La Asociación de Enfermeros de Prisiones de España reclama una nueva definición de competencias, una revalorización de las horas de guardia y mejoras en el complemento específico
Los enfermeros que trabajan en prisiones piden una nueva regulación de su trabajo. Faltan profesionales en algunas prisiones, reclaman mejores condiciones laborales y una delimitación de funciones. Las negociaciones el Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, no cristalizan.
Más de cuatro décadas tiene el convenio que rige el papel de los enfermeros y enfermeras que trabajan en estos centros. Está obsoleto, según denuncian desde la Asociación de Enfermeros de Prisiones de España. Durante el último lustro han intentado negociar cambios con la administración central, pero esta no se aviene a acuerdos. La regulación actual les deja al albur de la dirección de cada prisión y el colectivo denuncia presiones para asumir responsabilidades que no les corresponden como son la elaboración de partes de accidentes o el traslados de reos.
En la Región trabajan diecisiete de estos profesionales y cuatro más en prácticas, hay varias bajas sin cubrir, según explica Eusebio Espuela, de la Asociación. Las organizaciones representativas del sector consensuaron antes de la pandemia una propuesta para fijar competencias de los enfermeros en las prisiones pero los sindicatos no llegan a ningún acuerdo con Instituciones Penitenciarias.
La causa es que las organizaciones sindicales reclaman una revalorización de las horas de guardia y el Ministerio del Interior no accede a ello porque, según dicen, Hacienda no les permite elevar el techo de gasto. Esto se traduce en que los enfermeros cobran el complemento específico más bajo de los colectivos que trabajan en cárceles.
Asociación de Enfermos Penitenciarios ha presentado una demanda por vía judicial al Ministerio. Lamentan que su trabajo implica riesgos. Esta asociación cuenta con 438 socios de los 600 profesionales que trabajan en presidios de España. Hay tres comunidades que tienen transferidas las competencias de sanidad penitenciaria: son Cataluña, País Vasco y Navarra.