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Giorgia Meloni y Mette Frederiksen han unificado posturas en un comunicado conjunto
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Ambas han denunciado «los impactos negativos de la inmigración ilegal en nuestras sociedades»
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, han publicado este lunes un comunicado conjunto en el que rechazan «la inmigración descontrolada» y piden centros de repatriación en terceros países.
«Entendemos que muchos puedan cuestionar nuestra colaboración. Provenimos de posiciones políticas muy diferentes y, desde luego, no coincidimos en todo. Somos las únicas dos mujeres jefas de gobierno en la UE. Una de nosotras dirige un gran país del sur; la otra, un pequeño país del norte. Pero nos une nuestro deseo de defender Europa», comienza la nota difundida en las redes sociales de Meloni.
En el texto, ambas afirman: «No aceptamos la inmigración descontrolada a Europa y hemos promovido una política de inmigración rigurosa, tanto en nuestros países como en Europa».
Italia introdujo controles en aeropuertos y puertos para los viajeros procedentes de España después de lo acontecido en Ceuta y posteriormente el Gobierno español, ante la negativa italiana de levantarlos, impuso la misma medida para los que lleguen de Italia.
«Nadie puede negar los impactos negativos de la inmigración ilegal en nuestras sociedades: aumentan las tasas de criminalidad y la presión sobre los servicios públicos, y se desgasta la confianza de los ciudadanos«, han expresado. «Es particularmente grave cuando los migrantes ilegales, privados del derecho a quedarse en nuestros países, cometen crímenes violentos, trafican con drogas o son responsables de violencia sexual», han dicho las jefas de Gobierno, quienes aseguran que la ciudadanía espera de ellas «acciones concretas».
En ese sentido Meloni y Frederiksen reclaman la creación de «centros de repatriación en terceros países, así como otras soluciones innovadoras fuera de Europa», un proyecto que Italia ya ha realizado en Albania y ahora piensa hacer en algunos países africanos.
Igualmente, las mandatarias aseveran en el documento que «el respeto a nuestras leyes debe ir de la mano del respeto a los valores europeos. Esto se aplica tanto a los inmigrantes irregulares como a los millones de ciudadanos extranjeros que residen legalmente en nuestros países y en toda Europa».
«Estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo. Esperamos que quienes vengan a nuestros países y elijan Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos», señalan. Para Meloni y Frederiksen, «esta es la manera correcta de proteger a Europa y nuestros valores comunes».
Los centros de retorno, un nuevo foco de división en la UE
La iniciativa de las dirigentes se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria europea. El Parlamento Europeo aprobó el pasado 17 de junio el acuerdo alcanzado con los Estados miembros para crear un sistema común de retorno, que abre la puerta al traslado a centros situados en terceros países de personas que ya tengan una orden de salida de la Unión. La norma todavía debe ser adoptada formalmente por el Consejo y publicada en el Diario Oficial para entrar en vigor.
Los llamados centros de retorno podrían funcionar como destino de esas personas o como lugar de tránsito antes de su repatriación al país de origen. Su creación dependerá de acuerdos entre los Estados miembros y países que respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución, que impide enviar a alguien a un lugar donde corra peligro de sufrir persecución o malos tratos. Los menores no acompañados quedarían excluidos, pero no las familias con hijos.
Italia pretende convertir su experiencia en Albania en un precedente para el resto de Europa. El proyecto inicial, diseñado para tramitar de manera acelerada las solicitudes de asilo de hombres rescatados en el Mediterráneo, quedó prácticamente paralizado por diversas resoluciones judiciales. Roma reconvirtió entonces el centro de Gjadër en un espacio de internamiento para personas trasladadas desde Italia mientras esperan su expulsión.
Pese a ello, las instalaciones continúan funcionando muy por debajo de la capacidad prevista: a mediados de junio habían pasado por ellas unas 620 personas desde su reconversión y apenas albergaban a unas 70, según el Comité Internacional de Rescate.
La externalización de los retornos divide, sin embargo, a los Veintisiete. Mientras Italia y Dinamarca defienden estos centros como una forma de acelerar las expulsiones, España y Francia cuestionan su eficacia, su coste y su compatibilidad con los valores europeos. Las organizaciones humanitarias advierten, además, de las dificultades para garantizar la tutela judicial y el respeto de los derechos fundamentales en instalaciones situadas fuera de la UE.