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El 75% de los lanzamientos son de arrendamientos y los afectados se encuentran sin alternativas en el mercado
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Denuncian el «terror psicológico» del tener que dejar su casa en un proceso que «criminaliza» al vulnerable
PorSOFÍA SOLER RTVE
El fondo propietario, de capital estadounidense y europeo, ha decidido vender el piso junto a ocho viviendas más a otra sociedad. El suyo se ha vendido por 28.350 euros, pero a ella se lo ofrecieron por 31.500. Ningún banco quiso darle el crédito.
«Pago la luz, el agua, el alquiler, pero no quieren», cuenta Trini, que trabaja a media jornada de reponedora en un supermercado, cuida de su marido —encamado por una depresión y con discapacidad del 50%— y tiene a su cargo a sus tres hijos: de 21, 18 y 14 años. De momento, podrán quedarse un año más por la moratoria de desahucios del llamado ‘escudo social’, pero se pregunta cuándo podrá descansar sin las pastillas recetadas contra la depresión y a las que llama «las lloronas».
Su otro apoyo recae estos días en la PAH Valencia. «Cuando sabemos que no hay vivienda, que no van a encontrar, nosotros, claro, nos radicalizamos en impedir que la gente se vaya», apunta el portavoz del grupo, José Luis González. La ‘radicalización’ es una expresión. El activista está ayudando a Trini y el resto de vecinas afectadas con los trámites para evitar que el negocio de inversores acabe con su derecho a techo. Lleva cerca de 15 años involucrado en el movimiento y resume así el triple problema al que se enfrentan ahora estas familias vulnerables: «Ya no existe la negociación con los fondos, no hay vivienda de mercado, ni de la Administración».
Los desahucios son el capítulo más trágico de la crisis de la vivienda, que se extiende hasta las clases medias por el alza de los precios y la falta de alternativas. Este sábado se han convocado manifestaciones en 39 ciudades españolas bajo el lema «Acabemos con el negocio de la vivienda». Además de en Madrid (12:00 horas) y Barcelona (18:00), se han unido a esta movilización estatal desde la Coordinadora d’habitatge de les Illes Balears, con concentraciones en las cuatro islas, o la plataforma València no està en venda, así como colectivos de San Sebastián, Zaragoza, Málaga o Sevilla.
Los desahucios repuntaron en 2024 empujados por los de alquiler
Desde que la PAH copara titulares a diario tras la crisis de 2008, la situación de los desahucios ha cambiado mucho en España. En la última década, los lanzamientos se han reducido casi un 60%, desde el pico de más de 68.000 en 2014 hasta los 27.500 de 2024, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No obstante, el problema repuntó el año pasado (+3,14%), empujado por el aumento de los desahucios de alquiler o, como los llama la estadística, «derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos».
Los datos del CGPJ arrojan otras dos realidades. Primero, que desde el 2014 han bajado tanto los lanzamientos de viviendas en alquiler como los de hipotecadas, pero estos últimos reflejan la mayor caída, de más del 82%.
Dichos descensos se explican principalmente por las moratorias en vigor. La paralización de los desahucios hipotecarios a familias vulnerables se viene prorrogando desde 2013, cuando la introdujo el Gobierno del PP, y de momento se aplicará hasta el 2028. Igualmente, el actual Ejecutivo impulsó una suspensión de los desahucios a hogares vulnerables en alquiler a raíz de la pandemia de COVID-19, el «escudo social» al que se ha acogido Trini y que se acaba de prorrogar hasta el final de 2025.
«Estoy mirando comunidades más baratas»
En segundo lugar, el año pasado tres de cada cuatro desahucios fueron de viviendas en alquiler, cuando antes eran poco más de la mitad. Las dificultades para comprar casa por el aumento de los precios desplazan cada vez a más personas a vivir arrendadas y, con el aumento de la demanda, la renta del alquiler también se encarece, sobre todo en zonas urbanas con empleo y turismo. Se crea así una espiral tramposa: las personas desahuciadas no encuentran pisos a los que mudarse a un precio que puedan permitirse pagar.
Es el caso de Rosa* (nombre supuesto para proteger su identidad), que lleva 30 años viviendo en Mallorca, 20 en el mismo piso en alquiler. Su casero —un particular— no quiere renovar el contrato y le ha comunicado el desahucio.
— Estamos negociando, haciendo un poco más de tiempo a ver si salgo de la isla o qué […]
— ¿Se plantea dejar Mallorca entonces?
— No me queda otra, estoy mirando comunidades que sean más baratas, porque aquí está muy caro.
La patronal inmobiliaria subraya esa falta de alternativas. «El problema de [los desahucios] de alquiler ha existido siempre, pero como había oportunidad, la gente se cambiaba y no pasaba nada. Pero es que ahora no existe. No se pueden ir porque el alquiler nuevo que va a encontrar va a estar un 30% por encima», explica el presidente de la Federación de Asociaciones de empresas inmobiliarias (FADEI), Miguel Ángel Gómez Huecas.
En una conversación con RTVE.es, Gómez Huecas insiste en la urgencia de que las Administraciones aumenten sus recursos de vivienda asequible y pide que la legislación de garantías a los propietarios para que saquen más vivienda al mercado libre. En ese sentido, ve con buenos ojos el aval público anunciado por el Gobierno tras un pacto con Junts.
Se muestran más críticos esde el Sindicato de Vivienda de Tetuán, en Madrid, que recuerdan que pese a las moratorias se siguen produciendo desahucios y que la ley Estatal de vivienda no ha aliviado el problema.
«Te criminalizan por no poder pagar un alquiler. Y si no puedes pagar, no es porque no trabajes. Mira, yo tengo un grado universitario y tengo un trabajo precario que no me permite pagar un alquiler», espeta Esmeralda*, que ya sufrió un lanzamiento y, tras pasar por varios recursos sociales, ahora se vuelve a enfrentar a esa amenaza en un piso de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como el ‘banco malo’, que gestiona los activos tóxicos de los bancos rescatados en la crisis).
El «terror psicológico» del desahucio
Esmeralda, madre soltera, pone el acento en el «terror psicológico» del desahucio. Lo tuvieron que pasar también sus dos hijos, que hoy tienen 13 y 15 años. «Había 10 furgones de la policía, ¡10! Entraron en mi casa con cascos y armas largas. Los niños estaban sentaditos en el mueble, quedaron marcados para toda la vida. ¿Cómo puede utilizar el Estado la fuerza policial de esa forma, como si las familias tuvieran armas de destrucción masiva en sus casas?», se pregunta.
Desde el Sindicato de Vivienda de Tetuán nos cuentan que en la mayoría de los casos de desahucio que atienden los caseros son pequeños propietarios con «muchas, varias» viviendas, a diferencia de la PAH de Valencia, donde se centran en fondos y grandes tenedores. «En ningún caso hablamos de que alguien se haya quedado sin su propia casa», aclaran desde el grupo madrileño. «Son rentistas que pueden vivir sin trabajar a costa de cobrarle el sueldo a la gente».
En esas situaciones, suelen encontrarse con subidas injustificadas del precio al renovar el contrato y «cláusulas abusivas», lo que puede dar lugar a lo que entienden como «desahucios silenciosos»: cuando el inquilino acepta irse por el «acoso y derribo» de la propiedad. Como ejemplos de ello, señala el descuido de suministros básicos o alegar impagos del inquilino para denunciar.
Le pasó a Antonia*, también en Mallorca. «El propietario me denuncia por una supuesta falta del pago del IBI (impuesto de bienes inmuebles), aunque en mi contrato no aparece ninguna cláusula que obligue a pagarlo», relata esta mujer, que de momento sigue viviendo con una pensión de viudedad en su piso de renta antigua. «Contraté un abogado de oficio y por mala gestión de él tengo el proceso de desahucio. Aunque de ningún modo tendría que haber sido demandada».
Desde la PAH Mallorca recalcan la vulnerabilidad especial en la que se encuentran las personas mayores con pensiones mínimas como Antonia. A los pocos recursos económicos, se suma la falta de información.
Negociación o realojo
«¿Alternativa? Calle, refugio de plástico y cama de cartón». Manuela* responde así cuando le preguntamos por las opciones que le plantea el fondo propietario del piso donde vive en alquiler social en Valencia al presionarla para que lo abandone. «Que me vaya de la casa, dicen. Que me dan 3.000 euros, ¿pero qué hago yo con 3.000 euros, si ahora para coger un piso necesitas hasta un aval del Papa de Roma?». Esta mujer en las sesentena cuenta, como el resto de las mujeres entrevistadas para este reportaje, sus noches de lágrimas, la ansiedad creciente, el diagnóstico de depresión.
Y ante ello, los activistas por el derecho a la vivienda nos hablan de su única baza: la negociación. «Aunque tengamos algún mecanismo legal para posponerlo, al final, lo que permite paralizar un desahucio es negociar un alquiler social con la propiedad», dice la portavoz del Sindicato de Vivienda de Tetuán. Su objetivo final, dice, siempre será mejorar las condiciones del inquilino, pero en ocasiones no les queda otra que aceptar el mantenimiento del contrato anterior.
En el caso de los fondos buitre, el portavoz de la PAH de Valencia, José Luis González, señalaba antes el creciente rechazo de estas empresas a la negociación. «El paso siguiente es ir a muerte a exigir a la Administración el realojo, porque es la responsable», recuerda. «Lo que no puede ser es que el derecho a la vivienda depende de que una gente sea maja».
En todo caso, los activistas reiteran la importancia de dar soluciones que no sean transitorias para las familias más vulnerables y que se tenga en cuenta el arraigo en los barrios. Para aumentar las alternativas en el mercado, piden una limitación efectiva de los precios.
Trini nos conduce hasta la Fuensanta y al llegar señala orgullosa su balcón. «¡Aquel!». La casa tiene sus carencias, pero sigue siendo su hogar.