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Desde Moncloa se ha indicado que el encuentro ha transcurrido «en un clima cordial y de normalidad institucional»
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Aragonès ha advertido a Sánchez de que «debe moverse» para que Cataluña pueda tener «una financiación justa y propia»
PorRTVE.es / AGENCIAS
Los dos presidentes se han reunido por espacio de aproximadamente una hora en el Palau de la Generalitat, un encuentro celebrado en plena negociación entre ERC y PSC para investir a Salvador Illa y en el que han rubricado el convenio para el traspaso definitivo de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Cataluña.
En un «clima cordial y de normalidad institucional», Aragonès y Sánchez «han abordado la situación política general y otros asuntos de interés común», han repasado los últimos acuerdos alcanzados para «concretar y calendarizar» diversas transferencias y asuntos pendientes y se han comprometido a trabajar para «culminar su cumplimiento en beneficio de la ciudadanía de Cataluña», según han informado ambos gobiernos en un comunicado conjunto.
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En su quinta reunión institucional desde 2021 -la última fue también en Barcelona el pasado diciembre-, Aragonès y Sánchez han destacado el entendimiento para hacer efectivo el traspaso de becas y ayudas al estudio, iniciativas de investigación y desarrollo, así como el servicio de Rodalies.
El pasado lunes, socialistas y republicanos anunciaron que el Gobierno abonará 1.520 millones en los próximos tres años a la Generalitat, 1.058 de ellos vinculados con Rodalies (Cercanías) y 450 para I+D, partidas que responden al pacto entre PSOE y ERC de noviembre de 2023 para la investidura de Sánchez.
La financiación de Cataluña, sobre la mesa de la reunión
Fuentes de la Generalitat han explicado que, durante la reunión, Aragonès ha defendido la necesidad de «acelerar el cumplimiento» de los acuerdos pendientes y ha hecho hincapié en que Cataluña debe dotarse de un sistema de financiación «singular».
En concreto, y a pocos días de que venza el plazo límite marcado por ERC para alcanzar -a finales de julio- un pacto con el PSC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, Aragonès ha advertido a Sánchez de que «debe moverse» para que Cataluña pueda tener «una financiación justa y propia», que es la principal de las condiciones que los republicanos plantean a los socialistas.
Aragonès, que podría estar viviendo sus últimas semanas como presidente de la Generalitat si Illa consigue ser investido, ha remarcado que aún hay que culminar acuerdos como la condonación de 15.000 millones del FLA o el proyecto para la instalación en Cataluña de un centro tecnológico de producción de chips (Innofab).
Fuentes del Gobierno del Estado han señalado que el Ejecutivo que preside Sánchez «siempre ha trabajado desde el respeto a la diversidad, a la lengua y a la cultura catalana, poniendo siempre como prioridad el avance en las cuestiones que preocupan a los ciudadanos y las ciudadanas catalanas en su día a día».
Esa ha sido, añaden las mismas fuentes, «la vocación del Gobierno hasta ahora y esa será la vocación que se mantenga con el futuro Govern que se decida en Cataluña».
Bolaños-Vilagrà, la reunión paralela
Simultáneamente, en otra sala del Palau de la Generalitat están reunidos el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà.
Aunque las portavoces de ambos ejecutivos han desvinculado la reunión Aragonès-Sánchez de la negociación para la investidura de Illa, el contexto en el que se celebra viene condicionado por la negociación que mantiene ERC con el PSC.
En paralelo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, han formalizado con su firma el traspaso a Cataluña del Ingreso Mínimo Vital (IMV), tras años de negociación.
La firma se ha llevado a cabo de forma solemne con la presencia de Pedro Sánchez y Pere Aragonès, en la sala Torres García del Palau de la Generalitat, en Barcelona.
El traspaso del IMV ha sido una de las demandas clave del Govern en esta legislatura, primero por parte de la consellera de Derechos Sociales por Junts per Catalunya Violant Cervera, y con el conseller independiente en el gobierno de ERC Carles Campuzano después, quien finalmente la ha concretado.
Cataluña reivindicaba que, al igual que el País Vasco y Navarra, también tenía derecho a asumir la gestión y el pago de esta prestación en su territorio.