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Algunas prácticas son el cobro de comisiones por gestionar el alquiler y forzar a contratar servicios adicionales
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El ministerio ya inició un procedimiento similar contra otra agencia el pasado mes de marzo
PorRTVE.es
Las principales prácticas denunciadas por las organizaciones se basan en obligar a los inquilinos a pagar comisiones por gestionar el alquiler, imponer la contratación de un seguro u obligar a contratar servicios adicionales y no solicitadas por el inquilino.
Con todo, la Dirección General de Consumo recuerda que, según la Ley de Defensa de los Consumidores, estas prácticas podrían ser constitutivas de infracciones graves (con multas de hasta 10.000 euros que pueden ascender hasta alcanzar cuatro o seis veces el beneficio ilícito) o muy graves (con multas de hasta 1 millón de euros que pueden subir hasta ser de cuatro a seis veces el beneficio ilícito).
Es la segunda inmobiliaria contra la que abre expediente
Este es el segundo expediente abierto por el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy tras el procedimiento impulsado a finales de marzo de este año, en el que Consumo hizo lo mismo con la inmobiliaria Alquiler Seguro. Estos expedientes (en esta ocasión no se nombra la agencia concreta) forman parte de la investigación que Consumo está llevando desde el pasado mes de octubre en el ámbito de la gestión del alquiler inmobiliario.
La investigación del Ministerio se abrió por denuncias impulsadas por el Sindicato de Inquilinas CECU y las asociaciones de consumidores como FACUA y OCU, y sigue en marcha con otras inmobiliarias que podrían haber cometido estas prácticas.
Los dos expedientes de Consumo se unen a los ya abiertos por la Dirección General de Consumo en el sector de los pisos turísticos.
Uno, contra una gran plataforma de alquiler de vivienda turística que tiene miles anuncios calificados como publicidad ilícita y, otro, contra empresas que administran viviendas turísticas en varias comunidades autónomas y ofrecen «información falsa o información que, aun siendo veraz, pueda inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentación induzca», lo que correspondería con una práctica engañosa. Así, Consumo ha ordenado el bloqueo de más de 65.935 anuncios ilegales de pisos turísticos a la plataforma Airbnb.
El Ministerio recalca que la vivienda es «un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley» y que todas estas iniciativas buscan proteger el derecho de acceso a la misma.