El juez considera que los propietarios de los terrenos en La Manga merecen ser indemnizados por el Consistorio
Terrenos de El Vivero en la zona cartagenera de La Manga / A.C
La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Cartagena ha condenado al Ayuntamiento a abonar 54,6 millones de euros a los promotores del Plan Parcial El Vivero, en La Manga del Mar Menor, al fijar una indemnización sustitutoria por la imposibilidad de ejecutar una sentencia previa.
En el auto, dictado el 18 de febrero por el magistrado-juez Fernando Romero Medel, se establecen indemnizaciones de 26.512.543,59 euros a favor de Herjospha S.A. y de 28.135.221,54 euros a favor de Edificaciones del Sureste Litoral S.L., más los intereses legales desde la fecha de presentación de la solicitud. La resolución no impone las costas a ninguna de las partes.
Tras conocerse el auto, la alcaldesa, Noelia Arroyo, informó de que los Servicios Jurídicos municipales solicitarán la nulidad de actuaciones y presentarán recurso de apelación.
El Consistorio sostiene que no se han tenido en cuenta los informes emitidos por el Servicio de Urbanismo y la Oficina de Gestión Presupuestaria.
A juicio de los servicios jurídicos municipales, la cuantía fijada resulta “desproporcionada”, al entender que, en su caso, la indemnización debería limitarse a los costes de tramitación urbanística y no al valor del suelo, que sigue siendo titularidad de los demandantes.
El Ayuntamiento defiende además que los terrenos presentan valores ambientales y de protección del Mar Menor que impiden aprobar cualquier programa que propicie su desarrollo urbanístico.
Durante el procedimiento aportó un informe en el que se señalaba que los propietarios no han consolidado derecho de aprovechamiento urbanístico alguno y que los suelos permanecen sin desarrollar.
En relación con el Plan General de Ordenación Urbana, el Gobierno local recuerda que los terrenos fueron clasificados como no urbanizables en la aprobación inicial por unanimidad del Pleno, si bien esa clasificación no será firme hasta su aprobación definitiva.
El PSOE vincula la sentencia al modelo urbanístico del PP
El Grupo Municipal Socialista atribuyó la condena «al modelo urbanístico impulsado por el Partido Popular en las últimas décadas». El concejal Pedro Contreras afirmó que la resolución es consecuencia de la “especulación urbanística” desarrollada durante años en Cartagena y en la Región.
Según el edil socialista, los terrenos fueron declarados definitivamente urbanizables en 2004, con el PP al frente de las administraciones local y autonómica, en aplicación de la Ley del Suelo entonces vigente.
El PSOE recuerda que en 2019 ya denunció la inviabilidad del proyecto, que contemplaba más de 600 viviendas y, a su juicio, carecía de la evaluación preceptiva sobre la Red Natura 2000.
Los socialistas reiteran su oposición al desarrollo de El Vivero por considerarlo incompatible con la protección del Mar Menor y subrayan que el nuevo PGOU recoge la necesidad de evitar nuevas construcciones en su entorno.
MC pide explicaciones y una junta extraordinaria
Por su parte, MC señaló que la condena no es una sorpresa, sino la consecuencia de una “mala gestión urbanística” que, a su juicio, puede acabar costando millones a los cartageneros.
Según el portavoz de la formación local, Jesús Giménez Gallo, la sentencia confirma las advertencias realizadas durante la tramitación del Plan General sobre el riesgo de indemnizaciones derivadas de la desclasificación de suelos.
Giménez Gallo aseguró que votó en contra en la aprobación provisional al considerar que no se facilitó toda la información relevante sobre los riesgos jurídicos y económicos.
MC solicitó este viernes la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces extraordinaria para que la alcaldesa informe no solo sobre este procedimiento, sino también sobre otros litigios en curso que puedan derivar en futuras reclamaciones patrimoniales.
La formación espera que el recurso anunciado prospere, aunque advierte de que la gestión del planeamiento debe realizarse —según sus palabras— con “rigor, transparencia y previsión jurídica” para evitar que el coste de posibles errores recaiga en las arcas municipales.