El Gobierno aún no ha logrado los apoyos políticos necesarios para sacar adelante en el Congreso un incremento de la fiscalidad del gasóil y sigue negociando con los grupos
Pedro Sánchez durante su comparecencia en Moncloa, después del Consejo de Ministros. / José Luis Roca
Cumpliendo con el compromiso asumido con los socios nacionalistas de izquierda, ERC, EH Bildu y BNG, el Gobierno, en su último Consejo de Ministros de este año, ha aprobado un real decreto ley para intentar dar continuidad en 2025 al cobro del actual gravamen extraordinario sobre las energéticas, si bien todo apunta a que su posterior ratificación en el Congreso de los Diputados está condenada al fracaso, ya que los grupos parlamentarios de Junts y PNV se han mostrado en contra de esta medida.
Sin embargo, en su reunión de este lunes, el Consejo de Ministros no ha aprobado otro real decreto ley para equiparar el impuesto del diésel al de la gasolina, que es un propósito que Hacienda no pudo hacer prosperar dentro del paquete fiscal recientemente aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 19 de abril. Según fuentes del Ejecutivo, Hacienda sigue negociando con los grupos políticos para asegurarse de que si vuelve a llevar al Congreso de los Diputados la subida del diésel, esta tendrá los apoyos parlamentarios suficientes para que salga adelante.
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha explicado que la principal novedad que incluye la prórroga del gravamen a las energéticas es la introducción de un incentivo fiscal a favor de «las inversiones estratégicas para la transición ecológica y la descarbonización». «Se puede exigir un esfuerzo adicional a las energéticas al tiempo que avanzamos en la descarbonización», ha apuntado el presidente del Ejecutivo. Con esta doble decisión, «el Gobierno demuestra que cumple con sus compromisos con las formaciones políticas» ha dicho Pedro Sánchez.
Con todo, el Gobierno es consciente de que la nueva deducción puede no ser suficiente para atraer el necesario apoyo parlamentario de Junts y de PNV para la prórroga del gravamen energético a 2025, a la que se oponen.
Este mismo lunes, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha vuelto a avisar de que su voto será negativo. “Rompe el principio de relaciones con las instituciones forales, y un día pueden ser las energéticas y otro día puede ser otro tema”, ha criticado en una entrevista en Radio Euskadi, antes de apuntar que la solución para que las eléctricas paguen más se puede “afrontar” desde el Impuesto de Sociedades.
Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del real decreto-ley, EH Bildu, una de las formaciones que más ha presionado al Ejecutivo para que diera este paso, ha aplaudido que de esta forma se “asegura que las grandes empresas energéticas paguen lo que les corresponde”, informa Miguel Ángel Rodríguez. En un comunicado en el que no se menciona a Junts, la formación jeltzale apunta que este impuesto será concertado con las instituciones vascas y reclama al PNV convalidarlo a su paso por el Congreso. De lo contrario, advierten de que no hacerlo “supondría perder más de 67 millones de euros anuales” para las arcas forales.
El gravamen temporal y extraordinario sobre el sector energético se creó en diciembre de 2022 para ser cobrado en 2023 y 2024 (con cargo al negocio de las compañías registrado en 2022 y en el 2023). En 2024, ha permitido una recaudación de 1.164 millones. Ahora el Gobierno intenta prorrogar el gravamen a 2025 (para poder cobrar la parte correspondiente a la facturación obtenida por las energéticas en 2024). Además, se pretende transformar el gravamen en un impuesto directo, que afectaría al negocio que se genere el año próximo y se cobraría en 2026, y así sucesivamente.