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El próximo 2027 se celebrarán también elecciones municipales y autonómicas en algunas comunidades
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La crisis migratoria en Ceuta mantiene enfrentados al Gobierno y al PP por la gestión
Tras el parón estival, esta última semana de agosto arranca el nuevo curso político, con el Gobierno y los diputados retomando su actividad. Este curso, el último completo antes de las elecciones generales previstas para el año que viene, comienza con la crisis migratoria en Ceuta en el centro, pero también estará marcado, entre otras cosas, por las citas electorales que se avecinan en 2027 y las diferentes causas judiciales y casos de corrupción que cercan al PSOE y al entorno del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
El Gobierno celebra este martes el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones, casi un mes del último celebrado el 28 de julio. La reunión de este martes estaba ya prevista anteriormente a la crisis migratoria, pero probablemente este asunto será uno de los principales frentes del que tendrá que ocuparse el Ejecutivo.
Y, aunque no será hasta septiembre cuando el Congreso reanude el periodo ordinario de sesiones y cuando el Ejecutivo tenga que volver a enfrentarse a un Parlamento en el que no tiene mayoría, en esta última semana de agosto varios ministros comparecerán a petición propia en sus respectivas comisiones para rendir cuentas sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.
La crisis migratoria en Ceuta
Sánchez vuelve de vacaciones con una crisis migratoria inesperada en Ceuta, que se desató el pasado 30 de julio, cuando por el espigón del Tarajal, en la frontera de Marruecos, entraron masivamente miles de migrantes. Desde entonces, el presidente del Gobierno se ha reunido de manera telemática en dos ocasiones con los ministros cuyos departamentos tienen vinculación con la crisis. Además, según ha podido saber TVE, Moncloa no descarta nombrar un mando único para gestionar la crisis.
El reparto de menores, la relación con Marruecos y la situación sanitaria y humanitaria en la ciudad autónoma están marcando la política de los últimos días y están siendo motivos de choques constantes entre el Ejecutivo y el PP. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha amenazado con acudir al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional para denunciar la gestión del Ejecutivo.
El foco, sobre todo, está precisamente en qué hacer con quienes permanecen en Ceuta, especialmente con los menores. Según las últimas cifras ofrecidas por el Gobierno, alrededor de 5.000 migrantes permanecen todavía en Ceuta, aunque el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas eleva esa cifra bastante más. Como parte de las medidas para solventar la situación, el Gobierno ha instalado dispositivos temporales con capacidad para 1.800 personas, de los que tres estarían gestionados por el Ejecutivo central y otro por la Ciudad Autónoma.
En cuanto a los menores, Juventud e Infancia cifró el pasado viernes en 1.400 los menores que están pernoctando en los recursos de la ciudad autónoma, pero el secretario de Estado de este ramo, Rubén Pérez Correa, admitió que «efectivamente, hay muchos más en la calle, aún sin reseña ni afiliación». Según datos del pasado fin de semana, el Gobierno tiene identificados a unos 2.400 menores.
No obstante, el Ministerio que dirige Sira Rego trabaja ya en el traslado urgente a la Península de unos 500 menores migrantes no acompañados, algo que quiere llevar a cabo «en pocas semanas», «sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas». El plan en el que trabaja incluye además el real decreto-ley para la acogida vinculante por las comunidades o el acogimiento familiar, así como otras fórmulas que «permitan agilizar la acogida».
Por otro lado, hasta ocho ministros comparecerán esta semana a petición propia en el Congreso para dar explicaciones sobre la situación en Ceuta. Las comparecencias arrancarán este mismo martes con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Le seguirán el 27 de agosto la ministra de Sanidad, Mónica García, y el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El 28 de agosto será el turno de los ministros de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Y finalmente, el 31 de agosto, comparecerán la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la de Igualdad, Ana Redondo.
Choque entre el Gobierno y el PP por Ceuta
Entre tanto, el PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para citar en esta Cámara a los ministros implicados en la crisis, pero por el momento, ninguno ha comparecido todavía para dar explicaciones. Además, los ‘populares’ mantienen la presión al Gobierno con este asunto y han decidido reprobar en esta Cámara a cinco ministros por este asunto: Marlaska, Albares, Robles, García y a la titular de Igualdad, Ana Redondo.
Y también han iniciado acciones judiciales y han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo con el objetivo de obligar a los ministros de Interior, Exteriores y Defensa a comparecer en el Senado antes del mes de septiembre. Asimismo, continúan exigiendo el «retorno inmediato» de quienes entraron irregularmente, una medida, que defiende, debe aplicarse tanto a adultos como a menores. Sin embargo, el pasado sábado, el alto tribunal dictó una resolución en la que rechaza la medida cautelarísima pedida por el PP en su recurso para forzar la comparecencia de varios ministros.
En cuanto a la relación con Marruecos, el ministro de Justicia de este país, Abdellatif Ouahbi, ha pedido a España la repatriación a territorio marroquí de los migrantes sobrevivientes y de los cuerpos de los ahogados durante su intento de llegada a la ciudad autónoma el pasado 30 de julio. Por otra parte, en declaraciones a medios marroquíes ha vuelto a reafirmar que Ceuta y Melilla constituyen un «derecho histórico y geográfico» de Marruecos y ha llamado a crear un mecanismo de diálogo con España para abordar su futuro y lograr su «retorno al seno de la patria».
Ante estas declaraciones, el ministro Albares ha respondido a Marruecos por los canales diplomáticos que «Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas, frontera de España y de la Unión Europea» y ha mostrado su rechazo tajante a «cualquier planteamiento distinto».
Otro punto de fricción entre el Gobierno y el PP es el sanitario. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno que estudie el aislamiento de las personas con enfermedades infecciosas en Ceuta para evitar su contagio, algo que el Gobierno ha tachado de «grave irresponsabilidad».
El reto de aprobar unos nuevos Presupuestos
La crisis migratoria no es el único de los retos del Gobierno en este nuevo curso político. Otro de los grandes desafíos es sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2027, después de que las actuales cuentas sean las prorrogadas de 2023, aprobadas en la anterior legislatura, en 2022. Hacienda sigue adelante con el trámite de presentación del proyecto sin tener claro si podrá reunir la mayoría parlamentaria necesaria para aprobarlo.
De hecho, justo antes del parón estival, el Gobierno se llevó el primer varapalo en este asunto cuando el Congreso tumbó en julio hasta en dos ocasiones la senda de estabilidad presupuestaria, el paso previo a la presentación de las nuevas cuentas públicas. PP, Vox y Junts sumaron sus votos en contra de la propuesta, evidenciando de nuevo las dificultades del Ejecutivo para recomponer la mayoría de la investidura.
La duda ahora es cuándo llevará el Gobierno el proyecto de Presupuestos Generales del Estado al Congreso. Según la Constitución, debería hacerlo tres meses antes de que acabe el año, esto es, antes del 1 de octubre, para que dé tiempo a las Cortes a debatirlos y aprobarlos antes del 1 de enero de 2027, fecha en la que debería entrar en vigor el nuevo presupuesto. Además, el texto presupuestario tendrá que ser enviado a Bruselas antes del 15 de octubre.
Una vez presentado el texto en la Cámara Baja, se abrirá un plazo de enmiendas para que las formaciones registren las que crean oportunas. Si un grupo presentara una enmienda a la totalidad y es aprobada en el pleno del Congreso por mayoría simple, los presupuestos serían devueltos al Gobierno, finalizando así su recorrido parlamentario. Si, en cambio, es aprobada en la Cámara Baja, se envía al Senado, donde podría introducirse enmiendas o vetarse, tras lo que volvería al Congreso para votar los cambios introducidos o levantar el veto.
Tres citas con las urnas en 2027
Lo que pase con los Presupuestos Generales del Estado puede ser determinante en la convocatoria de las elecciones generales que han de celebrarse en 2027, aunque todavía no hay fecha para esta cita, que no será la única con las urnas que habrá el próximo año. En concreto, en 2027 se celebrarán tres comicios, por lo que el clima de este nuevo curso político será totalmente preelectoral.
Salvo imprevistos, la primera cita será el 23 de mayo de 2027, cuando hay elecciones municipales en todos los ayuntamientos españoles. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que las elecciones locales se celebran el cuarto domingo de mayo cada cuatro años.
Ese mismo día, también habrá elecciones autonómicas en las comunidades de régimen común que celebraron sus últimos comicios el 28 de mayo de 2023. Tendrán que votar Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja, así como se elegirán las Asambleas de Ceuta y Melilla.
En cuanto a las generales, las últimas fueron el 23 de julio de 2023 y la XV Legislatura arrancó formalmente el 17 de agosto de 2023, por lo que como muy tarde se han de celebrar el próximo verano. Sánchez ha repetido constantemente su intención de agotar la legislatura, a pesar de las demandas continuas de la oposición, e incluso de algunos de sus socios parlamentarios, de que adelante los comicios, debido a los procedimientos judiciales que afectan al PSOE.
Según la LOREG y la Constitución española, el mandato de las actuales Cortes Generales expira cuatro años después de celebrarse las anteriores elecciones, esto es, el 23 de julio de 2027. Si Sánchez agota la legislatura y no disuelve anticipadamente las Cámaras, el decreto de convocatoria deberá expedirse el 28 de junio y publicarse al día siguiente en el BOE. La LOREG establece que las elecciones se celebran 54 días después de la convocatoria, por lo que, si se apuran los plazos, las generales serían el 22 de agosto de 2027, a lo más tardar.
Sánchez, que es quien tiene la competencia de convocar las elecciones, ha repetido en numerosas ocasiones que la cita será en 2027 sin dar una fecha. Lo único que ha descartado expresamente es un «superdomingo», es decir, hacer coincidir generales con municipales y autonómicas, aunque no ha cerrado la puerta a un posible adelanto, pero siempre en 2027, en caso de no lograr sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. «Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas», indicó en junio. «Si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos cuando se produzcan estas hipótesis», añadió
Sánchez y Feijóo volverán a verse las caras
El presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no volverán a enfrentarse hasta ya empezado septiembre, cuando se celebre el primer ‘cara a cara’ entre los dos al reanudarse las sesiones de control al Ejecutivo en el Congreso. Por el momento, la Cámara Baja no ha actualizado su calendario, por lo que no hay fecha para ese primer enfrentamiento, pero se espera, como otros años, que se produzca en la primera quincena de septiembre.
La última vez que Sánchez y Feijóo mantuvieron un ‘cara a cara’ en el Congreso fue el 24 de junio de 2026, cuando el presidente del Gobierno compareció primero para informar sobre las últimas investigaciones judiciales conocidas, como el caso Leire y el caso Plus Ultra, y después respondió a las preguntas de la sesión de control. Este enfrentamiento, que fue bronco, se produjo solo dos días después de conocerse la condena al que fuera su ‘número dos’ en el PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por el caso mascarillas, la primera trama del caso Koldo juzgada.
Entonces, Feijóo se despidió de Sánchez diciéndole que su pregunta debería «ser la última de la legislatura, no la última del periodo de sesiones», reclamando así una vez más poner fin a la legislatura, pero el presidente respondió dejando clara su intención de continuar: «Nos queda un año de legislatura».
El Gobierno volverá a tener que enfrentarse a un Congreso en el que se encuentra cada vez más solo después de sufrir varias derrotas parlamentarias, como en el último pleno de la Cámara Baja antes del parón veraniego, cuando el Gobierno volvió a perder la votación de la senda de estabilidad.
Las causas judiciales seguirán marcando el curso político
Las causas judiciales por diferentes casos de corrupción también estarán muy presentes en este nuevo curso político, ya que hay varias investigaciones en marcha, como las del caso Leire o el caso Plus Ultra.
El pasado lunes 17 de agosto, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz asumió toda la investigación a la exmilitante del PSOE Leire Díez por las presuntas maniobras para obstaculizar investigaciones judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno o al entorno de Sánchez, tras la renuncia del magistrado de Madrid que inició las pesquisas.
Pero la causa que instruye Pedraz afecta también al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, entre otros, en relación a una presunta trama para invalidar causas judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y a su entorno familiar.
La UCO sostiene que parte de los pagos recibidos por Díez tenían origen en el PSOE y fueron canalizados a través de sociedades interpuestas. El juez Pedraz ha citado a declarar el próximo 9 de septiembre a Fuentes y al exabogado de Koldo Ismael Oliver.
Otra de las causas que estará presente en este curso político es la que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias relacionado con el rescate público de 53 millones de euros a Plus Ultra.
En julio, el empresario Julio Martínez reconoció ante el juez que Zapatero había mediado en el rescate y sostuvo que se pactó una comisión del 1%, mientras el expresidente ha negado haber ejercido influencia alguna. Por su parte, Moncloa mantiene su apoyo a Zapatero y pide respeto por la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno.
A todo ello, el nuevo curso político arranca con la reciente condena de Ábalos, uno de los hombres fuertes de Sánchez en el pasado. El Tribunal Supremo lo condenó a 24 años de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en la pieza del caso Koldo relativa a los contratos de mascarillas durante la pandemia, mientras que su exasesor Koldo García fue condenado a 19 años.
La sentencia, sin embargo, no cierra todas las investigaciones vinculadas a la trama, algunas cuyas derivadas continúan abiertas y siguen investigándose en la Audiencia Nacional.
Begoña Gómez, pendiente de juicio
Además de las diferentes causas judiciales que afectan al PSOE, a antiguos dirigentes socialistas y al entorno del jefe del Ejecutivo, en este inicio de curso político también el caso de Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, estará muy presente, pues la esposa del presidente está pendiente de fecha de celebración de juicio.
El juez Juan Carlos Peinado acordó en junio la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, y el 16 de julio, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que debe continuar el procedimiento con jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, aunque anuló las medidas cautelares que impedían a Gómez salir de España y ordenó devolverle el pasaporte.
Por otra parte, la acusación popular rebajó su petición de cárcel de 24 a 13 años para Begoña Gómez y solicitó que Pedro Sánchez declare como testigo. La Fiscalía, por su parte, mantiene la petición de absolución.
Pero el caso de Begoña Gómez no es el único que afecta al entorno familiar del presidente del Gobierno. El pasado 14 de julio, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación en la Diputación de Badajoz. La sentencia, que le absolvió del delito de tráfico de influencias, no es firme y ha sido recurrida.