El altercado de este martes en las inmediaciones de la asociación Rumiñahui, en el barrio murciano de San Pío X, cuando algunos quisieron colarse en la fila para conseguir el certificado de vulnerabilidad y se acabó produciendo una pelea, ha generado una nueva polémica entre el Ayuntamiento de Murcia y la Delegación del Gobierno, pero también ha puesto de manifiesto la necesidad de una mejor organización para atender debidamente a los cientos de personas que quieren regularizar su situación en nuestro país.

Alrededor de 500 personas se agolpan desde hace días en el entorno de la Asociación Rumiñahui, una de las acreditadas por el Gobierno Nacional para expedir los certificados de vulnerabilidad. Un requisito que no todos necesitan, pero si la mayoría. Cada día atienden a unas 200 personas, asegura que están completamente desbordados, pero que el trámite requiere una cierta rigurosidad tal y como explica, Mauricio, uno de sus trabajadores

Trabajan a marchas forzadas, pero en la asociación son pocos trabajadores y no da tiempo a atender a todos, lo que provoca que pasen muchas horas en las colas e incluso lleguen a pernoctar entre cartones o con colchones improvisados.

Esto no solo está generando problemas de insalubridad, sino también de orden público, como ocurrió ayer, cuando algunos quisieron saltarse la cola y todo acabó en una trifulca. Algunos vecinos piden a las administraciones que tomen cartas en el asunto, otros prefieren quitarle hierro. Desde el Ayuntamiento de Murcia culpan de esta situación al Gobierno central. La vicealcaldesa, Rebeca Pérez, entiende que el ejecutivo se ha desentendido del proceso dejando toda la responsabilidad a ayuntamientos y asociaciones

En el PSOE municipal consideran que lo de este martes fue un hecho puntual y critican que los únicos municipios en los que se están produciendo problemas son los gobernados por el PP.

Una tesis que ya ayer adelantaba el delegado del Gobierno que hablaba de boicot por parte de los consistorios gobernados por los populares. Para Lucas, la razón por la que las asociaciones acreditadas están desbordadas es porque en estos ayuntamientos no están haciendo su trabajo.

También desde el colegio de Graduados Sociales consideran que se está haciendo una utilización política. Su decano, Alfonso Hernández señala que es un trámite muy rápido y sencillo y que no deberían dar lugar a aglomeraciones.

No es es un problema de orden público

Los conflictos que se plantean en largas esperas de migrantes que tramitan su la regularización, no pueden confundirse con problemas de orden público que, además, alimentan un discurso político racista. Es la opinión de la politóloga Marta Latorre, que resta importancia a lo sucesos registrados a las puertas de la asociación Rumiñahui en el barrio murciano de San Pío X.

Esta profesora universitaria considera que situaciones como las referidas no son extrañas cuando se produce una importante concentración de personas. No es un hecho deseable, pero no va más allá de incivismo.

Marta Latorre recuerda la situación de vulnerabilidad por la que atraviesa este colectivo, el plazo corto del que disponen para la tramitación de documentación y las escasas facilidades que están dando algunas administraciones.

Cree que hay que dejar claro que son algunos actores políticos los que están instrumentalización el proceso de regularización para reforzar un discurso antiinmigración.