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La investigación por la compra de Inassa con un presunto sobreprecio de más de 19 millones comenzó en 2017
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El expresidente madrileño Ignacio González será juzgado a partir de octubre por una ramificación de la investigación
Los abogados de la veintena de acusados que afrontan desde este lunes el primer juicio del caso conocido como operación Lezo, entre ellos dos exconsejeros del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid que presidió Alberto Ruiz-Gallardón, han pedido que sean eximidos de ser enjuiciados al estimar prescrito el delito de malversación del que les acusa la Fiscalía. Ha sido en la primera sesión de la fase oral del juicio que intentará dilucidar las circunstancias de la compra, con un presunto sobreprecio de al menos 19 millones de euros, del 75 por ciento la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001.
Por este caso fue fue detenido en 2017 el expresidente madrileño Ignacio González, que pasó unos seis meses en prisión preventiva y aún no ha sido juzgado. El también ex secretario general del PP de Madrid no se sienta de momento en el banquillo, al archivar el juez en 2019 esta pieza contra él, y será juzgado a partir del mes de octubre por otra de las ramificaciones de la investigación.
Entre los acusados dos exconsejeros de Ruiz-Gallardón
Entre los acusados por este caso, la Fiscalía Anticorrupción incluye a dos exconsejeros del Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón, Juan Bravo Rivera y Pedro Calvo, expresidente del Canal de Isabel II, que en el momento de los hechos formaban parte del Consejo de Administración de la empresa pública Canal de Isabel II junto con otros nueve acusados en esta causa. El ministerio público pide penas de entre 6 y 7 años de prisión por malversación de caudales públicos agravada.
También se sientan en el banquillo tres excargos del Canal de Isabel II, entre ellos su exgerente y el expresidente de la Cámara de Cuentas de madrileña y exgerente del Canal Arturo Canalda, y otros relacionados con Aguas de Barcelona S.A. (AGBAR).
Según Anticorrupción, la compra del 75% de Inassa por parte del Canal de Isabel II fue aprobada el 29 de noviembre de 2001 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se efectuó por valor de 73 millones de dólares y con un «sobreprecio indebido» de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros «con cargo a los fondos públicos cuya salvaguarda tenían encomendada, todo ello sin motivo alguno que lo justificase y en beneficio exclusivo de los vendedores».
La Fiscalía explica que la operación se realizó a través de una sociedad panameña a la que AGBAR vendió su participación en INASSA. Y detalla que al menos 9.119.537 euros fueron recibidos por cinco de los acusados relacionados con AGBAR y a su vez copropietarios de la citada sociedad panameña. Respecto al resto del precio pagado, la fiscalía añade que «se desconoce cuál fue su destino final».
Las defensas alegan que el delito de malversación ha prescrito
Las defensas han solicitado que los acusados sean eximidos de ser juzgados y se acuerde la extinción de su responsabilidad penal al considerar que el delito de malversación de caudales públicos agravada que aprecia la fiscal ha prescrito ya que transcurrieron más de los 15 años legalmente establecidos entre su supuesta comisión y el momento en el que la causa se dirigió contra ellos.
Los letrados han reclamado que el tribunal resuelva la cuestión de la prescripción sin necesidad de celebrar el juicio y que archive el procedimiento con el objeto de evitar que sus representados tengan que sufrir la «pena de telediario». El abogado de Pedro Calvo ha recordado que «ha pasado un cuarto de siglo desde que sucedieron los hechos».
Por su parte la fiscal ha discrepado de que los hechos hayan prescrito pues considera que hay que contabilizar como fecha de comisión del delito el 20 de febrero de 2002, que fue la fijada para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo de compraventa del 75 por ciento del capital de INASSA. Esto choca con la pretensión de las defensas, que defienden que hay que considerar como fecha de comisión del delito del 14 de noviembre de 2001, cuando el Consejo de Administración del Canal de Isabel II otorgó la autorización de la operación.
Está previsto que el juicio se extienda hasta el 8 de octubre, en sesiones de mañana y tarde, si bien el calendario puede sufrir modificaciones a lo largo de la vista oral.