El Gobierno regional y la Comunidad Valenciana reprochan al presidente Emiliano García-Page sus «presiones políticas»
Conducción de las tuberías del trasvase Tajo-Segura a su paso por la provincia de Alicante. / Tony Sevilla
Alejandro Lorente D. Pamies LA OPINIÓN
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha intensificado en las últimas semanas su rechazo al trasvase Tajo-Segura. Las últimas declaraciones del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, en las que describe el funcionamiento del acueducto como una «auténtica barbaridad» y en las que exige una «profunda revisión» de su explotación no son casuales. Las realiza en un momento clave para los intereses de los regantes murcianos, cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía se encuentran en el nivel 1, superando los 1.400 hectómetros cúbicos, una situación que permite autorizar el mayor volumen de agua a trasvasar de una sola tacada en los 46 años del acueducto: 180 hectómetros cúbicos, 60 mensuales para abril, mayo y junio.
Además, el Gobierno castellanomanchego lleva meses apremiando al Ministerio a modificar las normas de explotación que supondrían elevar el techo máximo de reservas de agua en los embalses de cabecera sobre los que se pueden autorizar trasvases.
A pesar de que ya se debería haber tomado esta decisión, la Comisión de Explotación todavía no se ha reunido, cuando acostumbra a hacerlo a principios del nuevo trimestre. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica consultadas por esta Redacción se han limitado a informar que se convocará en «los próximos días». Este injustificado retraso está levantando ampollas y suspicacias tanto en el Gobierno regional como en el de la Comunidad Valenciana, que también ha arremetido contra las palabras de García-Page.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una rueda de prensa reciente. / EFE/Manu Reino
Desde el Gobierno regional reclaman que se proceda a aprobar el trasvase mensual correspondiente «sin demora, con rigor técnico y atendiendo a los informes del CEDEX». Fuentes de la Consejería de Agricultura que dirige Sara Rubira recuerdan que los regantes de la Región y del resto del Levante «tienen que conocer ya las cantidades autorizadas en los próximos meses». Para la Administración regional esas cantidades no pueden ser otras que las marcan las actuales reglas de explotación, los 60 hectómetros cúbicos mensuales. Además, estas fuentes recuerdan que en este momento los embalses de cabecera del Tajo almacenan 1.527 hectómetros cúbicos, «el máximo desde que comenzaron los envíos en 1980».
Para el Gobierno murciano, la situación de los embalses demuestra que «no es necesario un cambio de las reglas de explotación». Además, el Ejecutivo popular le envía un recado al presidente García-Page: «Debería dejar de presionar y generar incertidumbre, demandar a Pedro Sánchez que ejecute de forma inmediata las infraestructuras contenidas en el plan de cuenca del Tajo y preocuparse por la evolución del plan de inversiones en modernización de regadíos en la cabecera del Tajo».
Por otra parte, la Administración autonómica destaca que la cuenca del Tajo está casi al 84 por ciento, con más de 9.200 hectómetros almacenados, mientras que las reservas en los pantanos del Segura apenas llegan al 30 por ciento (328 hectómetros cúbicos, de los cuales 100 son del sistema trasvase). «España no es un país seco, sino uno en el que el agua está muy mal repartida», sentencian.
Por último, el Gobierno regional ha vuelto a reivindicar un Plan Nacional del Agua, «que sea solidario, que distribuya los recursos, que apueste por las infraestructuras necesarias y que termine con estas tensiones».