflejan todos los indicadores.
2- «La ejecución de las ayudas directas está en marcha y va a buen ritmo precisamente en las Comunidades Autónomas que más fondos han recibido, como Canarias y Baleares».
3- «No hay más requisitos que el cumplimiento de la Ley General de Subvenciones, así que no hay ninguna traba burocrática para que las Comunidades Autónomas canalicen estas ayudas.
4- «Desde marzo, hemos estado trabajando con las Comunidades Autónomas para facilitar la ejecución. Y seguiremos en esa línea de apoyo y ayuda a las Comunidades que van más retrasadas».
Las autonomías, por su parte, dicen que los requisitos estatales, que incluían no tener deudas con la administración pública o la Seguridad Social, descalifican a la mayoría de las empresas que han impagado a Hacienda durante esta pandemia y culpan a Hacienda de los problemas. De hecho, Madrid asegura que de los 37.550 expedientes que tramita, 15.000 todavía están a la espera de información que la Agencia Tributaria no ha facilitado.
Sea de quien sea la responsabilidad, el hecho es que las ayudas que se anunciaron, hasta la fecha, han sido un «fiasco» hasta la última fecha publicada y pueden quedar sin gastar.
¿Tiene solución?
Pues el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, del Gobierno nos mete ya en tiempo de descuento. O se conceden las ayudas antes de noviembre o deben reintegrarse al Estado.
Las autonomías más diligentes en esto están reabriendo convocatorias, lo ha hecho Madrid, que, incluso así, ha abonado sólo el 56% de las ayudas totales y muchas otras se enfrentan a un desierto de solicitudes.
Por su parte, los trabajadores autónomos remitieron hace dos semanas una carta a la ministra, Nadia Calviño, planteando una modificación legal para desbloquear los fondos: cambiar el texto legal para permitir las ayudas a quienes tengan deudas con la Administración Pública, es decir, modificar la redacción del «Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia» para que se permita usar el dinero para pagar todo tipo de deudas con tal de que se hayan generado después del mes de marzo, del confinamiento, independientemente de que sean deudas públicas o privadas.
Ese simple cambio en la redacción permitiría acogerse a una avalancha de empresas que, a fecha de hoy, han caído por el camino, defienden organizaciones firmantes de esa carta como UPTA.