A la Policía se le queda corto el fondo para contratar intérpretes que traduzcan las escuchas
La Secretaría de Estado de Seguridad se ha visto obligada a aprobar una modificación del contrato al alza porque el fondo que tenían para pagar esas facturas se estaba agotando
EFE
La Secretaría de Estado de Seguridad se ha visto obligada a aprobar una modificación del contrato al alza porque el fondo que tenían para pagar esas facturas se estaba agotando
CADENA SER
La División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía, en octubre de 2021, adjudicó de nuevo a la empresa Seprotec los servicios de traducción, interpretación y transcripción de escuchas telefónicas autorizadas en las diferentes investigaciones policiales por delitos graves. Desde hace años, esta compañía es la encargada de ofrecer a la Policía Nacional un equipo de profesionales en varios idiomas, que pueden ser requeridos por las distintas unidades en el marco de investigaciones policiales.
Inicialmente, el ministerio del Interior planificó un presupuesto de 10.500.000 euros para un contrato de 18 meses de duración (hasta 30 de noviembre de 2023). Solo para los primeros siete meses de 2022, la Policía Nacional contaba con un fondo de 3.500.000 euros. Pero se quedaron cortos. En solo tres meses, entre junio y agosto, la empresa remitió facturas por un valor de 2.138.115 euros, es decir, se habían gastado el 61% del presupuesto previsto. Por ese motivo, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez se ha visto obligado a firmar una resolución para autorizar la ampliación del fondo reservado con unos 780.000 euros adicionales, un 7’34% más, “para poder hacer frente a las facturas correspondientes al ejercicio corriente” y evitar que ese servicio se viese interrumpido.
La Secretaría de Estado de Seguridad justifica el desajuste del presupuesto inicial alegando que “resulta imposible anticipar el número de servicios de traducción, interpretación, escuchas y transcripciones de otros idiomas que van a ser necesarios”.
Según los detalles de la licitación, el Ministerio del Interior paga como máximo 22,99 euros (IVA incluido) por cada hora de escucha. La empresa adjudicataria se compromete a tener un mínimo de intérpretes en árabe, en inglés, rumano, francés, chino mandarín, urdu, ruso, portugués, albanés, búlgaro, ucraniano, euskera, catalán, wolof, georgiano y polaco. Además, se ofrecen a conseguir también personal capaz de traducir serbio, bámbara, bengalí, broken english, iraní, farsí, armenio e igbo (Nigeria). Estos intérpretes tienen obligación de presentarse en la sede de la unidad policial correspondiente en un tiempo máximo que oscila entre los 90 minutos y 4 horas, en función del tipo de idioma que tengan que traducir.
La confidencialidad, la fidelidad y el rigor en la traducción son algunas de las exigencias más importantes de este contrato, dado el carácter de la información tan sensible que se maneja. Según el pliego de condiciones técnicas del contrato, el personal que se encarga de estas traducciones está obligado a comprometerse – bajo juramento o promesa- a que guardar una “reserva absoluta sobre el contenido de la información objeto de la escucha o transcripción, bajo cláusula firmada de confidencialidad, siendo advertidos de que en caso de romperse dicha confidencialidad incurrirían en delito perseguible de oficio”.