Planteaba adquirirlo mediante la compensación de la deuda de casi 9 millones que tiene Defensa, pero no ha sido posible por motivos legales
LA OPINIÓN
Tras años buscando una fórmula, finalmente el Ayuntamiento ha desistido de la compra del antiguo Hospital Naval. Dado el elevado coste del edificio y la parcela, que el Ministerio de Defensa, su propietario, tasó en un primer momento en unos 20 millones de euros, el Consistorio trató de adquirirlo mediante compensación de deuda, pues el Ministerio le debe casi 9 millones de euros por el impago del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) de diferentes propiedades de la Armada desde el año 1999. Sin embargo, la ley impide hacerlo de esta forma, por lo que el Gobierno local finalmente ha dejado de lado la compra, según han confirmado fuentes municipales a La Opinión.
Fue en mayo de 2020 cuando la, por entonces, alcaldesa, Ana Belén Castejón, anunció la intención del Ayuntamiento de hacerse con el inmueble, cerrado desde 2011 tras funcionar durante veintiocho años bajo la denominación oficial de Hospital General Básico de la Defensa. Castejón se reunió vía telemática con el director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, el general Luis Cebrián, y con diversos técnicos municipales, para analizar la propuesta de cesión del antiguo Hospital Naval, al que quería dar un uso social.
La proposición del Ministerio de Defensa era la de llevar a cabo una cesión demanial por un periodo de veinte años, con prórrogas hasta los 75 años, que es el máximo que establece la Ley, y como contraprestación, el Ayuntamiento renunciaría a la cantidad que el ministerio de Defensa le debe en concepto de IBI, según sentencia judicial.
El acuerdo también incluía la cesión de las baterías de Fajardo y Podaderas para su explotación turística. Respecto al primero, La Opinión desveló que se estaba concretando la propuesta que planteó en febrero del año pasado la alcaldesa, Noelia Arroyo, al secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, de poner en marcha un Parador Nacional en las instalaciones, aunque aún no hay nada cerrado. La fórmula elegida sería la de convertir esta instalación militar abandonada en el primer establecimiento franquiciado de la marca Paradores en España y el segundo del mundo. Según afirmó la primera edil a este diario, «hay varios inversores cartageneros interesados» en llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa para rehabilitar este Bien de Interés Cultural y explotarlo turísticamente siguiendo las normas y el acuerdo que imponga la cadena estatal Paradores, mediante un sistema que hasta ahora sólo ha aplicado El Casa da Ínsua en Portugal.
Centro para inmigrantes
Ahora será el Ministerio de Defensa el que deberá decidir si le da uso o no al antiguo Hospital Naval. En 2017 técnicos del área del Gobierno central visitaron las instalaciones de la carretera de Tentegorra para estudiar su viabilidad para convertir el complejo en un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ante una posible oleada de pateras y la llegada ilegal de extranjeros a las costas del sureste español.
No obstante, desde el Gobierno central confirmaron poco después que la idea había sido «descartada automáticamente». Así se lo hizo saber personalmente el secretario de Estado del Ministerio de Defensa, Agustín Conde, al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien quiso así cortar de raíz los rumores surgidos a través de una publicación en un medio digital del País Vasco sobre la inminente puesta en marcha del centro para extranjeros en las instalaciones de Tentegorra.
Y es que, según hicieron saber fuentes del Ejecutivo central al Gobierno regional, el antiguo Hospital Naval no cumplía con los requisitos, «tanto por sus condiciones como por su emplazamiento», para albergar el centro con las características que proyecta el Gobierno de España «para hacer frente a una posible crisis migratoria con los mejores medios».
Todo el asunto provocó un gran revuelo en redes sociales y de hecho, hasta se creó una recogida de firmas en la plataforma digital Change.org para presentarlas ante la alcaldesa Ana Belén Castejón y mostrar el rechazo ciudadano al CETI.
El Partido Cantonal denuncia el «déficit» de residencias con asistencia sanitaria
La intención del Ayuntamiento de Cartagena cuando mostró su interés por hacerse con el antiguo Hospital Naval era la de darle un uso social. Colectivos y entidades solicitaron que se convirtiera en un centro de día para mayores, reivindicación a la que también se sumaron varios partidos políticos de la oposición como Unidas Podemos o el Partido Cantonal (PCAN). Recientemente este último denunció que el Gobierno local no destinará ninguna partida en sus presupuestos de 2023 para comprar el Hospital Naval. Según denuncia el candidato a la alcaldía de la formación, Antonio Conesa, «actualmente el municipio de Cartagena presenta un importante déficit de plazas públicas y concertadas de residencias con asistencia sanitaria para la tercera edad». Es por ello que el complejo, «en caso de que hubiera llegado a buen puerto la compra por parte del Ayuntamiento, se podría haber utilizado como centro de mayores, ya sea mediante gestión directa o a través de una concesión que respetara los cánones de calidad asistencial de la Consejería de Mujer, Igualdad, Familia, Política Social y Transparencia, con competencias exclusivas en esta materia», explica Conesa.