Arranca el juicio del caso Kitchen, el presunto espionaje a Bárcenas que lleva al banquillo a la cúpula de Interior de Rajoy

  • Se juzga si la operación, pagada con fondos reservados, intentó robar al extesorero documentación comprometedora para el PP

  • Entre los acusados figuran el exministro Jorge Fernández Díaz o el excomisario Villarejo

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Arranca el juicio del caso Kitchen
Noemí San Juan
Paula Guisado / Jaime Gutiérrez | Datos   rtve

A mediados de 2013, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ingresó en prisión preventiva en Soto del Real. Desde la cárcel, amenazaba con «tirar de la manta» y decía que tenía documentos que «harían caer al Gobierno», entonces encabezado por Mariano Rajoy. Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior.

Como trama derivada de la Gürtel había salido a la luz el caso Bárcenas. Apuntaba a una presunta contabilidad irregular del PP que incluía sobresueldos en dinero negro a algunos de sus dirigentes. En ese momento, crucial para los populares, habría arrancado lo que se cree que fue la llamada Operación Kitchen. Se considera que fue un presunto operativo parapolicial puesto en marcha por Fernández Díaz con ayuda del excomisario José Manuel Villarejo.

El objetivo: sustraer al extesorero esa documentación sensible que pudiera ser comprometedora para el Partido Popular. Igualmente, se cree que se buscaba espiar los movimientos de Bárcenas y su entorno familiar.

Casi 13 años después, este lunes 6 de abril el caso Kitchen llega a la Audiencia Nacional para someterse al escrutinio de un tribunal, con sesiones que se prologarán hasta el próximo mes de junio.

 

Respecto a Bárcenas, el juez Pablo Ruz tomó esa decisión de mandarle a Soto del Real por considerar que existía «riesgo de fuga» al haberse descubierto que disponía de un «patrimonio oculto» en el extranjero. Se estaba investigando el caso Gürtel, la trama que aludía a un red de corrupción política vinculada al PP. El magistrado quería, además, «neutralizar» el acceso del imputado al asunto «que aún no se ha finalizado de investigar».

Los acusados

Diez personas se sentarán en el banquillo de los acusados, incluida la cúpula del Ministerio del Interior en ese momento. El primero será el ministro Jorge Fernández Díaz, también el exchofer del extesorero o el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior

Ministro del Interior entre 2011 y 2016, el auto de procesamiento lo coloca en lo más alto de la trama y considera su presencia «útil y pertinente» para llevar a cabo este espionaje. Díaz declaró que desconocía la operación Kitchen y se enteró por la prensa, aunque su número dos reiteró que estaba al tanto de la misma.

Fernández Díaz solicitó en 2023 que el PP se sentase en el banquillo como responsable civil a título lucrativo. Se enfrenta a una petición de 15 años de prisión y su inhabilitación durante 33 años.

Francisco Martínez Vázquez, ex secretario de Estado de Seguridad

También llamado «Paco» o «Cocho», fue mano derecha del ministro Fernández Díaz. Tras ser su jefe de Gabinete se convirtió en secretario de Estado de Seguridad. Se investiga si autorizó los pagos con fondos reservados para el operativo de Kitchen. Según el juez, asumió la coordinación del mismo, que habría encomendado al responsable de la policía Nacional, Eugenio Pino. Se enfrenta a una petición de 15 años de prisión.

José Manuel Villarejo, excomisario

El omnipresente excomisario Villarejo está imputado en diversos procesos judiciales.

Según el auto de procesamiento del caso Kitchen, Villarejo habría sido el ejecutor de la trama. Encargado, entre otras cosas, de captar al chófer de los Bárcenas para que actuase como espía del operativo. En su domicilio, agentes de Asuntos Internos de la Policía encontraron evidencias de la trama. Para él se pide la condena más alta de todas las del caso Kitchen: 19 años de prisión.

Trama policial

Eugenio Pino Sánchez, ex director adjunto de la Policía Nacional

Ex número 2 del cuerpo policial, fue el máximo responsable no político del cuerpo. Según la Fiscalía, el ex-DAO habría tenido un papel relevante en el dispositivo puesto en marcha desde el Ministerio del Interior, que se saldó con el robo, entre otra documentación, de las agendas personal y de trabajo de Bárcenas.

Se enfrenta a una petición de 15 años de prisión.

Marcelino Martín Blas Aranda

Exjefe de Asuntos Internos de la Policía, se desmarcó totalmente de la Operación Kitchen cuando declaró en la Audiencia Nacional en 2021. Negó haber recibido órdenes para investigar nada relacionado con la trama, ni desde la Policía Nacional ni a través del Ministerio del Interior. El juez, sin embargo, mantiene su imputación al considerar que habrían participado funcionarios de Asuntos Internos bajo su mando. La Fiscalía pide para él dos años y medio de prisión.

Andrés Manuel Gómez Gordo

En su escrito de defensa, el comisario Andrés Manuel Gómez Gordo pidió su absolución alegando que actuó por órdenes de sus superiores que consideraba legítimas y convencido de que la operación era “totalmente legal”.Gómez Gordo fue contratado por María Dolores de Cospedal como director general en Castilla-La Mancha. Según Pino, suya habría sido la iniciativa de seguir a Bárcenas a través del chófer Sergio Ríos, ya que se conocían previamente. Él lo negó. La Fiscalía pide para él 15 años de prisión.

José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Diéz Sevillano

Inspectores jefes de la Policía Nacional y presuntos integrantes de la denominada «policía política», aseguraron en la comisión de investigación del Congreso que no tienen nada que ver con el caso Kitchen. Afirmaron que no conocían a Sergio García y minimizaron su relación con Villarejo.

Ambos están considerados personas de confianza del exdirector adjunto operativo Eugenio Pino. Fuentes Gago trabajó como jefe de gabinete del ex-DAO en calidad de «analista» desde mayo de 2014 hasta septiembre de 2015 y Díez Sevillano, en comisión de servicio y funciones «administrativas» y de apoyo al DAO desde el verano de 2014 hasta julio de 2016. No son acusados por Anticorrupción, sino por la acusación particular.

José Luis Olivera Serrano

Ex responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), fue imputado tras la denuncia del inspector Manuel Morocho, al que habría intentado apartar del caso Gürtel y boicotear la investigación. Según Morocho, Olivera le ofreció un puesto de agregado policial en la embajada de Lisboa durante un encuentro en el que dijo recibir una llamada del exministro. El juez subraya que tenía conocimiento de la Kitchen, de su ilicitud y del empleo de fondos reservados. Al igual que Fuentes y Díez, Anticorrupción ha rechazado acusarle formalmente al considerar que no existen indicios suficientes, pero sí lo reclama la acusación particular.

Sergio Javier Ríos Esgueva

Exchófer del matrimonio Bárcenas, habría traicionado la confianza de su jefe facilitando a la trama información sobre ellos. Bajo el alias “el cocinero”, Ríos fue el primer imputado por el magistrado De Egea en diciembre de 2018 y es clave en la investigación. Habría cobrado 2.000 euros mensuales a cargo de fondos reservados del Ministerio del Interior, hasta un total de 53.000 euros, por pasar información a Villarejo. La Fiscalía pide para él 12 años y 15 días de cárcel.

Enrique García Castaño

El que fuera comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) sufrió un ictus en mayo de 2022. Como consecuencia de ello se pidió el archivo provisional de la causa contra él por motivos médicos y la “incapacidad mental sobrevenida”, que trajo consigo “su inimputabilidad”. Conocido como “el Gordo”, fue considerado mano derecha de Villarejo y uno de los agentes protagonistas de la llamada “policía patriótica”.

Un dispositivo con decenas de agentes pagado con fondos reservados

El dispositivo de seguimiento de la Kitchen habría empleado a varios confidentes, entre ellos el chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, supuestamente captado por los excomisarios Villarejo y Andrés Gómez Gordo. La operación también habría utilizado a varias decenas de agentes de las fuerzas de seguridad. Todo pagado a cuenta de los fondos reservados.

Durante varios meses, según la investigación, se realizaron seguimientos a Bárcenas y a su familia, aportando detallada información sobre sus actividades, además le sustrajeron documentos y dispositivos electrónicos.

 

En octubre de 2013, mientras el extesorero se encontraba en prisión, entró en el domicilio familiar un hombre disfrazado de sacerdote que retuvo, maniató y amenazó con una pistola a la esposa de Bárcenas, a su hijo y a una empleada doméstica. Unos hechos por los que el autor del allanamiento y del secuestro, Enrique Olivares García, fue condenado a 22 años de prisión en 2014, aunque no pudo cumplir su condena porque falleció en 2022.

Cuando finalmente el juez Pablo Ruz recibió los ordenadores del extesorero, no había rastro de la documentación almacenada por Bárcenas relativa a los pagos en el seno de Partido Popular. Después, agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional encontraron en casa de Villarejo varias pruebas que se creen que sirvieron para confirmar la existencia de la operación.

Los testigos

Durante los próximos tres meses pasarán por la sala de la Audiencia Nacional como testigos personalidades de gran relevancia política e institucional, empezando por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. También están citados varios exministros y miembros relevantes del Partido Popular y cargos del ministerio del Interior y la Policía Nacional. Además, testificará el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha pedido declarar por escrito. Estos son algunos de los principales testigos.

Fernández Díaz acusó a su número dos

En septiembre de 2020, el juez García Castellón levantó el secreto de la pieza, ya conocida como caso Kitchen. Un mes después declaró como imputado al exministro Jorge Fernández Díaz, que negó haber ordenado el espionaje ilegal a Bárcenas y afirmó haberse enterado por la prensa.

El extitular de Interior descargó su responsabilidad en Francisco Martínez, que había sido su mano derecha, y le acusó de mentir y manipular los mensajes que le incriminaban. Martínez había asegurado que Fernández Díaz estaba al tanto de la operación e incluso depositó ante notario unos mensajes en los que supuestamente le informaba de la misma. Posteriormente, ambos protagonizaron un tenso careo judicial al respecto, que finalizó con duros reproches personales mutuos.

 

Fernández Díaz exculpó a la cúpula del partido, incluido el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy, al que supuestamente se mencionaba en unas grabaciones de Villarejo que salieron a la luz. En ellas se referían al expresidente popular como el Asturiano o el Barbas. «Las maldades que me han encargado a mí para salvarle el culo al Barbas«, afirmaba el excomisario.

Mientras se desarrollaba una comisión de investigación en el Parlamento, el juez imputó temporalmente a María Dolores de Cospedal y a su marido, que finalmente quedaron fuera del grupo de acusados. Sus nombres han aparecido en momentos de la investigación, como la declaración de que fuera inspector de la Gürtel, Manuel Morocho.

 

El juez García Castellón dio por concluida la instrucción de Kitchen en julio de 2021. Ahora la Audiencia Nacional tratará de dirimir la existencia de este operativo «parapolicial» montado por el Ministerio del Interior entre 2013 y 2014 para hacerse con documentos comprometedores para el PP. La jueza ponente, encargada de redactar la sentencia, será Teresa Palacios.

De cara a este proceso, el pasado martes la Fiscalía de Anticorrupción aportó, además, una serie de correos electrónicos de Villarejo a Martínez en los que le reprocha haberle dejado «tirado»: «Me convenciste para que me quedara porque decías necesitarme, pero luego me abandonaste a mi suerte», increpaba el excomisario al ex secretario de Estado, al que criticó por ponerse «de perfil» y le exigió su «placa insignia» y «la condición de Honorario».

Las acusaciones particulares

Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias, y el hijo de ambos, Guillermo Bárcenas Iglesias, vocalista del grupo Taburete, ejercen las acusaciones particulares en este juicio, como víctimas de la supuesta trama de espionaje.

Además, PSOE Podemos ejercerán las acusaciones populares.

La Kitchen, investigada también en el Congreso

En plena pandemia y justo antes de unas Navidades que todos recordamos tras una mascarilla, mientras se hablaba del auge del teletrabajo y el Gordo regaba de millones lugares como Reus y Punta Umbría, se constituía en el Congreso de los Diputados la Comisión de Investigación por el caso Kitchen. Era el 22 de diciembre de 2020. Las comparecencias arrancarían en marzo del año siguiente.

Durante nueve meses, 37 personas se sentaron en el sillón de comparecientes. Entre ellos, algunos de los principales protagonistas de la trama.

 

Jorge Fernández Díaz defendió ante los diputados que no dio orden «a nadie» para llevar a cabo el presunto operativo de espionaje a Bárcenas con recursos de la Policía y se desmarcó de la operación: «No la hubiera tolerado nunca, le doy mi palabra de que no. Todo el mundo tiene códigos».

Por su parte, el excomisario Villarejo apuntó durante su intervención a lo más alto del PP: «Yo dudo que lo desconociera el señor Rajoy», dijo. Meses después, en una segunda comparecencia, ofreció más detalles sobre esos encuentros y habló de una reunión concreta que habría tenido lugar en el despacho de María Dolores de Cospedal.

 

La declaración de la ex secretaria general del PP estuvo unos días en el aire, al quedar imputada junto a su marido por el juez que instruía la causa. Al decaer la imputación, Cospedal acudió finalmente al Congreso. Allí se acogió a su derecho a no declarar, pero afirmó que el extesorero del PP, Luis Bárcenas «miente sistemáticamente».

Ella fue la penúltima persona en declarar en la comisión de investigación, justo antes de que lo hiciera Mariano Rajoy. El expresidente cerró la lista de comparecientes.

 

Rajoy negó la mayor y rechazó la existencia de una «Caja B» en el Partido Popular y de una Operación Kitchen para robarle al extesorero del PP. Además, restó «credibilidad» a las declaraciones de Bárcenas y Villarejo y defendió la «inocencia» de Fernández Díaz.

Ya en 2023 se constituyó en el Congreso una nueva comisión en torno a la trama Kitchen, ligada esta vez a la Operación Cataluña. Se investigaron supuestas operaciones parapoliciales en esa Comunidad cuando el PP dirigía el ministerio del Interior. Comparecieron 20 personas. Entre ellos María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz y varios cargos policiales, como el ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó.

 

Este mismo año la Fiscalía hizo su petición de penas para los protagonistas de la trama: 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz y Francisco Martínez. También para Eugenio Pino y Gómez Gordo. Para José Manuel Villarejo, sin embargo, la petición de pena es mayor: 19 años de prisión.