La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el tercer paquete de medidas para afrontar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio.
El real decreto ley ha sido convalidado por 62 votos a favor (PSOE, PP, Sumar, ERC, PNV, Bildu y Podemos), seis en contra (Vox) y una abstención (Junts).
El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en la defensa del texto que su objetivo es «proteger a los hogares y sectores económicos más afectados por el alza de los precios energéticos» que está generando la guerra en Irán, además de «reforzar la soberanía energética» a medio y largo plazo.
La norma, ha explicado, da continuidad a la respuesta del Gobierno ante el impacto de esta guerra, iniciada el 20 de marzo, porque «seguimos encontrándonos en un contexto geopolítico altamente volátil», que se traduce en «tensión en los mercados internacionales y en los precios de las principales materias primas energéticas».
Mayor tributación de las empresas
La convalidación ha salido adelante gracias al apoyo de todos los grupos salvo Vox y Junts, aunque varios de los socios parlamentarios del Gobierno, a los que se ha añadido Sumar, han abogado por aumentar la tributación de las empresas que se están beneficiando de la escalada inflacionista para contribuir a sufragar las medidas.
Descuentos para carburantes hasta final de año
El tercer paquete de ayudas para mitigar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio prorroga hasta final de año el descuento del impuesto especial de hidrocarburos que se aplica a la gasolina y el gasóleo, situado en 20 céntimos por litro en octubre, para después irse reduciendo.
Sin embargo, el fuerte encarecimiento de los carburantes en septiembre ha activado la cláusula que mantiene el descuento en 20 céntimos por litro también en noviembre, para después reducirse a 13 céntimos en diciembre, salvo que la gasolina o el diésel suban más de un 15 % en octubre.
También prorroga durante todo 2026 las ayudas energéticas a profesionales del transporte terrestre, marítimo y ferroviario, así como las destinadas al gasóleo agrario, con 20 céntimos por litro, y a los armadores de pesca.
El decreto limita a un máximo del 15 % la subida de la tarifa de último recurso (TUR) del gas para el cuarto trimestre y sitúa el precio máximo de la bombona de butano en 19,55 euros hasta el 30 de junio de 2027, al tiempo que mantiene la cláusula para bajar los impuestos de la luz y el gas si se encarecen más de un 15 %.
Además, prohíbe el despido a las empresas beneficiarias de ayudas vinculadas al conflicto, encarga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un estudio sobre la eficacia de las medidas, aumenta las reservas de gas natural licuado del Plan de Acción Invernal y endurece las sanciones del sector de hidrocarburos.