El Congreso de los Diputados tumba el real decreto con la mayoría de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV
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El pleno del Congreso ha derogado este martes, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts y la abstención del PNV, el decreto ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2 % las actualizaciones anuales de renta.
El decreto ley ha decaído por 166 votos a favor (PP, Vox, Junts y UPN), 177 en contra (los grupos de la izquierda más CC) y cinco abstenciones (PNV), después de que la presidenta de la cámara baja, Francina Armengol, desalojara del hemiciclo a un grupo de inquilinas afectadas que proferían gritos de protesta.
Más de 26.000 contratos en la Región
Entre 2026 y 2027 en la Región de Murcia hay un gran número de contratos por prorrogar. En concreto, los datos técnicos elaborados a partir del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria hablan de 26.352 contratos que entraban en situación de prórroga legal entre los dos años.
Estos contratos afectan a un total de 77.212 inquilinos, que han perdido el derecho a solicitar la prórroga extraordinaria antes al decaer el decreto estatal de vivienda. De ellos, el contrato de alquiler de 42.881 personas acaba en 2026, por las 34.331 lo hace en 2027.
Las veces que haga falta
Tras la votación, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado en los pasillos de la cámara baja que el Gobierno va a llevar este decreto al Congreso «las veces que hagan falta».
«Vamos a insistir hasta que sea realidad», ha prometido el ministro, que se ha mostrado convencido de que la derecha no ha dado «un solo argumento real para votar en contra» y que lo ha hecho por «tacticismo» y «cerrazón ideológica», lo que, en su opinión «va a pagar muy caro».
El debate celebrado este martes en el pleno del Congreso sobre el decreto ley que prorroga los contratos de alquiler ha vuelto a evidenciar la fractura ideológica que existe en política de vivienda y la tensión entre el modelo intervencionista de la izquierda y el liberal o de mercado de la derecha.
El decreto ley que el Congreso ha derogado, y que había impulsado Sumar dentro del Gobierno, permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2 % las actualizaciones anuales de renta.
La medida afecta a algo más de un millón de contratos y a unos 2,7 millones de inquilinos, la mitad de ellos concentrados en Madrid, Cataluña y Andalucía, según datos del Ejecutivo.
Prácticamente todos los grupos parlamentarios, a excepción de Sumar, coinciden en que la derogación abre un escenario de «inseguridad jurídica» para arrendadores y arrendatarios.
Algunos juristas coinciden en que la medida puede abrir una oleada de litigios sobre si las prórrogas solicitadas durante la vigencia del decreto siguen siendo válidas o se consideran nulas, ya que no hay doctrina al respecto.