El Gobierno regional rechaza el aumento “impuesto” de plazas de acogida mientras el Ministerio acusa al PP de bloquear el modelo y mantiene la medida un año más
El enfrentamiento entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas, entre ellas la Región de Murcia, se ha intensificado tras el fallido intento de celebrar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que no pudo llevarse a cabo por falta de quorum. La ausencia de la mayoría de territorios gobernados por el PP, incluido el plantón de la consejera murciana de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, impidió abordar el nuevo decreto sobre la acogida de menores migrantes no acompañados.
Desde el Ejecutivo regional, Ruiz justificó su ausencia como una forma de rechazo a lo que considera una imposición del Gobierno central. Según explicó, el nuevo real decreto pretende aumentar en un 7% la capacidad de acogida en la Región de Murcia, después de haberse duplicado el año anterior, sin consenso ni financiación suficiente. Además, criticó que la convocatoria de la reunión mantenía en el orden del día un punto que, según la Comunidad, ya había sido retirado previamente, lo que a su juicio la hace contraria a derecho.
La consejera denunció que el sistema de acogida está “al límite” y que las decisiones del Ejecutivo central no tienen en cuenta ni los recursos humanos ni materiales necesarios, ni el interés superior de los menores.
Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió que el modelo de acogida corresponsable seguirá vigente al menos un año más. Tras la suspensión de la reunión, calificó de “lamentable” la actitud del PP, al que acusó de bloquear el proceso de forma deliberada y de mantener posiciones contrarias a los derechos de la infancia.
Rego subrayó que el objetivo del decreto es actualizar la capacidad del sistema de acogida y dar continuidad a un modelo que busca repartir de forma equilibrada la atención a menores migrantes entre todas las comunidades autónomas.