La Región de Murcia informó de que el año pasado atendió «una cifra máxima de 741 menores extranjeros no acompañados» y argumentó que sus capacidades ya están desbordadas
Salvo sorpresa de última hora, el Congreso de los Diputados aprobará este jueves la modificación de la Ley de Extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados y, de este modo, aliviar la saturación de los centros de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla. En una primera instancia, la iniciativa permitirá distribuir por todo el territorio nacional a unos 4.400 menores migrantes sin familia que ahora son atendidos en solitario por Canarias. Eso, si los recursos ante el Tribunal Constitucional que ya han anunciado varias comunidades gobernadas por el PP, entre ellas la Región de Murcia, no prosperan.
Han pasado más de 260 días desde que fracasó el primer intento de modificar la norma por falta de apoyo parlamentario, por el voto en contra de PP y Junts. En ese periodo, y en paralelo a las negociaciones que fructificaron en el texto que se llevará mañana al Congreso, el gobierno reclamó a las comunidades autónomas información del número de plazas disponibles para la acogida de menores migrantes. La respuesta de las administraciones regionales fue desigual. La Región de Murcia informó de que el año pasado atendió «una cifra máxima de 741 menores extranjeros no acompañados» y argumentó que sus capacidades ya están desbordadas porque la ocupación actual, sumando menores extranjeros y no extranjeros, ronda las 619 plazas.
Este miércoles el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha explicado que desde el Gobierno central se han pedido aclaraciones a estas cifras y ha insistido en pedir «cordura y diálogo» a las comunidades gobernadas por el PP. No es sostenible plantear esta batalla política por el reparto de 4.400 menores en un país de 47 millones de habitantes.
Pérez insiste en que el discurso del PP, y por supuesto, el de VOX, choca frontalmente con todos los principios básicos que España se ha comprometido a asumir como Estado firmante de la convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia.
Añadía el secretario de Estado que la migración de menores no acompañados es un fenómeno que va en aumento; que muchos de esos menores llegan de países como Mali, donde la única alternativa a la huida del país es acabar siendo reclutados como niños-soldado y que, ante esta situación, España necesita ser capaz de ofrecer una respuesta estructural para la que es necesario contar con la colaboración de todas las Comunidades Autónomas.