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Hacienda llevará ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles la quita de hasta 83.252 millones
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Desde el PP ya han anunciado que votarán en contra al considerar que es un «pago» a los independentistas
PorRTVE.es
Pero, ¿qué plantea el Gobierno? ¿A quién beneficia? ¿Cómo es el reparto entre territorios? Estas son las principales claves:
¿Qué propone el Gobierno?
El Ministerio de Hacienda ha presentado este lunes una propuesta para que el Estado asuma 83.252 millones de euros de deuda de todas las comunidades autónomas. Una medida “sin precedentes” y “generosa”, en palabras de Montero, que pretende compensar a las comunidades autónomas por el sobreendeudamiento al que se vieron sometidas durante la crisis financiera debido a los recortes en financiación.
¿A quién beneficia?
La medida se remonta a noviembre de 2023, en plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Entonces, el PSOE y ERC pactaron condonar un 20% de la deuda total de 73.110 millones de euros que la administración catalana mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Esto es, unos 15.000 millones de euros, además del ahorro de alrededor de 1.300 millones en intereses.
Ante las críticas del resto de comunidades autónomas, la propia Montero prometió que la medida sería extensible al resto de regiones y así lo ha confirmado este lunes, aunque para ello ha tenido que redefinir la metodología, pues muchas comunidades no están acogidas a este mecanismo.
Pero, ¿qué es el FLA?
El Fondo de Liquidez Autonómico fue creado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el año 2012 durante la crisis económica, cuando las comunidades tenían muchos problemas para que les prestaran dinero en los mercados financieros. Mediante él, el Gobierno otorga dinero a las comunidades autónomas adscritas para que financien, entre otras, las competencias que tienen en exclusiva como educación o sanidad, que son precisamente las que más gasto público requieren.
En este Fondo no se encuentran todas las comunidades autónomas y solamente están adscritas las que así lo pidieron al Ministerio de Hacienda: Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana.
La Comunidad de Madrid, pese a estar en el régimen general, no está adscrita a este mecanismo. Tampoco el País Vasco y Navarra, al regirse por el régimen foral.
¿Cómo será ahora el reparto?
La metodología planteada por Hacienda busca llevar a cabo un reparto objetivo entre todas las comunidades y tiene tres fases, tal como detalla Efe:
En primer lugar, Hacienda calcula que las regiones se vieron obligadas a sobreendeudarse en unos 80.310 millones entre 2009 y 2013 por la falta de financiación y reparte el 75% de este desfase (60.232 millones) en función de la población ajustada, lo que se traduce en la condonación media del 19,3% de la deuda.
En una segunda fase corrige estos datos para garantizar que todas las comunidades autónomas ven condonada al menos el 19,3% de su deuda, para lo que asigna 11.514 millones adicionales a las cinco comunidades que quedan por debajo de ese porcentaje: Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana.
¿Qué supone la quita de la deuda para las comunidades autónomas?
En la tercera, se hacen dos ajustes adicionales, uno de ellos para elevar la asignación hasta el máximo por habitante ajustado (el de Comunidad Valenciana, con 2.284 euros) a todas las comunidades autónomas que entre 2010 y 2022 recibieron una financiación por debajo de la media, lo que eleva la cifra total en 10.590 millones.
El segundo ajuste premia con 917 millones a las comunidades autónomas que hayan usado sus competencias para aumentar la recaudación del IRPF -contribuyendo así, explica Hacienda, a devolver su propia deuda-, con una condonación extra del 10% para quienes lo hayan subido por encima de la media y un 5% para el resto.
¿Cuáles serían las comunidades más beneficiadas?
Andalucía y Cataluña serían las comunidades autónomas más beneficiadas con esta propuesta, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.
Tras estas dos regiones, se sitúan la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).
¿Es obligatorio?
No. Montero ha precisado que la condonación de deuda es voluntaria y que no está sujeta a ninguna «condicionalidad», por lo que corresponderá a cada Gobierno autonómico decidir si se suman, aunque ya ha avanzado que sería “marciano” no hacerlo.
¿Qué dice el PP?
Desde el PP ya han anunciado que votarán en contra de una medida que consideran un «pago» a los independentistas para que Pedro Sánchez siga al frente del Gobierno, tal como aseguró el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, este lunes.
También las mayoría de autonomías en manos ‘populares’ han expresado públicamente su rechazo a esa condonación de la deuda. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado la medida como «un trágala» que el Gobierno quiere «imponer a punta de pistola» a todos los españoles. «No se puede tener más cara dura y no se puede ser más arbitrario», ha declarado.
¿Y el Gobierno?
Montero, no obstante, se ha mostrado confiada en que las comunidades gobernadas por el PP «saben que esta medida ayuda y les alivia» y, por tanto, defenderán sus intereses «en vez de seguir a pies juntillas» las indicaciones de Génova. «Si vamos al CPFF con la condonación de 83.252 millones de euros y el PP vota en contra, no tendrá más opción que explicar por qué siempre ponen por delante el relato del falso agravio comparativo (entre las comunidades) en vez del interés de los ciudadanos», ha insistido.
En la misma línea, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha instado al presidente del PP a elegir entre «condonar la deuda a sus comunidades autónomas o condenar a los ciudadanos».
El Gobierno pide a Feijóo que explique si quiere condonar la deuda o «condenar a los ciudadanos de todas las CC.AA.»
¿Qué posibilidades tiene la medida de salir adelante?
El Ejecutivo necesitaría el voto de tan solo una comunidad autónoma para aprobar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera su propuesta pese al rechazo de las comunidades del PP, ya que el Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de los votos en este foro multilateral. En este contexto, el voto del Gobierno catalán presidido por el socialista Salvador Illa podría ser decisivo para validar la propuesta de condonación de deuda, aunque este planteamiento se materializará posteriormente en una ley orgánica que tiene que ser aprobada por las Cortes Generales.
En este sentido, partidos como Compromís han advertido este martes de que no la apoyarán en el Congreso si no se cambia y se tiene en cuenta la infrafinanciación que sufren comunidades como la valenciana.
¿Cuándo entraría en vigor?
La vicepresidenta confía en que la ley esté en vigor antes de final de año. A partir de entonces, comenzará la cancelación de la deuda de las comunidades que se adhieran al programa, acompasada a los vencimientos (principal e intereses), en un proceso que se podría alargar casi una década.