Los juzgados de la región de Murcia acumulaban, al terminar el tercer trimestre del año, casi 200.000 asuntos pendientes, siete mil más de los que tenía a finales de junio. La jurisdicción en la que más ha aumentado el atasco es la Penal, aunque el mayor volumen de procedimientos en tramitación se registra en la Civil, con más de 123.000 asuntos pendientes.

La incapacidad de los órganos judiciales de la región para resolver este problema resulta evidente si consideramos que éste ha sido el trimestre en el que menos asuntos han llegado a los tribunales de todo el año y que sus cifras están por debajo de las del mismo trimestre del año pasado. Pero el atasco es cada vez mayor: a pesar de que en este periodo se han resuelto cerca de 46.000 procedimientos y se dictaron casi 9.000 sentencias, lo cierto es que la tasa de resolución sigue en números negativos: por cada diez asuntos nuevos que ingresan en el sistema, sólo se resuelven nueve.

Desde el sindicato CSIF, Rafael Romero sostiene que la situación es fruto de dos factores: en el conjunto del año ha crecido el número de asuntos (la denominada «tasa de litigiosidad») y eso ayuda muy poco a un sistema que todavía arrastra el efecto acumulado de las huelgas que protagonizaron varios sectores profesionales durante 2023.

Vistas orales para 2026

En las últimas semanas hemos tenido noticia de que las vistas orales de dos grandes procesos penales (el caso La SAL de la desaladora de Escombreras, y el caso UMBRA por los convenios de la zona norte de Murcia) han sido fijadas para 2027. Pero las demoras se extienden a otras jurisdicciones, la civil y la social, en la que hay miles de afectados que ya están viendo como sus casos se van a demorar al menos hasta 2026.

Romero asegura que a estas alturas de año ya se ha superado el número de nuevos procedimientos que se registró a lo largo de todo el 2023 y echa en falta medidas de choque, como jornadas de tarde debidamente incentivadas para los trabajadores de los juzgados.