El presidente de la Plataforma de Afectados por la Rambla de Tabala apela a la responsabilidad política y social: «No podemos esperar más»
Zona de actuacion del proyecto de la presa de Tabala. / CHS
Tras décadas de reivindicaciones vecinales, informes técnicos y promesas políticas, el proyecto de la presa de Tabala, la primera gran obra contra inundaciones desde la dana de 2019, ha dado un paso clave con la apertura del periodo de información pública por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). El trámite, publicado en el Boletín Oficial del Estado, marca el inicio de la fase final antes de que una de las infraestructuras más demandadas contra el riesgo de inundaciones en el sureste peninsular pueda salir a licitación, previsiblemente en 2027.
La apertura de este periodo ha sido recibida con cautela y esperanza por los colectivos que llevan años reclamando la actuación. Juan de Dios Hernández, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Rambla de Tabala, resume el sentir de los vecinos: «Lo acogemos con esperanza y con ilusión, aunque lamentamos el retraso: vamos camino de siete años de espera«. Hernández asume que se trata de infraestructuras con trámites largos, pero confía en que «todo siga por el buen camino y no surjan problemas en las alegaciones, porque lo que está en juego es la seguridad de las personas».
La actuación está concebida como una pieza estratégica dentro de la planificación hidrológica de la cuenca del Segura y del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. Su objetivo: reducir de forma drástica el impacto de las avenidas torrenciales que se originan en la rambla de Tabala y que, en episodios de lluvias intensas, ponen en jaque a núcleos de población de la Vega Media murciana y la Vega Baja alicantina. Beniel, Zeneta y numerosas pedanías y zonas agrícolas aguas abajo figuran entre las principales beneficiadas.
Mapa con la ubicación de las principales actuaciones del proyecto de la presa de Tabala. / CHS
Según la memoria del proyecto, la presa no está pensada para almacenar agua de manera permanente ni para usos agrícolas o de abastecimiento, sino para actuar como un gran regulador de emergencias. En la práctica, permitirá retener durante horas o días los caudales extremos y liberar el agua de forma controlada, de modo que unas avenidas que hoy pueden alcanzar los 400 metros cúbicos por segundo se reduzcan a apenas 25. Para Hernández, esa reducción «es abismal» y supone «la única solución definitiva para un problema que se arrastra desde hace décadas» y que afecta a miles de personas aguas abajo.
La solución técnica elegida es una presa de materiales sueltos, de 17 metros de altura, que se levantará en la conocida Boquera de Tabala. A partir de ese punto de contención, el proyecto prevé un encauzamiento hasta el punto de vertido al cauce, aguas arriba del viaducto de la RM-1. Cabe destacar aquí que el diseño descarta el vertido directo de los caudales laminados al río Segura, una alternativa histórica que ahora se considera inviable desde el punto de vista técnico y de seguridad. «Lo importante es la contención aguas arriba para que el arrastre no llegue con esa fuerza que tanto daño hace», señala Juan de Dios Hernández, que se muestra prudente a la espera de comprobar el funcionamiento final de la solución.
Uno de los elementos más llamativos de la actuación es lo que ocurre más allá de la obra hidráulica en sí: la transformación del tramo final en un parque fluvial inundable y la renaturalización del cauce.
No obstante, el proyecto también tiene un reverso delicado: las expropiaciones. La documentación reconoce que, aunque el balance socioeconómico global se considera positivo, la pérdida de terrenos supone un impacto negativo para los propietarios afectados. El coste total de estas afecciones ronda los 3,7 millones de euros, dentro de un presupuesto global que alcanza los 73 millones.
Parque fluvial inundable, desde aguas abajo de la RM F16 / CHS
Sobre este punto, Hernández matiza que «gran parte de esos terrenos ya estaban expropiados y pagados hace décadas» y explica que el resto se integrará en el parque fluvial, lo que permitirá a los propietarios mantener la actividad agrícola, con las limitaciones puntuales que se produzcan cuando haya que laminar avenidas.
«No queremos que pase aquí lo de Valencia»
En el plano ambiental, el estudio de impacto concluye que la actuación es compatible con los valores del entorno si se aplican medidas correctoras. Desde la plataforma aseguran que los informes oficiales no aprecian daños irreversibles sobre especies protegidas y recuerdan que las grandes avenidas «no son episodios anuales, sino fenómenos que pueden repetirse cada diez o quince años, pero con un riesgo creciente».
La apertura del periodo de información pública, durante el cual los afectados podrán consultar el expediente y presentar alegaciones, supone un momento clave en un proceso largamente esperado. La presa de Tabala figura como prioridad en los planes de defensa contra avenidas desde finales de los años ochenta y ha sido reivindicada con especial intensidad tras episodios como la dana de 2016 y la de 2019.
Si se cumplen los plazos previstos, el siguiente gran hito será la licitación de las obras en 2027, con un plazo de ejecución estimado de 48 meses. Desde la Plataforma de Afectados lanzan un mensaje a las administraciones: «Pedimos un acto de responsabilidad para que esto no vuelva a quedarse en un cajón. No queremos que ocurra aquí lo que ocurrió en Valencia.