El proyecto contempla la eliminación de uno de los depósitos construidos para el almacenamiento de los lixiviados, una actuación que se iniciará en breve y que eliminará molestias a vecinos de la zona.
La recuperación del vertedero de residuos de Abanilla llega a su recta final con la ejecución, en apenas tres meses y medio, de casi la mitad de las obras de la última fase. En concreto, y tras concluir el pasado año las actuaciones de emergencia para controlar de manera definitiva los derrames de lixiviados, la Comunidad ha concluido ya un 55 por ciento de las obras del proyecto de adecuación, sellado, clausura y restauración de esta planta.
La próxima actuación, que se iniciará de manera inminente, es la eliminación de uno de los depósitos construidos para el almacenamiento de lixiviados recogidos por el sistema de extracción automático y bombeo, así como el tratamiento de los mismos a través de un gestor autorizado. En concreto, está previsto que a lo largo del mes de julio se inicie la extracción y gestión de 1.800 metros cúbicos de lixiviados (la balsa tiene capacidad para cerca de 3.000 metros cúbicos), para posteriormente proceder al desmantelamiento de la balsa y a la restauración de los terrenos a su estado original, lo que eliminará los problemas que generaban a los vecinos de los municipios limítrofes los olores en la zona.
Este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses, consiste en el recubrimiento con tierra vegetal y la revegetación, después de su impermeabilización, de los vasos y zonas con residuos.
Así lo anunció hoy el director general de Medio Ambiente y Mar Menor, Antonio Luengo, durante una visita a las obras, asumidas por la Comunidad para evitar los riesgos que podía conllevar el retraso en las actuaciones por parte de la mercantil que gestionaba esta planta.
«En la actualidad, y una vez concluidas en octubre del año pasado las actuaciones de emergencia, se mantienen controlados los riesgos de estabilidad y derrame de lixiviados en la zona. A mediados del pasado mes de marzo, además, pusimos en marcha los trabajos necesarios para el sellado definitivo de la planta y la regeneración de la zona, un proyecto prioritario para la Comunidad y del que ya hemos ejecutado casi la mitad de las obras», señaló Antonio Luengo.
Proyecto conjunto
Durante su visita, el director general de Medio Ambiente estuvo acompañado por el director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Comunidad Valenciana, Joan Piquer, ya que se trata de un proyecto conjunto de ambas administraciones, así como por el alcalde de Abanilla, Ezequiel Alonso, y miembros de la asociación Vertivega.
En este sentido, y teniendo en cuenta que los terrenos afectados pertenecen a las dos comunidades autónomas y que la mayor parte de los residuos enterrados de manera irregular por la mercantil que gestionaba la planta procedían de municipios de la Comunidad Valenciana, el director general de Medio Ambiente insistió en la importancia de actuar de manera coordinada.
«Desde el Gobierno regional estamos trabajando sin descanso para recuperar la zona y garantizar la seguridad de los vecinos, pero para finalizar esta restauración y para la vigilancia posterior es fundamental la actuación coordinada de las dos comunidades autónomas, tanto en la gestión de los lixiviados totales recogidos en las balsas como en los planes de vigilancia una vez que se clausure la planta», explicó el director general de Medio Ambiente y Mar Menor.
En la actualidad, de hecho, ambas comunidades autónomas han solicitado al Gobierno central una partida de 4,2 millones de euros para impulsar esta restauración definitiva y la gestión de los lixiviados en las zonas comunes a ambas regiones que se vieron afectadas por la actuación irregular de la mercantil responsable de la planta y que derivaron en la retirada, en el año 2011, de la licencia de gestión y en la obligación de que la empresa se hiciese cargo del sellado y de la restauración ambiental.
Tras comprobar el retraso en este proyecto, el Gobierno regional se hizo cargo de la ejecución subsidiaria forzosa a costa de la empresa. Desde entonces, la Comunidad ha invertido cerca de 5,1 millones de euros en actuaciones para la clausura de la planta y la recuperación de las zonas afectadas.
